El juez federal de Garantías N° 1 de Salta, Julio Bavio, hizo lugar ayer a la imputación penal requerida por la fiscalía federal contra seis personas detenidas el domingo pasado en las localidades de La Quiaca y Alto Comedero, en la provincia de Jujuy.

Se trata de José Tolaba, su concubina, un hijo de ambos, Axel y la pareja de éste, a quienes se les imputó el delito de "transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en concurso real con el de almacenamiento". También fueron formalmente acusados Miltón Condori y Rafael Acho, también por transporte de estupefacientes, y atentado a la autoridad porque al momento de recibir la voz de alto de la policía, sorprendidos en una operación de tráfico, intentaron embestir a los efectivos.

Estas personas fueron detenidas en el marco de una investigación llevada adelante por el Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, que en la audiencia de formalización de la acusación contó que esta pesquisa se inició en junio del año pasado.

Toranzos detalló que este caso se desprendió de otro, en el cual se investiga a una banda que utiliza a distintos transportistas, a modo de células, que eran incorporadas de manera discrecional teniendo en cuenta la capacidad de ingreso de la droga desde Bolivia.

Este servicio fue ofrecido por José Tolaba, quien junto a su esposa había montado una organización a nivel familiar dedicada a ingresar droga desde la localidad boliviana de Villazón, lo que se hacía en bicicleta a través de pasos no habilitados en La Quiaca.

El fiscal sostuvo que para realizar esta actividad, Tolaba contaba con la complicidad de Condori, quien desde Villazón se encargada de acopiar la droga para su paso hacia este país, para luego seguir con el transporte de la droga a Salta y, desde allí, a Buenos Aires. Con las ganancias de estas operaciones, y para ocultar su verdadera actividad, Tolaba adquiría ganado de llamas.

Toranzos indicó que esta actividad pudo ser determinada gracias a la labor llevada adelante por personal de la División Investigaciones Complejas Contra La Narcocriminalidad, dependiente de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Salta. Mediante tareas de campo e intervenciones telefónicas identificaron a los integrantes del clan familiar y la modalidad de narcotráfico. 

También pudieron establecer que este transporte se intensificó en los primeros días de marzo debido a que Condori había informado a Tolaba que ya tenía listas las “camisetas” y que debían ir a buscarlas a Villazón, tarea que le fue asignada a Axel, quien operaba junto a Galán, que hacía de “campana” para evadir a fuerzas de seguridad en la zona. El fiscal explicó que, entre otros términos usados para ocultar la mercadería en tránsito, los ahora acusados se referían a los paquetes de cocaína como “camisetas”, o como “llamitas”. Además, tenían otros mecanismos de seguridad, entre ellos el cambio de vehículos o de teléfonos.

El equipo de investigación policial se instaló en el escenario de los hechos para indagar sobre el transporte de cocaína que realizaba esta organización. Así se pudo establecer también que tras pasar la frontera, los acusados se reunían en una vivienda de La Quiaca, donde el hijo del jefe de la organización pasaba la carga a un vehículo Ford Eco Sport en el que solía movilizarse.

Las escuchas telefónicas revelaron que Axel intervino con su padre para agregar unas diez “camisetas” a la carga ya pactada, lo que fue autorizado por Tolaba, quien se encargó luego de coordinar el traslado a otra vivienda en Alto Comedero, donde el comprador de la droga iba a retirarla.

Intento de fuga

El fiscal contó que con la información colectada se dispuso un gran despliegue policial de incógnito en torno al domicilio de Alto Comedero donde se registró con fotografías y filmaciones el momento en el que Axel Tolaba supervisaba la entrega de la carga a Acho, quien llegó en una camioneta VW Amarok que conducía Condori.

Cuando estaban en plena transacción, en la calle, frente a la vivienda de los Tolaba, los policías dieron la voz de alto. Tomados por sorpresa, los hombres maniobraron la camioneta para embestir a los efectivos, que se mantuvieron firmes cerrándoles el paso y como los acusados aceleraron el vehículo, el oficial a cargo del operativo disparó al radiador. Entonces los hombres intentaron hicieron marcha atrás pero otro móvil policial les había cerrado el paso y tuvieron que desistir de la fuga. 

En el asiento trasero de la camioneta los policías encontraron una caja con diez paquetes de droga, mientras que dentro de la casa había otros envoltorios, con los que totalizaron poco más de 32 kilos de cocaína.

Después se allanó la finca en la que residían Tolaba y su esposa, en la localidad jujeña conocida como La Intermedia, a unos 49 kilómetros de La Quiaca, donde se secuestraron varios teléfonos y dinero, y fue detenida la pareja que dirigía el clan familiar. El fiscal agregó que, como resultado de todas las diligencias, se secuestró una suma total de 526 mil pesos.

Tras enumerar la prueba reunida, Toranzos pidió la prisión preventiva de todas las personas imputadas, aunque respecto a la pareja de Axel Tolaba, el fiscal decidió aplicar una mirada de género y solicitó que, en su caso, la medida se aplique bajo la modalidad de arresto domiciliario. Por otra parte, requirió autorización para avanzar con otras diligencias investigativas, entre ellas pericias químicas y técnicas a los teléfonos secuestrados. 

La defensa pidió que la pareja de José Tolaba también fuera beneficiada con el arresto domiciliario, pero el fiscal se opuso por entender que tuvo un rol preponderante en la organización. Para demostrarlo, difundió un audio del momento en el que Tolaba le informó a su esposa que “había sucedido lo peor”, en alusión a la detención de su hijo y el resto del clan familiar, y la mujer le recriminó no haber seguido sus instrucciones de despojarse de los teléfonos una vez utilizados. “Yo les dije…, pero ustedes no me hacen caso”, se lamentó y Tolaba respondió que no era el momento de “reproches”.

Además, el fiscal señaló que hay un riesgo latente de fuga y entorpecimiento, porque no se descarta la participación de otras personas, a la vez que resaltó la naturaleza y gravedad del hecho, y escala penal de los delitos imputados impiden una condena de ejecución condicional.