“¿No es verdad, que siempre habéis sido mirados como esclavos, y tratados con el mayor ultraje, sin más derecho que la fuerza, ni más crimen que habitar en vuestra propia patria?”
Proclama de Juan José Castelli a los indios del Perú
Cuando Gabriel Boric, presidente de Chile, sostiene en su discurso en la Celac en Buenos Aires el libro de Jorge Abelardo Ramos, Historia de la Nación Latinoamericana (que inicialmente iba a llamarse Latinoamerica, un país, libro que lleva en su tapa una ilustración de la independencia de Haiti, que fue una revuelta de esclavos negros contra la colonización de Francia, y hoy Haití es el país más pobre de la región y demandaría nuestra ayuda, los chicos comen galletas de tierra para vivir pero la OEA no dice nada) está mostrando el sentido de la integración que mueve a muchos líderes latinoamericanos: no hay problemas ajenos o aislados, como cuando Pedro Castillo apoya la salida al Mar de Bolivia: están pensando en conjunto, con conciencia y solidaridad latinoamericana. No sólo a nivel “país“, sino a nivel región, con una historia común, compartida (no de otra forma pensaron Bolivar o San Martín (ilustración), que vivó, exiliado en Francia, hasta el último de sus días, gracias al apoyo de Perú). De allí el apoyo que Castillo recibe ahora de los presidentes de América Latina (de México, Colombia, Chile, Bolivia, Argentina, Correa, exiliado en Bélgica). Castillo fue la víctima de un golpe de Estado, que se inicia incluso antes de que pudiera asumir el gobierno: las rondas campesinas estuvieron 45 días en las calles de Lima pidiendo que Keiko Fujimori “reconociera“ sus votos y su voz. Castillo fue presidente porque Arenas no se dejo corromper y no aceptó un millón de dólares de soborno que le habian ofrecido para impugnar las actas que votaban por Castillo. Gracias a la integridad del magistrado Arenas, que no se dejó corromper, Castillo fue presidente de Perú.
Una carta desgarradora
El mismo día que la hija de Pedro Castillo, Yenifer Paredes, publica una carta desgarradora (dirigida a los abogados argentinos) en los medios argentinos (Página/12 primero, La República en Perú después), el INPE (Ministerio del Interior) resuelve, a través de un “comunicado”, limitar el acceso de abogados “extranjeros” a los penales de Perú: una medida más para dificultar y entorpecer (dilatar) el contacto de Castillo con sus abogados extranjeros (Zaffaroni-Croxatto). Estas medidas son abiertamente inconstitucionales, porque recortan un derecho esencial: el derecho de defensa en juicio. Una garantía básica. Pero además son medidas direccionadas políticamente. Con nombre y apellido. Lo cual está vedado constitucionalmente. El Estado peruano incumple garantías básicas del proceso penal. No respeta las garantías procesales. No respetan ni la dignidad de una niña pequeña, a la cual le apuntaron con una ametralladora, para extorsionar a su papá. Sólo así lograron que Castillo se entregara. Porque él nunca quiso fugarse a ningún lado ni renunciar a nada. Solo pudieron teatralizar su detención amenazando de muerte a sus hijas. Eso hizo el Estado peruano. Extorsionar a un presidente con la muerte de su hija de 11 años, para que bajara del auto. El daño psicológico a Alondra es inmenso.
Mientras tanto, como si vivieramos en una época pasada, Avanza país está pidiendo amnistias para los polícias y militares que están cometiendo graves violaciones a DD.HH. en Perú. Al mismo tiempo, México (su presidente, Lopez Obrador) se niega a ceder a Perú, la legitimidad de cuyo gobierno no reconoce (al igual que Bolivia y Colombia), la presidencia pro tempore del Grupo Pacífico. Esto revela de por sí una crisis regional y política (ya hay más de sesenta muertos, el presidente de Colombia, Petro, calificó de “nazis“ las prácticas represivas del gobierno de Boluarte, quien llegó a sostener que “Puno –donde hubo decenas de asesinatos, como en Juliaca - no es Perú“) de gran escala, sobre la cual la OEA no se ha pronunciado aun. El disparador de esta crisis política y social es la destitución irregular del presidente Castillo.
Un grupo de legisladores (Acción Popular, y Renovación Popular) denuncia (25 de Febrero 2023) una “escalada continental contra el Peru”. No es que haya una “campaña internacional“ (Petro, Lopez Obrador, Evo Morales, Argentina, Chile), contra el gobierno del Perú, como sostienen los congresistas. Es que los crímenes graves no pueden contar con el “apoyo“, el aval internacional ni con el silencio cómplice de los países de la región.
Masacre
Las necropsias del 23 de febrero confirmaron que más de 17 civiles murieron a balazos, hechos en forma directa, a corta distancia, rompiendo cualquier protocolo policial. Son graves crímenes de Estado denunciados por la propia prensa peruana (La República). No es que hay una “campaña internacional“ contra el Perú, como sostuvo también la dictadura argentina, cuando se denunciaban sus crímenes atroces: que existia una “campaña de difamación“ ante el mundo. Pero las muertes, torturas, desapariciones, existieron. Y no pueden quedar en el olvido. Y las mismas comienzan, en el caso peruano, luego del golpe y explican cuál fue su sentido. Y quiénes (y para qué) lo perpetraron. La invisibilización de las muertes en Puno, Ayacucho, Cusco (el 90% de los asesinados lo fueron en las regiones de votantes de Castillo) es parte de una estrategia comunicacional que confunde a la opinión pública sobre la orientación ideológica del golpismo en Perú, atribuyendo el “golpe“ a quienes lo sufrieron y lo sufren. Es menester desmontar (y entender) esta retórica. (No muy distinta de la retórica que históricamente han empleado nuestros Estados para perseguir y asesinar a los indios, para robarles sus tierras y privarlos de sus culturas –mientras se los acusaba a ellos, por “ser“ lo que eran, de violentos, terroristas, salvajes, como a Pedro Castillo, mismo trato, mismo lenguaje- desde épocas de la conquista del “desierto“ y la “pacificación“ de la Araucania). No ha cambiado tanto nuestra retórica colonial. A los cholos, a los pobres indios, a las mujeres andinas que entienden poco del derecho formal europeo, los seguimos matando. Parece que hay vidas que valen menos que otras. O que son más faciles de invisibilizar en los medios, como las setenta muertes en Perú: es menester que estas muertes dejen de ser invisibles. Pareciera que en algunos lugares cultos de Europa impacta más la imagen (dramática de por sí) de un tanque de la policia entrando a la universidad (san marcos, imagen que también es propia de una dictadura) que los setenta cadáveres a balazos. Europa siente menos (siempre ha sentido menos) la muerte de los indios. Uno de los asesinados en Juliaca tenía 72 heridas de perdigones de metal. 72.
Logocéntrico y racista
No es menor recordar que la “incapacidad moral permanente” proviene de la “incapacidad mental” del siglo XIX. Es un concepto logocéntrico y racista, empleado (no solo para “vacar” en forma ilegal, sin antejuicio político y sin derecho de defensa, a Castillo) sino también para criminalizar (desde los orígenes de la criminología positivista) a los indios “salvajes”.
Cuando una misión internacional de abogados y legisladores argentinos viajo al Perú en Febrero a investigar la masacre de Juliaca y los asesinatos en Puno y Ayacucho, tomando testimonio de la cruenta represión estatal, (se combate con las fuerzas armadas la protesta social, se disparan municiones de guerra a manifestantes desarmados) la dictadura criminal de Dina Boluarte envió “quejas formales“ a la embajada argentina y a la Santa Sede , quejándose de la presencia de esta misión de solidaridad pacífica, que sólo buscó tomar testimonios.
El próximo 13 de marzo en el Congreso de la Nación, la Misión Internacional de DDHH argentina en Perú presentará un informe detallado con el registro de los asesinatos y la represión. También se presentará, en el mismo acto, el dictamen jurídico de la defensa (Zaffaroni-Croxatto) de Pedro Castillo.
