"Se debe garantizar el derecho a la protesta sin afectar la libre circulación de los ciudadanos", viene recitando el gobernador Gustavo Sáenz, y lo repiten sus funcionarios, desde que la falta de agua llevó a mucha gente del norte de Salta a cortar las rutas. 

La frase deja tela para cortar. Si "los ciudadanos" son aquellos, y aquellas, que circulan y, se sobreentiende, no cortan rutas, ¿qué son quienes sí las cortan? Por oposición, serían no ciudadanos, no ciudadanas. De las muchas acepciones que tiene el término hay una que parece ser la adoptada en la idea fuerza que repite el gobierno para defender su Protocolo de seguridad antipiquetes: "Persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes", dice el diccionario. Entonces, ¿quien corta una ruta es considerada una persona no miembra activa de un Estado? ¿alguien que no es titular de derechos políticos? Ya se sabe que sí se la considera sometida a leyes, y a protocolos, claro está. 

La falta de agua, la carestía de los servicios básicos afectan a cada persona, pero es claro que castigan de manera más impiadosa a quienes tienen menos recursos económicos, como ocurre en todos los órdenes. El gobernador suele criticar la falta de federalismo, la discriminación hacia las y los habitantes del llamado interior, y suele hablar también de su amor por la patria chica y "los salteños". 

Con su simpatía natural, Sáenz suele tener buena llegada a los barrios más populares, ahí donde está la gente que más sufre las deficiencias en los servicios esenciales, y que más suele participar de protestas. Ahí, no por casualidad, están las bases del peronismo, expresión política de la que proviene el gobernador, al menos en sus inicios. Y, ya se sabe, el/la peronista es así, es gente que tiene conciencia de sus derechos, y los exige, por aquello de la justicia social, tan bien expresada por Evita: “Donde hay una necesidad nace un derecho”. Visto desde esta perspectiva no puede pasar desapercibido que el gobernador actúe, en cuanto a las protestas, como lo haría un/a antiperonista. Por eso esta columna, aunque quizás haya razones que tienen que ver con las encuestas y las preferencias de cierto sector de la masa electoral por posiciones más duras. 

Es claro que el gobernador no es alguien preocupado por el lenguaje, pero resulta cuanto menos llamativo que no haya un cuidado por ciertos aspectos del decir, aunque por otra parte, se agradece la brutal sinceridad, que suele escasear en el discurso político. Un amplio arco de personas (que también votan, por supuesto) queda en esa categoría que se estrenó sin decirla: no ciudadanas. Sin derechos pero sometidas a leyes, y protocolos. Sí se les reconoce (algo abstracto, porque ya está contemplado en la Constitución) el derecho a la protesta, pero habrá que imaginarse como hacerlo sin afectar derechos de quienes sí son ciudadanos/as.

El gobernador ratificó esa afirmación en el discurso de apertura de las sesiones legislativas ordinarias. La frase fue dicha levantando la voz, tal vez fue el momento de mayor énfasis, de enojo, con lo cual el mensaje es doble. 

En el mismo discurso tuvo también otras consideraciones que vienen a cuento: "He definido mi gestión por obras y acciones concretas, realizadas en beneficio de Salta para tener una provincia con igualdad de oportunidades y desarrollo. Este es el objetivo que marca el rumbo de esta gestión", aseguró. ¿De dónde se parte para hablar de igualdad de oportunidades y desarrollo? Es obvio que la línea de salida no es uniforme. Mientras hay habitantes de Salta para quienes aquello de la igualdad de oportunidades refiere a la posibilidad de que haya reglas claras para, por ejemplo, realizar inversiones (la famosa seguridad jurídica), hay otros y otras que están penando por llenar el estómago, o por sobrevivir, como muestra ahí están los niños y niñas wichí, que siguen muriendo, a despecho de los anuncios oficiales. 

Pero el gobernador no habló de eso en este pasaje de su mensaje (luego sí mencionó los centros de recuperación nutricional y otras cuestiones que se suelen englobar en el área de acción social). En cambio, reforzó lo de no afectar la circulación de "los ciudadanos" con la mención del "protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas" y dijo que se lo hizo "con el objeto de arbitrar los mecanismos para garantizar la paz social, la defensa de los derechos a la protesta y a la libre circulación en rutas, caminos vecinales y cualquier otra vía pública de tránsito". Y también con la intención de "promover la eficiente resolución de reclamos y conflictos sociales". 

El discurso amerita preguntas nuevamente: ¿qué se entiende por paz social? si se trata del bienestar general (ese estado de bienestar que promueve el peronismo) es obvio que con mayor urgencia deberían atenderse los reclamos de piqueteros y piqueteras. Porque circular es importante, es un derecho y demás, pero antes que circular libremente es necesario cubrir lo elemental, el agua, la comida. Otra vez la obviedad: un protocolo no va a cubrir esas necesidades, pero eso ya lo sabían, ¿no?

El gobernador viene insistiendo, y lo hizo en la apertura del año legislativo, en poner distancia con la famosa grieta. "No sabemos de divisiones ni de grietas", dijo antes de afirmar que con su equipo de gobierno encaran los problemas "para resolverlos y no perdemos tiempo en señalar culpables, sino que llevamos soluciones, sin mezquindades ni banderas políticas". Y, sin embargo, está la frasecita del comienzo, esa que habla de que se puede protestar pero sin afectar la libre circulación de "los ciudadanos". "Ciudadanos" por un lado, personas que protestan por el otro, se parece mucho a una grieta. Y particularmente dolorosa, porque excluye a quienes protestan, a las personas que más necesidades tienen, precisamente. 

En su discurso habló también de injusticias, y hasta lanzó una afirmación que ameritaría otro análisis: "Hay que alzar la voz y que se enteren que acá no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos gas". Es lo que hacen las personas que cortan ruta.