Desde el 1 de marzo se desarrolla en Neuquén el juicio contra ocho policías que dirigieron y ejecutaron la represión de Arroyito en 2007 contra una manifestación docente, en la que el policía José Darío Poblete le disparó al maestro Carlos Fuentealba. El ex gobernador Jorge Sobisch fue admitido como testigo, a pesar de que la querella pretendía que compareciera como imputado. El lunes 13 serán los alegatos de clausura y se espera que los imputados hablen ante el tribunal.

“La directiva fue que tuviéramos cuidado, que no se debían cortar las arterias, que la orden venía de arriba, que venía del gobernador" (por Sobisch), declaró ayer José Luis Flores, quien era oficial principal y prestaba servicio en el departamento de Seguridad Metropolitana. El 3 de abril su jefe, el comisario Jorge Garrido, lo convocó para ir hasta Arroyito, donde estaba previsto que el sindicato ATEN realizara al día siguiente una protesta sobre la ruta 22.

El tribunal oral está integrado por los jueces Raúl Aufranc, Luis Giorgetti y Diego Chavarría Ruiz, interviene el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid; los abogados de la querella son Marcelo Medrano y Ricardo Mendaña; y los acusados y sus defensores son Carlos Zalazar (Rubén Casas), Moisés y Adolfo Soto, Mario Rinzafri, Jorge Garrido y Aquiles González (Gustavo Lucero), Julio Lincoleo (Esteban Sampayo), Benito Matus (Juan Coto).

Carlos Zalazar, el entonces jefe de la policía, Moisés y Adolfo Soto, exsubjefe y superintendente de Seguridad respectivamente, Mario Rinzafri, el responsable del operativo y Jorge Garrido, exjefe del departamento de Seguridad Metropolitana, están imputados por abuso de autoridad y encubrimiento. A Julio Lincoleo, que era el jefe del grupo especial Zapala, y con el subcomisario Aquiles González, se les imputa el encubrimiento agravado de Poblete. 

A Benito Matus le reprochan haberle disparado el 4 de abril a Angélica Cisterna, con una escopeta 12/70, en las inmediaciones de la estación de servicio YPF de Arroyito, mientras iba en el asiento trasero de una Ford Escort y poco después, a la altura del kilómetro 1263, golpear con el arma a Miguel Alejandro Castelar, que se dirigía con las manos en alto hacia un cordón policial. Los cargos son por abuso de armas, en concurso con lesiones leves.

La querella representa a las hijas del docente, Camila y Ariadna Fuentealba, y a su compañera Sandra Rodríguez. Fueron admitidos 48 testigos. Las audiencias se extenderán hasta el 14 de marzo.

“Hubo una represión exagerada e injustificada, producida fundamentalmente a través de disparos de gas lacrimógeno y postas de goma, hechos en forma indiscriminada. Esta situación generó riesgo, confusión, pánico y caos generalizado”. Esto dijo en su voto el ex juez Mario Rodríguez Gómez, que junto a Luis María Fernández y Héctor Dedominichi condenaron, el 8 de julio de 2008, a prisión perpetua al cabo Poblete, como el autor del disparo que mató a Fuentealba, en el operativo del 4 de abril de 2007, durante el gobierno de Sobisch.