Los traslados de detenidos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la nueva megacárcel de El Salvador, se vienen repitiendo en las últimas semanas. Ninguno de ellos fue tan cinematográfico como el del 24 de febrero, cuando el mundo vio la forma en que dos mil pandilleros, en fila y en cuclillas, con sus torsos desnudos y sus característicos tatuajes, ingresaban al penal con capacidad para albergar a 40 mil detenidos.

El presidente Nayib Bukele promete mano dura para los detenidos en el marco de la guerra declarada contra las maras, que enlutaron al pueblo salvadoreño durante las últimas décadas. Su política represiva reúne un gran apoyo de la población, pero numerosos organismos de derechos humanos la critican e incluso jefes de Estado como el colombiano Gustavo Petro hablan de la última cárcel inaugurada como un "campo de concentración".

En diálogo con Página/12 el director de Litigio Estratégico de Cristosal, Abraham Ábrego, sostiene que este tipo de anuncios "bastante publicitarios" son aprovechados por Bukele para "quedar bien" con la población. "Sin embargo es una contradicción que en pleno siglo XXI, donde deberíamos tener un abordaje de la delincuencia con políticas de seguridad integrales, se siga insistiendo en modelos arcaicos de persecución criminal que no llevan a resolver problemas sino a estados cíclicos de la delincuencia", explica Ábrego. Aún más directo, el educador Luis Arnoldo Colato Hernández advierte que "el problema no desaparece al poner la basura debajo de la alfombra".

Gigante de cemento

Rodeado por imponentes muros perimetrales de concreto reforzado de 11 metros de alto con alambres electrificados de 15 mil voltios, pesados portones de acero, torres de vigilancia con al menos siete soldados armados con fusiles de asalto y siete anillos de seguridad adicionales, el CECOT fue presentado como la cárcel más grande del continente. Cada uno de sus ocho pabellones posee un área de seis mil metros cuadrados, y en cada una de sus 32 celdas provistas de barrotes de acero está previsto que se alojen más de cien pandilleros.

En cada pabellón hay cinco salas de audiencia equipadas tecnológicamente, donde cada reo que tenga diligencias en juzgados o tribunales deberá enfrentarlas desde allí. Además ningún detenido podrá salir del establecimiento bajo ningún motivo y no recibirá visitas familiares ni conyugales. El diario Prensa Libre asegura que los familiares de los convictos deben velar por su bienestar personal, estando obligados a financiarles su estadía con alimentos y artículos de higiene personal desde diciembre de 2022.

¿Justicia o venganza?

A un año de la implementación del régimen de excepción diferentes organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la local Cristosal advierten que las medidas aplicadas afectan los derechos de civiles inocentes con las redadas masivas y la estigmatización experimentada en las zonas donde se establecieron cercos de seguridad. El problema de la megacárcel inaugurada de Tecoluca, coinciden expertos, es que por la forma en la que fue estructurada no permite la resociabilización de los detenidos.

"Se le llama centro de confinamiento del terrorismo pero ya de entrada es una estigmatización, porque probablemente muchas de las personas que estén albergadas en ese centro ni siquiera puedan ser consideradas terroristas", explica Ábrego. En una entrevista el propio Bukele admitió que un uno por ciento de los detenidos en el país era producto de detenciones arbitrarias e injustas. Colato Hernández aporta en ese sentido que "cualquiera que sabe de estadísticas entiende que sobre 64 mil detenciones en el marco del régimen de excepción, el margen de error aumenta exponencialmente".

"Hay casos de docentes que salieron a defender a sus alumnos, que eran detenidos y vapuleados en la vía pública. También intelectuales y académicos que cuestionan al régimen" sostiene Colato Hernández, quien agrega: "Los traslados no se hicieron respetando los debidos protocolos penitenciarios sino que simplemente se escogió a la población y se trasladó. Parece ser que la visión de justicia que el régimen tiene es la venganza misma".

En los meses que lleva aplicado el estado de excepción fallecieron más de 200 personas en los centros penales, muchas de ellas con visibles signos de golpizas, de acuerdo al Instituto de Medicina Legal. "Hay que decir que a partir de lo que hemos conocido de testimonios de personas que han estado presas en los últimos meses, algunos de los centros penales no funcionan acordes a lo que menciona nuestro marco legal penitenciario. Es decir, no están dirigidos a la reinserción y readaptación, sino todo lo contrario", plantea Ábrego. 

El abogado y notario salvadoreño coincide con el presidente Gustavo Petro en que se podría definir a estas cárceles como campos de concentración en tanto "hay una práctica sistemática de tortura, hay racionamiento de la alimentación, hay limitantes para ir al baño, un nivel de hacinamiento fuerte en las celdas, condiciones precarias de higiene, una negación de servicios de salud, etcétera".

El presente de las pandillas

Las pandillas, un fenómeno heredado de la guerra civil (1980-1992) que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones y generado picos de violencia a través de los años. A finales de marzo de 2022, el Congreso de El Salvador aprobó un fuerte endurecimiento de las penas contra los miembros de las maras en respuesta a la ola de homicidios que el país vivió en esa época.

"Mucha parte de los últimos 30 años ha sido escenario del control territorial de las pandillas, en donde las familias salvadoreñas han sufrido mucho luto y dolor por la pérdida de familiares y han tenido que desplazarse por violencia. Hay mucho resentimiento contra la estructura de pandillas por todo lo que ha ocasionado a las familias salvadoreñas", explica Ábrego. Mucho de ese hartazgo de la población fue canalizado por la gestión de Bukele, quien "ha sabido vender la idea de equiparar el régimen de excepción con una guerra contra las pandillas".

Este uso del estado de excepción también parece tener un trasfondo electoral pensando en los comicios de 2024, de acuerdo a Colato Hernández. "Muchos creemos que el régimen guarda las pandillas pero no resuelve el problema de fondo porque piensa en un futuro seguirlas utilizando. En este momento se plantea la posibilidad de la reelección, que está prohibida por nuestra Constitución. Pero queda latente en la población la idea de que si no se apoya la reelección las pandillas van a ser liberadas de nuevo", explica este docente del sector público.

Sobre la actualidad de las pandillas en El Salvador, Ábrego sostiene que se está dando un reagrupamiento y aunque es menor, se mantiene la presencia de algunas bandas en determinados territorios. "Del 2020 al 2022 tenemos documentados alrededor de dos mil casos de desplazamientos forzados y en el último año de régimen de excepción hay alrededor de 100 casos de desplazamiento. La actividad de pandilla sigue pero todavía no hay información oficial, creo que ahora están en situación de bajo perfil debido a la persecución y militarización que ha habido en los territorios", explica el abogado de Cristosal.

Colato Hernández reconoce que bajo esta perspectiva de aplicacion de justicia lo único que se hace es cometer venganza y manifiesta que "la sangre derramada por las pandillas demanda castigos ejemplares, pero se necesita también voluntad política", haciendo referencia a que "hubo arreglos bajo la mesa de estos grupos terroristas con el gobierno vigente".