Argentina solicitó este martes el retiro del embajador ecuatoriano en Buenos Aires tras lamentar la "incomprensible decisión del Gobierno" de Quito de solicitar el retiro de Gabriel Fuks, el embajador argentino en ese país. La decisión del gobierno ecuatoriano tuvo lugar luego de que María de los Ángeles Duarte, exministra durante el gobierno de Rafael Correa, decidiera terminar su estadía de dos años como asilada en la sede diplomática nacional en ese país y trasladarse a la de Caracas, Venezuela.

"Se ha decidido adoptar, por nuestra parte, la misma situación con respecto al embajador ecuatoriano en Argentina. El Gobierno argentino ha tomado con sorpresa y profunda tristeza la decisión de Ecuador de escalar el desacuerdo existente respecto a la situación de la señora María de los Ángeles Duarte Pesantes y llevarlo a nivel de perjuicio en la relación bilateral", indicó la Cancillería en un comunicado.

Asimismo, aclararon que “no existe norma internacional alguna que obligara a las autoridades diplomáticas argentinas a ejercer custodia sobre la Sra. Duarte Pesantes” y aclaró que “el profundo aprecio al pueblo del Ecuador no habrá de variar con esta situación coyuntural”.

También, explicaron que el predio, de 2400 metros cuadrados (es una de las delegaciones argentinas más grandes en el mundo) dificulta el contacto directo con el ala en la que vivía Duarte. “Ella estaba acá como asilada política, no tenía restricción de ningún tipo ni dio explicaciones sobre lo que se iba a hacer”, aseguraron. Y agregaron que la residencia está cuidada por la policía ecuatoriana, por lo que deslindaron responsabilidades de “custodia” de la ministra condenada, que luego de salir de la sede diplomática recorrió media capital ecuatoriana, pasó por los controles de migraciones en el aeropuerto y llegó, sin problemas, al país que preside Nicolás Maduro.

“En modo alguno se entiende que se pretenda atribuir a un accionar expreso del Gobierno argentino que la persona mencionada haya podido, por inoperancia de las autoridades ecuatorianas, circular por Ecuador y partir desde ese país hacia el extranjero eludiendo los sistemas de control dispuestos por dichas autoridades alrededor de la Residencia de la embajada argentina en Quito”, expresó el comunicado de Cancillería argentina.

Y reiteró que “lamentando por lo tanto la incomprensible decisión del Gobierno ecuatoriano de solicitar el retiro de Ecuador del Embajador Gabriel Fuks, se ha decidido adoptar por nuestra parte la misma situación con respecto al Embajador ecuatoriano en Argentina”.

“El Gobierno argentino seguirá actuando en el marco del pleno respeto de las normas internacionales aplicables y estará siempre dispuesto a entablar diálogo con las autoridades ecuatorianas para encontrar respuestas mutuamente aceptables para esta situación con el objetivo permanente de fortalecer nuestras relaciones con la República del Ecuador”, finalizó el escrito.

Sin dar su paradero, la propia Duarte agradeció vía twitter a la Argentina “por haberme cobijado ante la persecución de los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso”. Pocas horas más tarde, llegó a la sede de la embajada argentina en Caracas, dónde la recibió el embajador Oscar Laborde. La exministra de Obras Públicas tuvo un saludo protocolar hacia el diplomático y dio a entender que por el momento no piensa en viajar a la Argentina.

La estadía de Duarte en la embajada se efectivizó en agosto de 2020, antes de la llegada de Fuks a Quito y durante la presidencia de Lenin Moreno. En plena pandemia, la sede diplomática no tenía embajador designado.

Luego de su paso por la secretaría d Seguridad, con Sabina Frederic como ministra, Fuks llegó a Quito y “heredó” el problema, ya que el gobierno de Lasso-enfrentado políticamente con Correa-nunca vio con buenos ojos que la ministra utilizara su asilo como modo de evitar cumplir con la condena judicial.

La situación de Duarte

María de los Ángeles Duarte fue condenada a ocho años de cárcel por el delito de cohecho, que es imprescriptible en Ecuador. La justicia determinó que la exfuncionaria, junto al expresidente Correa -asilado en Bélgica- y otros exfuncionarios del gobierno, integraban una estructura delictiva que pidió sobornos por casi 7,6 millones de dólares a empresas a cambio de contratos con el Estado.

Correa y excolaboradores rechazaron los fallos de la justicia y denunciaron que se trató de una persecución política del actual gobierno de derecha.