El Gobierno de Brasil anunció ayer que volverá a enviar a los militares a Río de Janeiro, con un despliegue de 10.000 efectivos, debido a la ola de violencia e inseguridad que golpea a la ciudad más turística y conocida del país sudamericano. Los operativos tienen “un objetivo: golpear al crimen organizado y quitarle su capacidad de operar”, dijo el ministro de Defensa, Raúl Jungmann, durante una comparecencia en Río para presentar los planes del Plan Nacional de Seguridad.

La misión, lanzada por tiempo indeterminado a diferencia de los cortos operativos militares anteriores en Río, prevé el despliegue de 8.500 hombres del Ejército y 620 de la Fuerza Nacional, esta última una tropa mixta militarizada usada para situaciones de emergencia. El resto lo compondrán efectivos de la Policía de Carreteras y de las fuerzas locales cariocas, explicó Jungmann.

La medida entró en vigor ayer con la firma del presidente Michel Temer autorizando las operaciones, publicada en el diario oficial del Estado.``El objetivo de la misión es preservar el orden público y garantizar el funcionamiento de las instituciones’’, explicó el mandatario de facto en un video colgado en las redes sociales. Se trata, agregó, de “un nuevo paso ante esa situación que hoy preocupa y angustia a todos los brasileños’’.

El despliegue de tropas empezó poco después en varios puntos de la metrópoli carioca. Aunque el decreto actual rige hasta el último día de 2017 por motivos fiscales, el despliegue continuará hasta finales del próximo año, aseguró Jungmann. “No vamos a salir de aquí”, dijo el ministro, que habló el jueves de “esfuerzos extraordinarios” en “tiempos extraordinarios” y “difíciles” por el embate de las bandas criminales en Río. “Vamos a buscar a los líderes, a los grupos”, agregó. La segunda ciudad más grande de Brasil está siendo castigada por crecientes problemas de inseguridad desde hace meses. Desde el final de los Juegos Olímpicos en agosto de 2016, se multiplican los reportes de tiroteos y asaltos no sólo en las zonas más pobres de la ciudad, las favelas, sino en tanto también en barrios acomodados como en la zona sur carioca.

En lo que va de año han muerto más de 90 policías por la violencia en la ciudad, según cifras oficiales. Sobre todo de las favelas llegan prácticamente todas las semanas noticias sobre víctimas de balas perdidas, en varios casos niños que volvían de la escuela. “Tenemos 800 comunidades (favelas) que viven en estado de excepción”, lamentó Jungmann el jueves. En las zonas urbanas de Río existen más de 1.000 favelas, según estadísticas recientes. La sensación de inseguridad se ha agravado por la catastrófica situación financiera del Estado, que retrasó el salario de muchos de sus funcionarios, incluidos los policías.

A fines de junio, casi un centenar de policías militares (PM, un cuerpo de represión dependiente de las autoridades de cada Estado) fueron detenidos y acusados de implicación y complicidad en el tráfico de drogas. Y en lo que va del 2017, 91 policías murieron en este Estado petrolero, sede de Petrobras, en el centro del escándalo de sobornos que condujo tras las rejas a buena parte de la elite política y empresarial del país; entre ellos, el exgobernador Sergio Cabral y el exdiputado de Rio Eduardo Cunha, condenados a duras penas de cárcel.

La medida de sacar a los militares a la calle para operativos en territorio nacional es en teoría extraordinaria en Brasil y se apoya en el llamado Decreto para la Garantía de la Ley y el Orden. En la práctica, el Gobierno central ya envió a los militares a Río en varias ocasiones en los últimos años. Antes, sin embargo, ocurrió por plazos cortos de pocas semanas. El último despliegue tuvo lugar en febrero antes de los festejos del Carnaval. También hubo soldados en Río el año pasado durante los Juegos. “Nuestro foco original es la región metropolitana del estado de Río”, explicó Jungmann, que no descartó sin embargo operaciones más allá de la aglomeración urbana de la ciudad, que alberga a unos 6,5 millones de habitantes.

El plan es que los militares no sólo patrullen, sino que se dediquen también a labores de inteligencia y coordinación, según el ministro. Por eso, las operaciones no serán anunciadas con antelación para no perder el efecto sorpresa, agregó. Muchas de las favelas cariocas son controladas por bandas dedicadas al narcotráfico o por milicias armadas, que se enfrentan a menudo entre sí o con la Policía por el control de los territorios.

Varias de esas zonas estaban consideradas como pacificadas gracias al éxito del programa de las llamadas Unidades de Policía Pacificadora (UPP) iniciado en 2008, que preveía el trabajo social en las favelas de equipos policiales ad hoc, en combinación con operativos militares de desalojo de bandas. Las autoridades locales consideran ahora sin embargo que el programa de la UPP está fracasando debido a la crisis económica en el gigante sudamericano y la situación de bancarrota financiera del estado de Río. Bandas como el llamado “Comando Vermelho” (“Comando Rojo”) se han fortalecido en los últimos meses.

Muchos de esos grupos operan en varios países y controlan el tráfico de drogas desde Sudamérica hacia Europa. “No vamos a resolver el problema del crimen sólo en territorio brasileño”, advirtió Jungmann. El ministro de Justicia, Torquato Jardim, comentó a O Globo que muchas de las armas de la guerrilla colombiana de las FARC, podrían haber acabado a través del mercado negro en manos de las bandas de Río.