La Cámara Federal rechazó un pedido de Cristina Fernández de Kirchner para que la Cámara de Casación Penal revise los procesamientos de los integrantes de la organización de ultraderecha Revolución Federal. La vicepresidenta quería que se les vuelva a aplicar la figura de asociación ilícita "destinada a combatir ideologías" o "imponer sus ideas" "por la fuerza o el temor”. Es la que había utilizado el juez Marcelo Martínez de Giorgi, pero los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sostuvieron que corresponde un delito más leve, el de incitación a la violencia colectiva, mientras que Mariano Llorens sostuvo que directamente no se los puede perseguir penalmente. 

Los abogados de CFK, Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, van a volver a apelar e ir en queja a Casación. La sala de ese tribunal que tiene este caso es la I, integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques. En octubre del año pasado el juez Martínez de Giorgi ordenó detener a los integrantes de la organización Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, pero el tribunal de alzada mandó liberarlos. Luego el juzgado dictó los procesamientos en sintonía con el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita. A los dos primeros los consideró organizadores y al resto partícipes. El fallo aseguraba que con sus acciones violentas tanto en las redes sociales como en las calles se convirtieron en "actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la vicepresidenta". 

La misma sala de la Cámara que ahora pone obstáculos para que intervenga Casación, es la que consideró que había que suavizar las acusaciones. El argumento técnico es que no se está discutiendo nada equivalente a una "sentencia definitiva" o que "ponga fin a la acción". Así como apeló CFK, también lo había hecho Basile, quien consideró que no era precisa la acusación en su contra. Para ella también fue el rechazo. 

La organización

Revolución Federal había comenzado a actuar como organización en mayo pasado, cuando apareció incluso en las redes sociales y convocó movilizaciones violentas. Sus consignas, dirigidas primordialmente contra el oficialismo, incluían frases como “No los vamos a dejar en paz y van a tener miedo de caminar en la calle”; “Hay solución a esto y es yendo a buscarlos. No tienen que poder caminar en la calle en paz. #VanACorrer”; "Al kirchnerismo cárcel o bala". La famosa guillotina de la carpintería de Morel que se usó en una marcha en el Obelisco decía: “Todos presos, muertos o exiliados". Convocaban así: “Obelisco 15 horas llevamos nuestras antorchas a la calle nuevamente y marchamos hacia Casa Rosada para exigir la renuncia de Alberto y CFK”.  

En su resolución el juez Martínez de Giorgi sostuvo que no se podía afirmar que "el plan delictivo haya finalizado". Indicaba que "alentaron e incitaron a la persecución y al odio contra determinadas personas a causa de sus ideas políticas, principalmente funcionarios públicos de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional —Alberto Fernández, CFK, Sergio Massa, Silvina Batakis, Victoria Donda, entre otros— y en ese contexto atentaron contra el orden público. El grupo hizo varias convocatorias en Twitter Spaces donde directamente hablaban de matar a la vicepresidenta, a Alberto Fernández y otros dirigentes. Uno de los lemas que ellos mismos exhibían decía "que los kirchneristas tengan miedo de ser kirchneristas". Aún después del intento de magnicidio de la vicepresidenta la agrupación de perfil nazi seguía intentando organizar acciones. 

Los Caputo y el financiamiento 

Una pista que todavía sigue abierta es la del financiamiento de la organización y sus posibles vinculaciones políticas. Lo que se descubrió es que Morel, dueño de una pequeña carpintería en Boulogne, había recibido pagos siderales para la magnitud de su negocio a través de dos fideicomisos de Caputo Hermanos, que pertenece a los hermanos de Luis "Toto" Caputo, exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri. Se probaron transferencias por casi 8 millones de pesos y el propio Morel dijo los pagos eran todavía más, pero que una parte era en negro. La historia que contó alrededor de las contrataciones es inverosímil. Dijo que Rossana Caputo pasó un día por su taller y, como le gustó algo, entró. Primero le compró algo para su casa. Luego se le rompió y le pidió un arreglo. Ahí lo contrató para equipar todo un edificio llamado Espacio Añelo en Neuquén (a 1400 kilómetros de la carpintería) por ejemplo con 144 mesitas de luz y respaldos de camas. El hombre no tenía la capacidad de hacer ese trabajo, y dice que tercerizó. 

Ahora la fiscalía está a cargo de analizar esta "pata económica", reconstruir la facturación y si se condice con lo que le pagaron y con el trabajo. También interviene la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. La Policía de Seguridad Aeroportuaria está haciendo un peritaje digital del Google Drive de Morel, ya que él mismo dijo en la indagatoria que ahí anotaba todo, desde dibujos de los muebles hasta facturación. Días atrás, el dirigente Juan Grabois --una de las víctimas de la organización-- pidió que sea citado a indagatoria Flavio Caputo, titular de Caputo Hermanos, a quien acusa de proveer dinero y bienes a Revolución Federal “a sabiendas de que el mismo iba a ser utilizado con un fin ilícito”. Todavía no hay citaciones a indagatoria por la pista financiera de la causa. 

Relación con el atentado 

Además de la vinculación -señalada por Martínez de Giorgi y Pollicita- de los discursos y manifestaciones violentas de Revolución Federal con el intento de magnicidio, se analizan las comunicaciones de las personas investigadas con los implicados en el expediente del atentado. Hasta ahora tanto la jueza María Eugenia Capuchetti como la Cámara Federal rechazaron el trámite conjunto de ambas causas. La semana pasada, como informó este diario, la querella de CFK pidió medidas para profundizar la relación de una de las detenidas, Brenda Uliarte, con una integrante de Revolución Federal llamada Brenda Lara Abigail Ortega, con quien habría conversado en los días previos al atentado. "Esto es importante porque muestra un nexo entre Revolución Federal y Uliarte", sostuvieron los abogados de la vicepresidenta. En uno de los grupos de Whatsapp de la organización también se hablaba de Uliarte, que concurrió a marchas convocadas por ellos, como la de las antorchas en la Casa Rosada. Ortega declaró y minimizó el vínculo pero a la querella le llamó la atención que la mujer dijo que había borrado las conversaciones con la ahora detenida y que el celular se lo habían robado. Es algo que se repite con otros testigos, como las secretarias del diputado del PRO Gerardo Milman. 

Otro tema que  queda por dilucidar es el papel de Ximena de Tezanos Pinto, la vecina de Cristina Kirchner que recibía a los miembros de Revolución Federal en su casa en los mismos días que había manifestaciones para apoyar a la vicepresidenta, y también los días previos a que Fernando Sabag Montiel intentara matar a CFK.