En plena campaña electoral, varias figuras de la política salteña tomaron la decisión de judicializar campañas que interpretaron como sucias o enfocadas en generar daño. Entre febrero y lo que va de marzo, una seguidilla de denuncias fueron presentadas por políticos y funcionarios ante la justicia nacional y provincial. Los episodios recordaron a que el fenómeno de las noticias falsas se instaló en la agenda de las discusiones sociales.

Las y los políticos involucrados fueron: Bettina Romero, actual intendenta de la ciudad que va por su reelección; Gustavo Sáenz, gobernador de la provincia con aspiraciones a ser reelecto; Carlos Zapata, diputado nacional (Ahora Patria) que integra el Frente Avancemos como candidato a vicegobernador; Emiliano Durand, senador por el departamento Capital (Unidos por Salta) y precantidato a intendente de la ciudad. A esos nombres –ausente por ahora en las listas de mayo próximo- se sumó Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, con gran exposición en medios y redes sociales por la disputa con vecinos del norte salteño por tarifas eléctricas diferenciales y por la falta de agua potable.

“¿Sabés con quién te estás metiendo?”, respondió el senador Durand en un video que subió a sus redes comentando las amenazas que recibió y las pintadas callejeras para desprestigiarlo. Las imágenes se viralizaron. El legislador denunció también hackeos a un perfil en redes sociales poco antes de anunciar su candidatura a intendente de Salta Capital. En medios locales Durand dijo que "las fake news" en su contra "fueron un instrumento para cometer otros delitos". Justamente, utilizó las figuras de coacción y amenaza (artículo 149 bis del Código Penal nacional). Presentó su denuncia el 10 de febrero ante la fiscalía especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de Salta. Días antes, el 6 del mismo mes, otra denuncia del titular del Ente Regulador se amparó en el delito de daño informático (artículo 183, segundo párrafo del Código) por posible hackeo en su perfil en la red social Facebook.

La jefa comunal de la capital salteña, presentó el 23 de febrero su denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal Federal de Salta utilizando las mismas figuras que su competidor en las elecciones de mayo venidero: coacción y amenazas. Romero posteó en su cuenta oficial en Twitter: “No más campaña sucia y mensajes de odio. Luego de tres años de un maltrato incesante hacia mi persona y mi familia, presenté una denuncia penal por coacción y amenazas, para que se investigue el uso sistemático y el financiamiento de portales y páginas con noticias falsas”.

Su abogado, Oscar Pedro Guillén, dijo a este medio que las noticias falsas “son un fenómeno que nos aleja del ejercicio democrático por ser deliberadas y maliciosas. Se trata de un acto tendencioso”. Agregó que, en su opinión, la campaña contra la actual intendenta “se trataría de maniobras de marketing político”, aunque aclaró que aún no cuenta con las pruebas suficientes para sostener su impresión. “La investigación avanza y ya arrojó información de portales anónimos y otras personas. En la era de la infodemia, las redes colaboran”.

El primer gobernador Gustavo Sáenz se sumó a la saga de las noticias falsas a escala local durante el discurso que pronunció el 1 de marzo en la apertura del año legislativo. Al promediar su alocución, aludió al momento electoral y la necesidad de trabajar "sin egoísmos o intereses sectoriales, sin difusión de noticias falsas. No sé quién las paga”, lanzó ante los representantes reunidos en el recinto y al pueblo en general. “Sería importante (saberlo) y por eso acompaño al Ministerio Público (Fiscal) para que investiguen (…) no haciendo política (...) buscando sacar ventaja”.

Carlos Zapata, diputado nacional (PRO), integrante del Frente Avancemos y precandidato a vicegobernador, también presentó su denuncia ante el Ministerio Público Fiscal salteño, después de una campaña sucia que partió de pintadas en algunos puntos de la ciudad y cuyo mensaje se viralizó al circular posteos relacionados por redes sociales. “Con la aparición del Frente Avancemos, esta campaña negativa de noticias falsas que nace desde sitios y cuentas apócrifas, ha tenido una explosión impresionante”, opinó en una entrevista con este medio. “El procurador de Salta (Pedro García Castiella) declaró que las noticias falsas no constituyen delito, pero nada dijo sobre otros delitos asociados”, opinó.

“En el caso de las fake news en mi contra, se hicieron con la finalidad de incitar al odio por cuestiones políticas. Algunas personas son identificables", dijo, "hay grupos de periodistas asociados al gobierno”. Al ser consultado por la regulación de las noticias falsas, Zapata aclaró su posición. “Cuando un troll o una persona, se mete en redes sociales e incita a publicar los teléfonos o direcciones de tal o cual persona, es una incitación al odio”, dijo en alusión a la ley antidiscriminación 23.592, sancionada en 1988. “Hay que investigar todo. No tengo una versión sesgada frente a ese delito". Tampoco distinguió partidismos. El legislador presentó su caso ante la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara Baja nacional.

La titular de la Fiscalía de Ciberdelincuencia en Salta, Sofía Cornejo Solá, a cargo de algunas de las investigaciones realizadas por políticos y funcionarios, recordó que “en el Código Penal argentino no están tipificadas las noticias falsas, por lo tanto no constituyen delito”. En la entrevista con este medio, sumó al hilo la libertad de expresión como un tema clave. “En la mayoría de los países que se intentó legislar (en alusión a las fake news), surge la discusión por los límites. Sabemos que la libertad de expresión es un derecho fundamental, no solo para comunicar sino para informarse”.

Por otra parte, consideró que si bien circulan noticias falsas que perjudican al destinatario, "para eso (para combatirlas) hay otras vías, no la justicia penal. Hay acciones civiles y querellas. Al no plantear el Código Penal como una figura delictiva las fake news, no es delito”, insistió. Finalmente, informó sobre algunos avances en la investigación que se abrió en su fiscalía a partir de la denuncia del senador Durand. “Realizamos allanamientos en la casa del sospechoso, pericias en el automóvil y el celular. También revisamos cámaras de seguridad. Seguimos colectando elementos en la causa”.

Moderar la expresión, regular las fake

Un especialista en libertad de expresión, Guillermo Mastrini, recordó en conversación con Salta/12 que en cualquier intento de regulación del discurso “el problema es quién se arroga la capacidad de decidir qué es verdadero o que no. Noticias falsas hubo siempre”, mencionó en alusión al viejo amarillismo presente en tiempos de medios analógicos. “Lo que ha cambiado notoriamente (en la era digital) es la capacidad de hacer circular esa información. Evidentemente”, continuó, “hay intentos de promover que exista una mayor responsabilidad de las plataformas y redes sociales en relación a sus políticas de moderación de contenidos”.

(Imagen gentileza Juana Medina Cartoon Movement). 

Al ser las redes sociales las que actualmente regulan el discurso social, a su entender surge otro problema a dilucidar: “¿solo el sector privado se encargará de regular qué discursos circulan y cuáles no en base a sus reglas de moderación?”. Para el investigador y docente en la Universidad Nacional de Quilmes, “uno podría decidir no estar en las redes, algo muy difícil hoy en día porque gran parte del discurso social pasa por allí. Las plataformas no se hacen cargo de sus reglas de moderación”. Recordó también que la Unión Europea aprobó recientemente su Ley de Servicios Digitales. “Aborda, de manera general, la regulación de contenidos, tratando de garantizar la libertad de expresión. Es decir, que nadie se atribuya la capacidad de restringir contenidos. El punto es, si para evitar alguna mentira vamos a impedir decir verdades. Es un equilibrio delicadísimo”.

María Rosa Chachagua, docente e investigadora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Salta, propuso la creación de Observatorios de Medios. Los consideró espacios adecuados para estudiar la variedad de casos asociados con noticias falsas y visibilizar resultados a la sociedad en general. En la provincia salteña no existen aún. Hay dos casos nacionales. Uno destaca porque ya realiza indagaciones sobre el tema fake news: el Observatorio TIC, Estado y gestión pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Mauro Brissio, periodista y docente que investiga noticias falsas, desarrolló el borrador de un proyecto de ley que aspira a dar un marco a las fake news. “No busco regular, sino sancionar", aclaró al iniciar la entrevista. "Lo que propongo es la creación de un Consejo Civil, compuesto por universidades, sindicatos, ciudadanos, y otros organismos y asociaciones. Determinarán si una noticia es o no una fake. El organismo de aplicación será el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). La comisión emitirá informes vinculantes y el ENACOM decidirá si multa o no a los involucrados”, explicó. En la iniciativa colaboran diputados nacionales de la provincia de La Rioja, principalmente Grabriela Pedrali (Frente de Todos).

“Pretendemos que sea el Estado quién regule la dimensión social del derecho (a la libertad de expresión) de las personas a recibir información veraz o verosímil”, explicó Brissio. En su opinión, la circulación masiva de noticias falsas "vulnera la interpretación colectiva de la libertad de expresión, y es ahí donde existe un vacío legal muy importante”. “La categoría que nosotros atacamos es la difusión de mentiras y la sanción sería económica, no penal”, ratificó.

En la redacción de la propuesta de Brissio participó la actual directora General de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación. “El proyecto recibió el asesoramiento de Graciana Peñafort. Nos asesoró sobre qué camino tomar para proponer una ley que tenga chances de transformarse en una herramienta que genere algún tipo de regulación”, contó.

Buena parte de la argumentación de la iniciativa se sustenta en la opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos al decidir si en Costa Rica debía colegiarse o no la profesión de periodista. En ese momento (1985), la Corte IDH mencionó la importancia de recibir información como parte de una interpretación colectiva del derecho a la libertad de expresión. Se posicionó además en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). En el inciso 30 de la opinión consultiva 05/85 mencionó particularmente que "nadie será arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento (un derecho a la libertad de expresión de cada individuo) (...) pero implica también (...) un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno".

Brissio recordó otras legislaciones actualmente vigentes. “En Francia se regulan las noticias falsas (2018), aunque solamente durante los momento de campañas electorales. Por eso pensamos que si logramos los consensos necesarios, quizás en el futuro contemos con una herramienta legal para contener la circulación de contenidos engañosos”. En ninguna de las cámaras que integran el Parlamento nacional existen iniciativas similares o que intenten una regulación. Tampoco en la Legislatura salteña.