En un tenso debate en el que poco faltó para que volaran botellas, la comisión de Juicio Político se reunió para recibir a lo que es la tercera ronda de testigos desde que comenzó la investigación a los jueces de la Corte Suprema. Crónica de un final anunciado, el fiscal Carlos Stornelli volvió a pegar el faltazo, pero no fue el único: tampoco se presentó el abogado Marcelo Mazzeo, cuyos chats con Marcelo D'Alessandro también se habían filtrado hace semanas. Tanto Mazzeo como Juan Manuel Olima Espel --quien sí compareció-- habían sido citados para que ratificaran en la comisión si las conversaciones filtradas que ambos habían tenido con el ministro porteño eran ciertas. El objetivo del oficialismo era probar, así, la verosimilitud de la conversación que D'Alessandro había mantenido con el vocero de Horacio Rosatti, Silvio Robles, aunque Olima Espel no terminó de confirmar su intercambio. Eso no impidió que, desde el minuto uno, Juntos por el Cambio interrumpiera a los gritos --muchas veces con golpes de mesa-- las preguntas que se hacían a los testigos.
En el caso de Carlos Stornelli, quien ya se había ausentado en la reunión pasada, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, anunció que se le solicitaría al procurador General interino, Eduardo Casal, que avanzara en "las medidas disciplinarias correspondientes". Será el paso anterior al pedido de desafuero. Se confirmó a su vez, que la denuncia por falso testimonio que se le había hecho al juez Sebastián Ramos --quien había declarado que no tenía ningún "vínculo sistemático" a D'Alessandro mientras se filtraban unos chats que sostenían lo contrario-- había caído en el juzgado penal Nº 9, a cargo del juez Luis Rodríguez.
Los chats de Olima Espel
El secretario de la Procuración General de la Nación (y mano derecha de Casal), Juan Manuel Olima Espel, había sido citado por un cruce que había tenido en Twitter con la periodista Cynthia García a raíz de unos chats que se habían filtrado de D'Alessandro, en los que Olima Espel aparecía enviándole un dictamen de la Procuración. Entonces, el funcionario de la Procuración le había respondido que "no veía lo impropio de aportar un dictamen firmado y público", lo que fue tomado por el FdT como una admisión de que los chats eran reales. Y, si esos chats eran reales, también podrían serlo los de D'Alessandro y Silvio Robles: el eje central de la investigación a los jueces de la Corte.
"¿Tuvo un intercambio con Cynthia García? ¿Cuál fue el sentido de su intervención?", le preguntó Rodolfo Tailhade, uno de los diputados más activos en la comisión (junto a Leopoldo Moreau y Vanesa Siley). "Había tenido un problema familiar con mi madre y al volver veo que tengo el celular lleno de notificaciones. Y me pareció muy injusto y por eso lo contesté", le respondió Olima Espel, al borde del llanto. Ahí empezaron los primeros gritos de JxC. "¿Puede ratificar si esa conversación existió?", le repregunta Tailhade. "En lo particular no lo recuerdo, por mi función interactúo permanentemente", respondió el funcionario de la Procuración.
El clima se iba caldeando, y a medida que Tailhade continuaba repreguntando, les diputades de JxC lo interrumpían cada vez con más fuerza. "Sos un servicio, chanta", le gritaba Omar De Marchi (PRO). "Y vos te pusiste a trabajar para Cornejo", lo chicaneaba Tailhade, haciendo alusión a la interna de JxC en Mendoza. De vez en cuando, Mario Negri (UCR) golpeaba con violencia la mesa. Gaillard hacía lo posible por mantener el orden: "Parece que no quieren que se avance en las preguntas".
La familia Garay, MOROMEDIA SRL y más gritos
Luego fue el turno de Sebastián Alberto Garay (funcionario en la Secretaría de Juicios Ordinarios de la Corte) y Guillermo Sebastián Garay (funcionario en la Vocalía de Horacio Rosatti). El primero es hijo de Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (más conocido como "de la calle Montevideo"), que es el organismo que había iniciado la acción que terminó en el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la composición del Consejo de la Magistratura. "Lo que queremos saber es si una de las partes en el expediente pudo haber tenido información privilegiada", explicó Siley, ante los gritos de JxC que denunciaban que se estaba violando la intimidad de los testigos. "Respeto Negri", le dice Gaillard al diputado radical en un momento, a lo que este respondió con un golpe fuerte la mesa y un bramido: "Respeto usted presidenta". Inmediatamente Paula Pennaca le empieza también gritar: "¿Qué te pasa? ¿Le golpeas la mesa porque es una mujer?".
"Dejen de hostigar a los testigos", reclamaba Graciela Ocaña (PRO). "Hostigamiento es lo que hiciste vos con el plan Qunita, los bebes se murieron por tu culpa", le respondió, fuera del micrófono, Tailhade.
Luego fue el turno del último testigo: Natalia Monayer (de la Vocalía de Rosatti). Leopoldo Moreau se encargó del interrogatorio, haciendo hincapié en la existencia de una sociedad llamada Moromedia SRL, uno de cuyos socios era la mano derecha de Rosatti, Silvio Robles. "¿Conoce a alguien más que integre la sociedad?, le preguntó. "Sí puedo conocer a alguien más, pero no tengo vínculo", eludía la respuesta Monayer, sin dar precisiones. Finalmente, dado que ella no lo decía, Moreau lo blanqueó: Patricia Duró, madre de la testigo, era la otra socia.
"Nosotros estamos analizando la posibilidad de que sentencias judiciales, como el fallo Muiña o de coparticipación, hayan sido negociadas o traficadas. En dos casos el que está bajo sospecha es Robles y esa sospecha conlleva la posibilidad de que no solo hayan traficado sentencias, sino que hayan anticipado a litigantes comportamientos procesales que tenían que proseguir para defender su causa", explicó Moreau. No lo dijo durante la comisión, pero esta sociedad de la que Robles es parte está bajo lupa del FdT por haber sido el "vehículo del tráfico de influencias" de las sentencias. Es decir, donde entraba la plata para comprar sentencias.
Ya sobre el cierre, la comisión adelantó quiénes serían los testigos de la próxima reunión (que será el martes 21). Los testimonios están relacionados al fallo del 2x1 a genocidas y hubo tres que llamaron la atención: el ex ministro de Justicia, Germán Garavano, el prófugo Fabian "Pepín" Rodríguez Simón y el senador del PRO José Torello.
