El futuro de una píldora utilizada por medio millón de mujeres estadounidenses cada año para interrumpir sus embarazos está en juego desde este miércoles en el sureño estado de Texas ante un juez ultraconservador, a quien los opositores al aborto piden que se suspenda su autorización para todos Estados Unidos.

La audiencia, cuya celebración se mantuvo en secreto hasta el lunes para evitar posibles desbordes, se hizo en un juzgado de la ciudad de Amarillo, y solo se autorizó la asistencia de un público muy limitado. 

El juez del caso es Matthew Kacsmaryk, quien fue abogado de una organización cristiana antes de ser nombrado juez federal por el expresidente republicano Donald Trump. En la audiencia escuchó los argumentos de las partes. Posteriormente emitirá su fallo, que amenaza con tener un impacto social tan rotundo como la sentencia de la Corte Suprema que dinamitó, en junio pasado, el derecho al aborto.

Desde entonces, 15 estados conservadores prohibieron cualquier modalidad de aborto en su territorio, y otros como Florida (sureste) están en proceso de restringir severamente esta práctica.

Para Alexis McGill Johnson, presidenta de la asociación de planificación familiar Planned Parenthood, "el caso Amarillo es un llamado de atención para todos aquellos que pensaban que no les afectaba" porque viven en estados que protegen el derecho al aborto. Porque la decisión del juez Kacsmaryk podría extenderse a todo el país.

No está claro cuándo Kacsmaryk tomará su decisión, pero si falla a favor de los demandantes, se espera que el gobierno estadounidense apele. "Estamos claramente muy preocupados, como debería estarlo toda la comunidad médica. Esta sería una primera vez muy peligrosa", agregó Johnson.

Afuera del tribunal, un puñado de manifestantes llegó con carteles que exhibían leyendas como "Tu útero no, tu decisión no" o "Defendamos el aborto con medicamentos". Entre ellos estaba Lindsay London, una enfermera de 41 años, quien deploró que fuera legal un remedio "100% ideológico, que no tiene base científica".

En noviembre, una coalición de médicos y grupos antiaborto presentaron una demanda contra la agencia de medicamentos de Estados Unidos, la FDA, por haber autorizado hace 23 años la mifepristona (RU 486), una de las dos pastillas utilizadas para la interrupción médica del embarazo. Los demandantes acusan a la FDA de haber elegido "la política en lugar de la ciencia", al aprobar un producto químico que puede crear complicaciones, y de haber "excedido sus competencias". Solicitaron que, mientras se examinan los argumentos de fondo, se suspendiera la autorización de la mifepristona en todo el territorio.

Estratégicamente llevaron su apelación a Amarillo, una ciudad de Texas alejada de los principales centros urbanos, donde Kacsmaryk es el único juez federal.

La propia FDA reclamó al juez que rechace la demanda impulsada por la Alianza Defensora de la Libertad, un grupo conservador cristiano. "El interés público se vería dramáticamente dañado si se retirara efectivamente del mercado un fármaco seguro y efectivo que ha estado legalmente en el mercado durante 22 años", alegó.

Su perfil y su supuesta oposición al aborto despertaron la preocupación en las filas de los defensores del derecho al aborto, algunos de los cuales se manifestarán ante los tribunales el miércoles. "Parece increíble que un simple juez en Texas pueda tomar una decisión que afectaría un producto que ha sido aprobado por las autoridades sanitarias y se comercializa de forma segura desde hace más de veinte años", consideró Elisa Wells, cofundadora de Plan C, una red de información sobre las pastillas abortivas. Tal decisión sería "devastadora para las mujeres", denunció hace diez días la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Desde el año 2000, más de 5,6 millones de mujeres usaron esta píldora en Estados Unidos y solo algo menos de 1500 tuvieron complicaciones posteriormente. Hoy en día, la mayoría (53 por ciento) de las interrupciones del embarazo en el país son médicas, un procedimiento menos intrusivo y menos costoso que los abortos quirúrgicos.

La decisión del juez Kacsmaryk podrá ser recurrida ante la corte federal de apelaciones de Nueva Orleans, también conocida por su conservadurismo. El caso podría acabar de vuelta ante la Corte Suprema que, desde su remodelación por parte de Trump, tiene seis magistrados conservadores de nueve. Y si finalmente la justicia suspendiera la autorización de la FDA, probablemente pasarían varios meses antes de que se aplicara su decisión. Según expertos, el regulador de medicamentos debe seguir un procedimiento antes de retirar la autorización de un producto.

Las mujeres y los médicos también pueden recurrir a una segunda pastilla, el misoprostol, cuyo uso se combina hoy con mifepristona para aumentar la eficacia y reducir el dolor. "De cualquier forma, creo que será caótico cuando el juez tome su decisión", vaticina Elisa Wells.