Son 1600 páginas acusatorias que se basan en “no tenemos pruebas, pero tampoco dudas” o “es muy difícil obtener pruebas en este tipo de organización, pero es evidente que...” o “todos los indicios apuntan a...” sazonadas con cientos de adjetivos que exageran para sostener un cuerpo inconsistente. Con esa fórmula hueca, los jueces limitan el derecho al voto de millones de ciudadanos. La condena tiene consecuencias individuales graves para Cristina Kirchner pero --como ella dijo en su discurso de ayer en Río Negro--, junto con el intento de asesinarla como consecuencia de los discursos de odio de la derecha, rompe el pacto democrático de 1983. O sea: termina con los primeros cuarenta años de democracia ininterrumpida en los más de 200 años de vida independiente del país.

El principal impacto de este fallo es político como lo reconoce el mismo tribunal cuando pretende negarlo. Afirman que es normal que los acusados de estos delitos acusen a los jueces y fiscales de lawfare o guerra judicial contra los adversarios políticos y que este argumento es tan viejo como la historia de la humanidad.

En realidad es lo opuesto: por lo menos las falsas acusaciones contra personalidades que disintieron con el poder establecido es tan antiguo como la historia de este país. En 1964, el expresidente Arturo Frondizi publicó el libro “Estrategia y táctica del movimiento nacional”. El capítulo cuatro se titula: “La corrupción: pretexto para derribar gobiernos populares”.

Frondizi hace un recordatorio: a Mariano Moreno lo acusaron de corrupción cuando ya estaba muerto. Al orador de la revolución, Juan José Castelli, que en esos meses agonizaba por un cáncer de lengua, lo procesaron acusado falsamente de quedarse con dineros ajenos en el Alto Perú. Al general José de San Martín se lo acusó de abrir una cuenta en forma irregular en Londres con fondos ajenos.

Y sigue la lista: cuando derribaron a Hipólito Yrigoyen, lo acusaron de un montón de negociados: que se había quedado con fondos públicos, que no había cumplido con sus deberes de funcionario, y así. Eso pasó la primera vez que lo metieron preso. Cuando salió de su segunda prisión, fue a vivir a la casa de la hermana: no tenía un solo peso para mantenerse.

Son todos políticos que sobresalieron por su compromiso con sociedades más justas y democráticas. En sociedades desiguales hegemonizadas por intereses de minorías económicas, estos próceres fueron perseguidos con el lawfare, porque de esa forma se evita el debate político, en el que los privilegios de las minorías son indefendibles e impopulares

A Juan Perón lo procesaron por una infinidad de delitos económicos que nunca fueron probados porque había sido proscripto, perseguido y exiliado. O la injusticia que cometieron contra Ramón Carrillo, que había sido su ministro de Salud y al que Argentina le debe uno de los sistemas de salud más avanzados del planeta.

Carrillo inauguró decenas de hospitales en todo el país con aparatología de avanzada, erradicó enfermedades endémicas, creó la primera fábrica de medicamentos para abaratar los remedios y fue el padre del sanitarismo en la Argentina. Fue acusado falsamente de corrupción, de haber robado fortunas millonarias al erario público y debió exiliarse en Brasil, donde murió en la pobreza.

No se trata de comparar a nadie con Cristina Kirchner, pero sí de mostrar que la persecución judicial existe, no es un invento ni una fantasía, viene de hace mucho tiempo y siempre se ha usado contra dirigentes que se pusieron en la mira del poder establecido: el poder económico hegemónico, su representación política, en este caso el macrismo, y ahora la corporación mediática y el Partido Judicial.

La discusión técnica sobre la condena no tiene sentido. La verdadera fundamentación está en algunos de los puntos de la clase magistral de Cristina Kirchner ayer en Río Negro donde planteó la construcción de hegemonía democrática frente a las fuerzas del odio autoritario y desarrolló una propuesta de país sin dependencia ni desigualdad, con alta participación del salario de los trabajadores en el PBI. Es una propuesta que tiene el reconocimiento de universidades, gremios y millones de argentinos.

Las voces que, haciéndose las tontas, quisieron defender la condena con clases de jurisprudencia paternalista, están marcadas por su funcionalidad con el macrismo y las corporaciones mediáticas, por sus columnas en los medios hegemónicos y sus silencios ante la corrupción macrista. El fallo es esencialmente político y tiene consecuencias graves para la institucionalidad democrática.

El país que deja para el futuro es el de nuevas generaciones desilusionadas por una falsa democracia donde el Partido Judicial interfiere las propuestas de cambio. Este país formó generaciones desilusionadas por la intervención permanente del Partido Militar, jóvenes que buscaron otras formas de hacer escuchar sus sueños y esperanzas.

La vicepresidenta advirtió por el desprestigio cada vez mayor de la política en la sociedad. “No nos merecemos un debate tan chato” fue su última reflexión en la charla de ayer, en la que el público la aclamó como en todas sus presentaciones y la interrumpió varias veces con el coro de “Cristina presidenta”.

Su proscripción rebota en las próximas elecciones porque las deslegitima al prohibir su candidatura. Los tiempos del juicio y el anuncio de esta condena y sus fundamentos fueron minuciosamente pensados para que coincidieran con el comienzo de los tiempos electorales, muy poco antes de que venzan los plazos para presentar candidaturas.

Y si las elecciones se deslegitiman, su resultado seguirá la misma suerte. El candidato que resulte ganador será un presidente sin legitimidad. Incluso con la vulnerabilidad de que, en un mundo globalizado, sus decisiones podrán ser cuestionadas cuando cambien las circunstancias políticas, como cambiaron con Perón.

Hablar ahora de cambio de contextos y escenarios tan drásticos puede parecer una estupidez, pero los fundamentos de la condena solamente se sostienen en el contexto actual condicionado por los permanentes discursos de odio y difamación contra Cristina Kirchner. Fuera de ese contexto son insostenibles.

Discutir sobre la figura del “garante necesario”, traído de la “jurisprudencia alemana”, son floripondios de diletancia cuando no pueden probar en forma efectiva si hubo sobreprecio o favoritismo en las obras viales en cuestión. Todo es un gran simulacro para esconder la esencia política reaccionaria de la condena.

Es probable que Casación y la Corte, las dos instancias de apelación que restan, dosifiquen los tiempos hasta llegar a una condena en firme en un proceso que trate de evitar este escenario de deslegitimidad que se derramaría como cascada sobre las elecciones, su resultado y sobre el próximo presidente. La excusa de que no está proscripta porque la condena todavía no está en firme les sirve para esquivar formalmente la figura tan fuerte de la proscripción. Pero la condena es taxativa al prohibirle ocupar puestos públicos.

El camino para transformar esta realidad con una democracia amputada por el Partido Judicial es la conformación de hegemonías democráticas, señaló la vicepresidenta en su discurso.