La Universidad Católica de Salta (UCASAL) está promoviendo la diplomatura "Acompañamiento a la Mujer con embarazo vulnerable. Formación para la mujer en situación de aborto". De acuerdo a la información que se difundió en la web de la institución, la diplomatura busca responder a las preguntas: "¿Cuáles son las razones por las que una mujer aborta? ¿Es el aborto una solución eficaz?". 

El eje de la diplomatura se sostiene en que "cuando se identifican los motivos de vulnerabilidad, los abortos pueden prevenirse". Con este norte en la formación se verán temas como: el milagro de la vida, la responsanilidad frente a la vida humana, el binomio madre-hijo, el embarazo inesperado, el derecho a la vida, la contención a la mujer, los cuidados perinatales y la aplicación de políticas públicas. 

En la fundamentación del espacio se reconoce que la práctica del aborto siempre existió y que en la actualidad una gran mayoría de países lo legalizaron o regularon de alguna manera. Sin embargo, se afirma que aún se trata de "un tema controvertido y doloroso". "Muchas de las problemáticas que (el aborto legal) debía solucionar aún permanecen y otras nuevas se acrentaron", se expresa, sin detallar cuáles son esas problemáticas. 

Además, en la fundamentación se reniega de que con la legalización del aborto (en Argentina se legalizó en diciembre 2020) sea presentado como un derecho asociado a la salud reproductiva de la mujer, y que puede ser ejercido a través de un "procedimiento médico sencillo que brinda una solución rápida, eficaz y sin consecuencias, frente a un embarazo inesperado o problemático". "Incluso, en muchos casos, se plantea como la única alternativa", se cuestiona. 

En ese sentido, se afirma que la decisión de abortar está "fuertemente condicionada" y no implica un ejercicio pleno de la libertad de las personas gestantes, puesto que cuando se identifica el "verdadero motivo de vulnerabilidad", sea económico, social, familiar, psicológico, o médico, se puede brindar "ayuda efectiva y acompañamiento integral", logrando que se cambie la decisión de abortar. 

En sí, la Diplomatura se presenta como una "propuesta innovadora de formación" para todas aquellas personas que acompañan o desean acompañar a mujeres, parejas y familias en "situación de aborto". Se indica que está diseñada para que quien la realice pueda desarrollar una "visión integral de la persona y comprender la realidad del aborto y del postaborto en toda su magnitud y complejidad". También, se agrega que "cuidar verdaderamente a la mujer implica escuchar atentamente sus necesidades y anhelos, y acompañarla en las situaciones que no puede ni debe vivir sola". 

La propuesta de la UCASAL se iniciará el 11 de abril, tiene un valor de 7 mil pesos y está dirigida a profesionales y estudiantes de ciencias afines a la medicina, psicología, orientación familiar, coaching, mediación y educación. También, a agentes de pastoral y de familia (laicos, apostolado de la escucha y el acompañamiento matrimonial, sacerdotes, seminaristas, diáconos, religiosos y religiosas), junto a abogados y estudiantes de derecho especializados en derecho de familia. Pueden participar representantes y voluntarios de ONG que trabajan con mujeres en situación de vulnerabilidad y público en general interesado en el tema.

Gran preocupación 

Desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir en Salta manifestaron su preocupación por la arremetida contra el derecho al aborto, puesto que se coloca a las mujeres o personas con capacidad de gestar como un mero objeto para maternar. "Es muy despersonalizado y es hacer de la persona un objeto porque se la presenta como una incubadora y como si siempre estuviera el deseo de llegar a un embarazo, parir y maternar", dijo a Salta/12 la médica Macarena Villena, integrante de la Red. 

En ese sentido, la profesional de la salud explicó que cuando unx usuarix solicita una interrupción legal o voluntaria del embarazo (ILE/IVE), se le brinda una consejería donde se le presentan todas las opciones que tiene la persona para que finalmente sean ellxs quienes deciden continuar o interrumpir el embarazo. 

En síntesis, no es más que dar cumplimiento al inciso "e" del artículo 5, de la ley nacional 27610, que expresa que el personal de salud debe mantener una escucha activa y respetuosa de las pacientes para que puedan expresar libremente sus necesidades y preferencias. Y que "la paciente tiene derecho a recibir la información sobre su salud", que no incluye información inadecuada en relación con la solicitada.

Además de que se debe suministrar información sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la práctica. "Dicha información debe ser actualizada, comprensible, veraz y brindada en lenguaje y con formatos accesibles". 

Villena reiteró que desde las consejerías que se crean, "siempre escuchan a las personas, cuáles son sus necesidades y se las acompaña en la decisión que toman". "Desde la Red de Profesionales nos paramos desde la concepción de la salud como un derecho y la que decide es la persona con capacidad de gestar", amplió. Incluso relató que en las diversas consultas que han acompañado como profesionales, se dan las situaciones en las que se opta por una interrupción del embarazo o no, lo que implica que se continúa con el procedimiento o se sigue con el control de la gestación. "Es decisión de ellas", insistió. 

Para Villena, la mirada que se intenta instalar con el desarrollo de la Diplomatura es que el aborto es un "factor de riesgo hacia la salud reproductiva de las mujeres", dejando de lado el derecho a la decisión de la persona al solicitar la práctica. 

Además, resaltó que con la legalización de las interrupciones no se obliga a las personas a abortar, sino que ayuda a evitar muertes y complicaciones ocasionadas por abortos clandestinos. Con su legalización, las personas "pueden estar resguardadas, tener un control posterior e incluso acceder a métodos anticonceptivos". La médica destacó que desde la aprobación de la ley se pudo evidenciar que muchas mujeres solicitaban la práctica y se encontraban por primera vez con una consulta sobre salud sexual reproductiva. "Eso se ha visto mucho", sostuvo.  

Un equipo docente antiderecho

El equipo docente que integrará la diplomatura está compuesto por 18 profesionales que trabajan desde la filosofía, la sociología, la psicología, la medicina y la "Teología del Cuerpo", que es conocida como la visión personalista de San Juan Pablo II sobre lo que significa ser varón y mujer, el sentido de la vida, la sexualidad y el llamado a la comunión de amor.

En el de profesionales docentes se destaca la presencia de varios salteños y salteñas, siendo la más alarmante la del médico especialista en medicina familiar Carlos Cristian Franco, quien actualmente forma parte del Hospital Público Materno Infantil y es miembro del grupo antiderecho Profesionales por la Vida de Salta. 

En diciembre de 2018 Franco organizó un abrazo solidario al Hospital Materno Infantil en contra del aborto. En ese momento, el profesional sostuvo que se trataba de “un abrazo solidario de parte de un equipo que trabaja a favor de las dos vidas. Hay muchos profesionales de muchas especialidades que trabajamos tratando de ayudar a las madres que están en situación de vulnerabilidad, para que no pasen por un aborto”. 

También mostró su apoyo y organizó la visita a Salta del médico ginecólogo rionegrino Leandro Rodríguez Lastra, quien fue condenado porque impidió la práctica de un aborto legal a una joven de 19 años que fue violada por un familiar y quedó embarazada en 2017 en la localidad de Cipolletti.

Entre las profesionales también están la psicóloga Rosario Recondo y la magister María Marta Luque, que integran el Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II, espacio que surgió en febrero de 2005, "a pedido expreso del Arzobispo de Salta, Monseñor Mario Antonio Cargnello", según señala la web de la Institución. El objetivo principal de la institución es la “formación de formadores” desde una "mirada antropológica personalista en los temas que hacen a la razón de ser de nuestro instituto: la persona, la familia, la vida, la bioética". 

Al equipo docente de la Diplomatura se suma Claudia Ruiz Hernández, que se desempeña como tutora operativa, es psicóloga clínica y educacional, docente e investigadora; y también integrante del Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II. Entre sus publicaciones se destacan: "Desafío de los padres ante las nuevas realidades familiares", “En busca de una paternidad negada”, y "Catequesis VI: Los abuelos y personas mayores". 

Dentro del equipo docente también están la diputada nacional de Juntos por el Cambio Catalina Buitrago y la abogada tucumana María Teresa Mockevich, conferencista y expositora en defensa del derecho a la vida y forma parte de la Comisión Federal de Abogados Pro Vida. También, se cuenta el psicoterapeuta estadounidense Vincent Rue, quien declaró que "el aborto trae más problemas que los que la mujer tenía antes del embarazo no deseado".