La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito (Regional Rosario) expresó ayer que “es indignante” que el juez de la Cámara Penal de Santa Fe Roberto Prieu Mántaras integre la terna para reemplazar al jefe del Ministerio Público Jorge Baclini, le pidió al gobernador Omar Perotti que no lo designe en el cargo y –si lo hace- le planteó a la Legislatura que rechace el pliego. Uno de los antecedentes que le reprochan al magistrado es la sentencia que revocó la condena del ex arzobispo de Santa Fe monseñor Edgardo Gabriel Storni por “abuso sexual” a un seminarista por “motivos técnicos”, que garantizó la “impunidad” del condenado y la posibilidad de cobrar la “jubilación de privilegio hasta su muerte”. Prieu Mántaras es un candidato que “subestima la voz de las infancias y el respeto a las leyes y tratados de derechos humanos que protegen a las mujeres y niñes en situaciones de violencia”, dijo la campaña.

La impugnación pública a Prieu Mántaras se conoció en una carta abierta dirigida al propio gobernador Perotti. “Es indignante” que un “juez conocido por fallos fuertemente cuestionados” integre la terna de candidatos para reemplazar a Baclini. Y mencionó tres sentencias:

*Anuló por “motivos técnicos” la condena a Storni por “abuso sexual” a un joven seminarista, que le permitió “seguir impune y cobrar su jubilación de privilegio hasta su muerte” en una casa en La Falda, Córdoba. 

*Absolvió a un violador condenado por el abuso de su sobrina de 12 años. Un fallo que luego anuló la Corte Suprema de la provincia con severas críticas a Prieu Mántaras porque relativizó "la declaración de la niña víctima de abuso sexual” en la Cámara Gesell, no tuvo en cuenta otras “pruebas que se correspondían con sus dichos” y las desestimó en forma “infundada”. “El juez desconoció la fuerza probatoria del testimonio de la menor" que “le otorgan las normativas convencionales, constitucionales, legales y la jurisprudencia de alto nivel orgánico”, denunció la campaña.

*Dejó sin efecto la suspensión de la matricula de una psicóloga de la organización Grávida que “se infiltró en el Hospital Iturraspe de Santa Fe para manipular a la familia de una menor de 12 años discapacitada, embarazada en una violación y obstaculizar el derecho de la niña a acceder a un aborto y al cuidado de su salud integral. La Corte Suprema revocó también este fallo de Prieu Mántaras y confirmó la sanción del Colegio de Psicólogos de Santa Fe a la profesional. El hecho volvió a repetirse. “Hace unos meses, la misma organización Grávida virtualmente secuestró a una niña y a su madre para obstaculizar la decisión de abortar de la niña, lo que muestra el riesgo de habilitar tales conductas mediante retorcidos fallos como los de Prieu Mántaras”.

“Estos tres ejemplos muestran la inclinación de Prieu Mántaras de subestimar la voz de las infancias y el respeto a las leyes y tratados de derechos humanos que protegen a las mujeres y niñes en situaciones de violencia”. 

 “Es particularmente indignante que a pocos días de las masivas manifestaciones por el 8M, donde la población se expresó en reclamo por las violencias que siguen sufriendo mujeres, niñes y diversidades en nuestra provincia, se piense en designar en un cargo tan estratégico para el efectivo acceso a la justicia de las víctimas a alguien con semejantes antecedentes”, concluyó.