Venezuela vivió ayer la primera de las dos jornadas de veda previa a la elección de constituyentes del domingo, en coincidencia con las protestas generalizadas de la oposición, que ocupó calles y plazas pese a la prohibición del gobierno de hacer manifestaciones. A su vez, hubo choques las fuerzas de seguridad y los manifestantes y una nueva advertencia de la Iglesia, que rechazó los comicios.

Pese a que los actos partidarios están prohibidos antes de la compulsa, el gobierno y los simpatizantes del fallecido presidente Hugo Chávez aprovecharon la fecha en que hubiera cumplido años el mandatario para, en un encuentro televisado por la TV estatal, reivindicar la gestión del Ejecutivo. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, encabezó estas celebraciones desde Caracas, donde entregó la casa 1.700.000 de la llamada Misión Vivienda, un programa gubernamental creado por Chávez. “Tus hijos celebramos tus 63 años de vida, luchando por la Patria de Bolívar que nos enseñaste a amar”, escribió Maduro en su cuenta de la red social Twitter.

Para que no queden dudas de la apuesta del oficialismo por las elecciones, Maduro también tuiteó: “Este domingo 30 de julio a las cinco de la mañana, al toque de la Diana Carabobo. ¡Todo el pueblo a salir a votar por la Constituyente de la Paz!”. Maduro fue luego más allá e invitó a los dirigentes opositores a rendirse: “Están derrotados, ríndanse señores de la MUD, están derrotados y el pueblo les va a dar una lección y un castigo. El pueblo los va a castigar con su voto, para que aprendan, para que se pongan serios”, dijo el mandatario.

El paisaje de fondo fue idéntico a otras jornadas en las que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) puso en marcha su maquinaria para manifestarse: “trancazos” en calles y avenidas de la capital y las principales ciudades, bajo el agresivo slogan que proponía una “toma de Venezuela”. La adopción de provocador lema en la manifestación ocurrió después de que el Ejecutivo prohibiera las manifestaciones que pudieran entorpecer la elección de asambleístas. Varias calles y avenidas permanecieron cerradas, en algunas ciudades hubo concentraciones menores y varios negocios permanecieron cerrados. 

Pese a la prohibición y la respuesta, Maduro dio un último plazo a los opositores para sentarse con su gobierno en una mesa de diálogo antes de que se concrete la elección de los nuevos constituyentes, porque de lo contrario, dijo, convocaría a un diálogo nacional obligatorio.

Como resultado del paro de dos días quedaron ocho muertos, los últimos de ellos un policía herido el jueves en el estado de Mérida, y otros dos hombres en Anzoátegui y Lara. Desde que empezaron las protestas el 1 de abril la cifra de víctimas de la violencia política en Venezuela llegó a 108, aunque algunos medios la elevan a 115. Mientras, el número de detenciones de opositores en manifestaciones y de allanamientos subió en las últimas horas, con un promedio de 40 detenciones diarias en los 119 días de protestas, relanzadas en mayo.

El policía murió ayer luego de recibir un disparo en la cabeza durante una manifestación, informó el Ministerio Público. La víctima fue identificada como Oneiver Quiñones. El Ministerio Público no detalló las circunstancias en las que el policía recibió el disparo, y ni siquiera explicó si participaba en actividades de restitución del orden público cuando recibió el disparo. El jueves, cuando se completaban las 48 horas de huelga general convocada por la oposición, también un integrante de la Policía Nacional Bolivariana fue herido en la parroquia Candelaria, de Caracas, según reportó también la Fiscalía.

El Poder Electoral y las fuerzas de seguridad implementaron un plan de seguridad especial para la contienda que se desarrollará en medio del clima de agitación, y con la amenaza de boicot contra los centros de votación. Para ello se permitió que los electores puedan participar en cualquier centro de votación sin que importe si está registrado en esa escuela, y se extendieron los perímetros de seguridad.

A las quejas de la MUD se sumó ayer Amnistía Internacional (AI), que denunció que la prohibición del gobierno de las protestas opositoras durante este fin de semana propicia más violaciones masivas a los derechos humanos. En un comunicado, AI advirtió que el plan de seguridad anunciado el jueves por el ministro del Interior, Néstor Reverol, está sentando las bases para una nueva ola de violaciones masivas a los derechos humanos. La directora para las Américas de AI, Erika Guevara-Rosas, afirmó: “La prohibición de protestas en Venezuela no hará más que empeorar una situación increíblemente volátil”.

Por su parte, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) reiteró en un comunicado su rechazo a los comicios para escoger una Asamblea Constituyente, porque, aseguró, la iniciativa sólo empeorará la profunda crisis política del país. “(La Constituyente) será un instrumento parcializado y sesgado que no resolverá sino agravará los agudos problemas del alto costo de la vida, la escasez de alimentos y medicamentos que sufre el pueblo, y ahondará y empeorará la profunda crisis política que padecemos”, señaló la CEV en el texto. Asimismo, la Iglesia venezolana indicó que la convocatoria es “nnecesaria, inconveniente y dañina para el pueblo, porque considera que sólo estarán representados los simpatizantes del chavismo.

La lista de cuestionamientos siguió con el titular del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que reveló que estudiarán la posibilidad de sanciones contra altos cargos venezolanos si el gobierno no pone fin a la violencia y libera a los presos políticos. “Una vez más, instamos al gobierno a que ponga fin a la violencia y a que libere a los presos políticos. En caso contrario, nos veremos obligados a considerar la aplicación de otras medidas concretas tales como sanciones contra altos funcionarios venezolanos”, señaló Tajani en un comunicado.