Brasil está en un brete jurídico con la interpretación del artículo 142° de su Constitución. Un texto de nueve líneas que es hijo de una época convulsionada, a la salida de la dictadura (1964-1985), cuando los militares interfirieron en su redacción. Es el mismo al que se aferró la ultraderecha bolsonarista para desconocer la victoria electoral de Lula y exigir a los gritos una intervención de las fuerzas armadas ante los cuarteles. En la década del ‘80, el ministro del Ejército, el general Leônidas Pires Gonçalves, redactó un documento con 26 reivindicaciones. Una de ellas es la que se menciona al final del 142°. Dice que entre las funciones del poder castrense y solo “por iniciativa” de las autoridades del Estado, está facultado a defender “la ley y el orden”. 

Un grupo de diputados y diputadas del PT, encabezado por el ex sindicalista Carlos Zarattini, plantea una PEC (Propuesta de Enmienda Constitucional) para reformar el artículo y que le cierre definitivamente la puerta a un intento de golpe de Estado basado en una mirada sesgada de la carta magna.

El polémico 142 dice: “Las Fuerzas Armadas constituidas por la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, son instituciones nacionales permanentes y regulares, organizadas sobre la base de la jerarquía y la disciplina, bajo la autoridad suprema del presidente de la República, y tienen como finalidad la defensa de la Patria, la garantía de los poderes constitucionales y, por iniciativa de cualquiera de estos, la ley y el orden.” Para que la PEC redactada por Zarattini quede habilitada y se trate en el Congreso debe pasar por un proceso de recolección de firmas. Se necesitan 171 para llegar a esa instancia.

El diputado federal por San Pablo explicó por qué presentó el proyecto durante una entrevista virtual con el periodista Breno Altman, del sitio Ópera Mundi el 3 de marzo: “El artículo fue incluido en la Constitución de 1988, tuvo una gran polémica en la época y el general Leônidas realizó una interferencia decisiva. Cambió prácticamente su redacción que estaba siendo hecha por la Asamblea Constituyente y él introdujo en el final del artículo que las fuerzas armadas tienen que actuar como garantía de la ley y el orden. Y eso es lo que les permite intervenir muchas veces, principalmente en acciones de seguridad pública”.

A pesar de que la Cámara de Diputados ya rechazó en 2020 la tesis de que el 142 consiente la chance de una intervención militar, y que el mismo año adoptó una postura idéntica el Supremo Tribunal Federal (STF), los legisladores del PT van por la enmienda a la Constitución que consideran vital.

"Una concepción autoritaria"

En diálogo con PáginaI12, la diputada por Rio Grande do Sul, Maria do Rosario, que también acompaña la propuesta de Zarattini, aportó su mirada: “Brasil no realizó una Justicia Transicional del período de la dictadura a la democracia. Y aunque la Constitución brasileña es muy avanzada, conocida como Constitución Ciudadana, no aportó cambios en las estructuras de las Fuerzas Armadas. Como resultado, terminó trayendo una concepción autoritaria que unió a la policía y estas mismas fuerzas. Es sumamente necesario desvincular y modificar este aspecto”.

La exministra de Derechos Humanos durante el gobierno de Dilma Rousseff apunta al sentido estratégico que tiene la reforma del artículo: “La PEC que se propone representa la profundización de nuestra democracia, tarea que aún queda por hacer en nuestro país. Quizás no lo consigamos en el período actual debido a la correlación de fuerzas en el Parlamento. Pero esto no significa que no deba estar en la agenda de debates del país. Es importante recordar que la derogación de la Ley de Seguridad Nacional se tramitó durante muchos años y recién fue aprobada y sancionada en 2021”.

Aun cuando la Cámara de Diputados, el TSF y las interpretaciones de varios juristas no le otorgan validez ni legitimidad al uso que hizo el bolsonarismo del 142, la PEC para modificarlo sigue su trámite en el Congreso. Zarattini fue contundente sobre lo que representaría la anomalía de mantenerlo tal como está: “Esa idea de que el ejército, la marina y la aeronáutica intervienen dentro del país es una cosa absolutamente fuera de lo normal en cualquier país del mundo”.

30 años de intervenciones militares

El problema de Brasil es la centralidad que ha tenido en sus últimas décadas la apelación a militarizar la seguridad pública. Según Zarattini hubo “más de cien intervenciones militares sobre la ley y el orden desde 1992 hasta 2022. La famosa operación en la favela de Maré, en Río de Janeiro, es una de ellas y antes de 1992 hubo una intervención militar en la huelga de Volta Redonda en la que hubo tres trabajadores muertos por el ejército”.

Los operativos en que se convocó a esta fuerza para ingresar a los barrios más humildes con el pretexto de combatir al narcotráfico, cruzaron a todos los gobiernos nacionales. La secuencia se repitió con Rousseff, Temer y Bolsonaro, al menos en los últimos diez años.

Pero como describió el diputado del PT y exsindicalista, el país está marcado por episodios de su historia democrática que costaron vidas entre su pueblo trabajador a manos del ejército. El 5 de octubre de 1988 se había promulgado la Constitución nacional que rige hasta hoy y poco después de cumplirse el mes – el 9 de noviembre -, los militares irrumpieron en la acería Presidente Vargas de la Compañía Siderúrgica Nacional (CSN) en Volta Redonda, estado de Río de Janeiro.

Este año se cumple el 35° aniversario de la represión a balazos que terminó con la vida de los trabajadores Carlos Augusto Barroso, de 19 años; Valmir Freitas Monteiro, 22; y William Fernandes Leite, de 23. Otras 31 personas entre compañeros y vecinos de la planta resultaron heridos.

Un boletín de la Central Única de Trabajadores (CUT) de aquella época detalló: “Soldados del ejército, con tanques y armados con ametralladoras, bajo la orden de un general enviado directamente desde Brasilia, atacaron la asamblea de los metalúrgicos del CSN, golpeando y disparando. Invadieron las instalaciones de la planta en una maniobra de guerra y sembrando el terror hasta en los barrios de la ciudad. Obreros muertos, varios heridos a bastonazos y bayonetas (…) Ni en los 21 años de dictadura militar los generales de la Presidencia de la República, las fuerzas de represión, se atrevieron a matar obreros dentro de la fábrica”.

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