En Santa Fe el candidato mejor posicionado para convertirse en el nuevo fiscal general de la provincia es un juez de la Cámara en lo Penal, cuya trayectoria se caracteriza por fallos sin perspectiva de género y que han favorecido a abusadores sexuales. Roberto Prieu Mántaras encabeza la terna que el Consejo de la Magistratura le mandó este martes al gobernador Omar Perotti. Se lo señala como el delfín del expresidente de la corte provincial Rafael Gutiérrez, con estrechos vínculos con la ONG católica antiderechos Grávida –que opera en hospitales para impedir el acceso de niñas violadas a la interrupción legal de embarazo-- y contaría con el respaldo del peronismo en el Poder Judicial. Esta semana se trataría el pliego en la Legislatura local.

En abril vencen los mandatos de las actuales autoridades del Ministerio Público de la Acusación. Este martes, el Consejo de la Magistratura envió al Ejecutivo la terna elaborada por el Cuerpo Evaluador del organismo “con los postulantes que han superado ampliamente las pautas de evaluación, según orden de mérito sugerido por el mismo”, dice la comunicación al gobernador, a la que tuvo acceso Página/12. Prieu Mántaras encabeza la terna, seguido por María Cecilia Yranichic (auditora del MPA) y Javier Francisco Beltramone (juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario), quienes cuentan con el apoyo de los sectores progresistas de la Justicia.

Prieu Mántaras, recién ahora hizo la capacitación que establece la Ley Micaela porque es obligatoria para ejercer el cargo de fiscal general, pero todavía no rindió el examen.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito Regional Rosario, que integra un abanico de organizaciones de mujeres, de la diversidad, sindicales, y de derechos humanos, expresó su “indignación” frente a la posibilidad de que Prieu Mántaras sea designado en el cargo de fiscal general. A través de un comunicado de prensa, la Campaña enumeró los fallos más cuestionados firmados por el postulante con apoyo del peronismo:

En primer lugar, recordó su pronunciamiento en favor del exarzobispo Edgardo Storni, fue condenado en 2009 a ocho años de prisión por el delito de abuso sexual agravado por el vínculo en perjuicio del exseminarista Rubén Descalzo. La sentencia fue dictada por la jueza María Amalia Mascheroni. Pero en 2001 la Cámara Penal revocó el fallo por "motivos técnicos" y liberó al purpurado, que murió impune en 2012 en una casa que la Iglesia Católica le había comprado en La Falda, en Córdoba. Storni además cobraba una pensión de privilegio. La Sala IV de la Cámara Penal de Apelaciones que benefició al religioso pedófilo estaba integrada por los jueces Sebastián Creus, Roberto Prieu Mántaras y Ramón Sobrero. Los dos primeros fallaron a favor de la anulación, mientras que Sobrero votó en disidencia, al sostener que, “equivocado o no”, el fallo de primera instancia cumplió “con los recaudos formales y nada autoriza una declaración de ineficacia”.

Otro de las sentencias de Prieu Mántaras que se cuestiona tiene que ver con la revocatoria de la condena en primera instancia de un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal cometido contra su sobrina de 12 años. Este caso fue revisado por la Corte Suprema de Justicia provincial: el alto tribunal anuló la absolución con la que Mántaras Prieu había beneficiado al agresor sexual, al considerar –entre otros puntos— que "...en relación con la valoración de la declaración de la víctima en Cámara Gesell, el razonamiento sentencial se apartó de los estándares internacionales mencionados, relativizando y/o desoyendo la declaración de la niña víctima de abuso sexual. Más aún cuando existían elementos de prueba que se correspondían con sus dichos, los cuales también se desestimaron infundadamente. En resumidas cuentas, desconoce (el juez Mántaras) la fuerza probatoria del testimonio de la menor que las normativas convencionales, constitucionales, legales y jurisprudencia de alto nivel orgánico le otorgan. Por ello, en el caso cabe considerar acreditada la afectación de los principios y garantías que emergen de la 'Convención sobre los Derechos del Niño' (con jerarquía constitucional, art. 75, inc. 22, C.N.) y la 'Convención de Belém do Pará' (aprobada por Ley 24632), tal como se invocara por la recurrente."

Hay un tercer fallo muy preocupante: En 2015, una psicóloga de la ONG católica Grávida se infiltró en el Hospital Iturraspe, de la ciudad de Santa Fe, y convenció a la madre de una menor de 11 años, que tenía una discapacidad y que había sido violada por el padrastro para que no siga adelante con un pedido de interrupción del embarazo. El desempeño de la psicóloga de Grávida fue reprochado por el equipo interdisciplinario que actuaba en el hospital, que la denunció ante el Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio de Psicólogos de Santa Fe 1° Circunscripción: el órgano disciplinario, tras analizar la actuación de la profesional, resolvió suspender su matrícula por seis meses. Sin embargo, la decisión fue recurrida ante la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, integrada por los jueces Roberto Prieu Mántaras, Bruno Netri y Fernando Gentile Bersano, quienes revocaron la sanción aplicada a la psicóloga. La resolución luego fue apelada y llegó a instancia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que anuló el fallo de la Cámara y ordenó que la profesional de Grávida fuera sancionada.

Estos tres ejemplos “muestran una consistente inclinación del candidato Roberto Prieu Mántaras a subestimar la voz de las infancias y el respeto a las leyes y tratados de derechos humanos en relación a la protección de mujeres y niñes en situaciones de violencia”, alertó la Campaña por el Derecho al Aborto. “Nos resulta particularmente indignante que a pocos días de las masivas manifestaciones por el 8M, donde la población se expresó en reclamo por las violencias que siguen sufriendo mujeres, niñes y diversidades en nuestra provincia, se piense en designar en un cargo tan estratégico para el efectivo acceso a la justicia de las víctimas a alguien con semejantes antecedentes”, denunció la articulación de ONG que conforman la marea verde en Rosario.