Los diarios La Nación y Clarín reflejaron, en sus páginas, que el asesor de campaña Jaime Durán Barba les aconsejó a funcionarios y candidatos evitar el tema de la economía antes de las elecciones legislativas. Pero la realidad se empeñó en contradecirlo. En la última semana, la economía estalló en los titulares, en diarios y pantallas, aunque el oficialismo se empeñara en eludirla. La disparada del dólar, en un raid que ya lo llevó a superar los 18 pesos, tuvo una respuesta estudiada y repetida en boca de Marcos Peña, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y hasta de Hernán Lombardi (este último, al salir de una reunión de ministros): “el dólar no nos preocupa”. A esta altura, pocas frases provocan más tensión, porque la lectura es que se está pensando exactamente lo contrario de lo que se dice. Y mientras arrecian las críticas a una política monetaria que no estabiliza la paridad cambiaria, no despeja los temores inflacionarios (para este mes, se vuelve a anticipar un salto del índice en el orden del 2 por ciento), mantiene el efecto recesivo sobre la economía por las altas tasas y alienta la especulación financiera por sobre la inversión productiva, un informe externo vino a poner sobre el escenario, sin eufemismos, aquello de lo que Durán Barbas justamente no quiere que se hable: qué alternativas de políticas económicas se presentan después de las elecciones del 22 de octubre. Standard and Poor’s lo hizo, una consultora internacional del “top five” entre las más respetadas por el gobierno y por los principales círculos de poder económico. El panorama que presenta no es bueno, mucho menos tranquilizador son sus recomendaciones. 

Standard and Poor’s asume, en el informe que distribuyó entre sus clientes en la última semana, lo que incluso algunos integrantes del elenco de gobierno reconocen en conversaciones privadas: los resultados económicos no han sido los esperados. Pero el informe de S&P, firmado por Joaquín Cottani, economista jefe para América Latina, lo dice con total crudeza: 

  • “Los analistas locales se quejan de que la administración Macri tomó una decisión consciente desde el inicio de la gestión, para abordar los problemas fiscales de forma gradual, y ahora está pagando las consecuencias. Estamos de acuerdo con esta evaluación”.
  • “El déficit fiscal es grande por muchas razones, pero el principal factor es el subsidio a los servicios públicos, particularmente electricidad, gas natural y transporte público, que debería haberse abordado de forma más decisiva. Si se eliminan esos subsidios, el déficit primario (antes del pago de intereses de la deuda) prácticamente desaparece de la noche a la mañana”.
  • “La administración Macri intentó revertir estas tendencias de elevado déficit fiscal pero no logró mucho, debido en parte a la resistencia social y política, y por otra parte a la falta de voluntad política. Este último fue un riesgo calculado, ya que subvaluar el costo de estos servicios ayuda a reducir la inflación en el corto plazo, a expensas de crear mayor incertidumbre futura”. 
    Hasta aquí el diagnóstico de S&P que, como lo dice el propio informe, coincide en términos generales con los dichos de economistas del establishment (Carlos Rodríguez del CEMA, José Luis Espert, Javier Milei, entre muchos otros) que cuestionan la “tibieza” del gobierno para ajustar las cuentas públicas, pero no se atreven a plantearlo con la crudeza de la gran consultora internacional, que no repara en disimular los costos sociales de la política de shock que propone. Veamos las recomendaciones que surgen del mismo informe que, repetimos, circuló a mediados de esta semana:
  • “Eliminar los subsidios fiscales a los servicios públicos más temprano que tarde eliminaría, simultáneamente, la represión artificial de la inflación, reduciría el déficit fiscal y facilitaría el reajuste del tipo de cambio real, preparando así el terreno para el establecimiento de metas de inflación más creíbles”.
  • “Es probable que la administración Macri tenga que flexibilizar sus metas de inflación. Esto es necesario para dar lugar a los significativos aumentos que se necesitan en los precios regulados (tarifazo) y en el precio del dólar (una brutal devaluación). Aumentar el precio de la electricidad, del gas natural y del transporte público de modo tal que los subsidios fiscales ya no sean necesarios, lo que acabaría con el déficit primario. Y en combinación con una política monetaria más relajada (menores tasas de interés) facilitaría la depreciación del peso (devaluación) a un nivel más competitivo, consistente con un equilibrio de largo plazo”. 

Los agregados entre paréntesis son del autor de esta nota. Lo demás, no. Como tampoco lo que sigue, que es parte del mismo informe de S&P:

“Con certeza, esto aceleraría la inflación en el corto plazo y daría lugar a costos políticos y sociales asociados. Pero estos costos son inevitables. Por lo tanto, no se trata de si es necesario afrontarlos, sino más bien de cuándo hacerlo”. 

Y al respecto, sostiene:

“La fortaleza política del Gobierno aún es insuficiente como para encarar una movida de alto impacto. El mejor momento pata ejecutar éste y otros ajustes complementarios (¿hay más?) es inmediatamente después de las elecciones del 22 de octubre”. 

Así presentado, este texto podría ser atribuido a “la campaña del miedo” montado por la oposición para hacer creer que el gobierno oculta un plan tenebroso para después de las elecciones. Pero ubiquemos las piezas en su lugar: este mismo documento fue publicado en extenso por Clarín en la semana, y parcialmente por otros medios. En casi todos los casos, lo que se destacó es que Standard and Poor’s decía que “las metas de inflación del Banco Central son incumplibles”. El enfoque aquí es otro: lo que dice S&P es que se deben abandonar las metas de inflación de este año, provocar un shock inflacionario vía tarifazo y megadevaluación antes de fin de año, y así, pensar en metas de inflación más “creíbles” a futuro. Esto no es muy distinto a lo que el gobierno de Cambiemos hizo apenas asumió, e incluso anunció antes de asumir, provocando un shock inflacionario entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, acompañado de megadevaluación y una espectacular transferencia de ingresos a favor de los sectores más concentrados y en contra de los asalariados. La consecuencia inmediata fue una fuerte recesión, con suba del desempleo incluído. Lo que está proponiendo S&P, y es lo mismo que reclaman los economistas más ligados al poder económico concentrado, es repetir la receta, porque la anterior aplicación, por “gradualista” dicen, no dio resultado.

Sigamos ubicando la propuesta dentro del escenario actual. S&P no es un grupito de delirantes que se alucinan desde una lujosa oficina de Manhattan. Es una de las principales calificadoras de inversión de Nueva York y, como tal, sus informes responden al lobby de los grupos financieros más poderosos del mundo. En tal sentido, lo que aquí se relató es una manifestación de la presión que están ejerciendo sobre el gobierno de Mauricio Macri para que pise el acelerador. Indudablemente, el gobierno de Cambiemos le presta atención a estas demandas, ya sea porque las considera vinculadas a la llegada de inversiones o, más sencillamente, por una cuestión de pertenencia.     

¿Es políticamente viable lo que propone S&P? La respuesta que dan esos mismos grupos de poder es bien concreta: los costos políticos y sociales asociados son inevitables, se aplique el shock o se postergue. “Más temprano que tarde”, sugieren, pero no tan temprano como para provocar un desastre electoral si se hiciera antes de octubre. Pero inmediatamente después, sí. En esta perspectiva, la aceleración de la devaluación que se está dando en las últimas semanas es funcional al shock que se espera concretar, siempre que esta trepada del dólar no desate un golpe inflacionario anticipadamente. No habría que descartar que quienes estén motorizando la subida del dólar sean los mismos grupos vinculados al planteo del ajuste posterior al 22 de octubre. 

¿Hay quien se oponga a esta propuesta de ajuste brutal dentro del gobierno? Sí, aparentemente, aunque las tensiones al interior del oficialismo son evidentes. Quienes todavía apuestan al gradualismo tratan de convencer a los grupos económicos aliados al gobierno de que los resultados de esta política (los “brotes verdes”) ya empiezan a asomar. Un interesante relato se puede encontrar en el portal “Letra P”, esta semana, escrito por el colega Leandro Renou, respecto de un almuerzo que compartió Dujovne con un grupo reducido de dirigentes empresarios de primera línea, vinculados a la banca, la construcción, la energía y la agroexportación. Allí el ministro de Hacienda desplegó toda su capacidad para demostrar las buenas perspectivas electorales que aseguró maneja el gobierno, incluso con mejores resultados en octubre que en las PASO. Al igual que la perspectiva de la gestión de gobierno, de la que dijo que se esperaban para los próximos dos años una performance mucho mejor que la de los dos primeros. “Macri es un típico jugador de los segundos tiempos, ya verán”, arriesgó Dujovne. Su antecesor, Alfonso Prat-Gay, hacía la misma referencia pero respecto del segundo semestre. No está claro si los invitados que compartieron el almuerzo en Terrazas Bistró, en el predio de Palermo, salieron convencidos por los pronósticos de Dujovne. O les generó más expectativas el informe de S&P que recibieron esa misma tarde.