La Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdE) expresó este miércoles su "profunda preocupación" frente a los cortes reiterados de luz registrados en los últimos días "que atentan contra la vida" de las personas que necesitan estar conectadas a dispositivos electrónicos para sobrevivir.
"Si bien entendemos que, a partir de la nueva ola de calor con temperaturas que superan ampliamente los 30°, afrontamos una demanda histórica de energía eléctrica, a su vez, la ola de calor pone en evidencia la falta de previsibilidad en relación a la problemática de las personas electrodependientes, negligencia, inacción, insensibilidad", señaló AAdE a través de un comunicado titulado "Basta de jugar con la vida".
El reclamo tiene lugar a casi seis años de la sanción de la ley 27.351 que estableció la creación de un Registro Nacional de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS), la gratuidad del servicio para los hogares con algún integrante en esta condición y la obligación de suministrar una fuente alternativa de energía (FAE) por parte de las empresas eléctricas.
Sobre este último punto, la organización denunció que en la actualidad "de los 15 mil usuarios que gozan del tratamiento tarifario gratuito, solo un 10% tiene FAE, volviéndonos rehenes de la burocracia en la administración pública y la desidia de las empresas".
"Ya no alcanza con que muestren empatía: necesitamos mejoras"
"A lo largo de estos años hemos logrado la sanción de una ley nacional, realizamos marcha en las puertas del ENRE, de Edesur, y de Edenor. Fuimos a la Justicia, organizamos radios abiertas; y a su vez, presentamos propuestas porque entendemos que es fácil 'tirar piedras' y quejarse, pero que tenemos la responsabilidad de aportar a una posible solución, a partir de nuestra experiencia", dice el comunicado.
Sin embargo, analizó la organización, "ya no alcanza con que nos reciban, nos escuchen, y nos muestren empatía: necesitamos que todo eso se traduzca en mejoras con una mirada interdisciplinaria, porque entendemos que la electrodependencia es transversal a distintas áreas como salud, energía, defensa civil, discapacidad".
Por eso, "nos ponemos a disposición de las autoridades, de las empresas, y de los entes reguladores, para trazar un plan de acción que nos permita de una vez, garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas" y "solicitamos a las empresas, una vez más, prioridad para restablecer el servicio a las personas electrodependientes, y entrega de grupos electrógenos", concluyó la AAdE.
El pedido de la Defensoría del Pueblo
Debido a la gravedad de los cortes registrados en los últimos días, la Defensoría del Pueblo de la Nación le pidió al titular del Ente Regulador del Servicio Eléctrico (ENRE), Walter Martello, la "urgente intervención ante la situación que se encuentran padeciendo miles de usuarias y usuarios de CABA y el AMBA por la falta de suministro eléctrico".
Entre otros puntos, solicitó que "se arbitren todas las medidas necesarias para que se restablezca -en el menor tiempo posible- el suministro eléctrico a los afectados y en caso que persistan los cortes, se gestione con las distribuidoras del servicio o con la empresa AYSA, la provisión de agua potable en los casos en que la misma falte como consecuencia de los cortes de electricidad".
También solicitó que "se tenga a bien informar si les fue debidamente garantizado la provisión alternativa del suministro" a las personas electrodependientes".
Hace más de 15 días que "se vienen registrando importantes cortes de energía eléctrica": en "algunas zonas son diarios y en otras las/os usuarias/os llevan varias semanas sin el elemental servicio", recordó la Defensoría.
Cualquiera sea la razón o los motivos por los cuales el suministro se suspendió (caso fortuito o fuerza mayor o alguna causa técnica que lo justifique) "provoca en los/as usuarios/as una afectación en sus derechos humanos fundamentales", observó el organismo en ese sentido.
Y concluyó: "El acceso y goce de los servicios públicos esenciales están ligados directamente con los derechos humanos fundamentales, es por ello que se impone sobre el Estado y las concesionarias del servicio público de electricidad la obligación de garantizar a los habitantes el goce de un estándar mínimo de servicios para llevar una vida digna".