Luego de que se conociera que la exministra ecuatoriana, María de los Ángeles Duarte Pesantes, abandonara --sin que fuera detectada por la custodia de la Policía Nacional de Ecuador-- su asilo de más de dos años en la embajada argentina en Quito y también el país, el gobierno de Guillermo Lasso declaró persona non grata al embajador argentino Gabriel Fuks y pidió su retiro de la delegación diplomática. Una situacíón que obligó a la Casa Rosada a tomar una decisión similar y ordenó la salida del representante ecuatoriano en Buenos Aires, Xavier Alfonso Monge Yoder. La tensión entre ambos países escaló de manera preocupantes. Fue así que el canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín buscó bajarle un grado a la tensión y dijo que el cortocircuito diplomático "de ninguna manera debería afectar las relaciones en el mediano y largo plazo" entre ambos países. Sin embargo, la Cancillería argentina se mantuvo en su posición y aseguró que el tiempo que Duarte Pesantes llevaba viviendo en la embajada argentina atentaban “contra sus derechos fundamentales” y los de su hijo, de nacionalidad argentina y menor de edad.
Todo comenzó cuando el gobierno ecuatoriano se enteró de que la exfuncionaria del gobierno de Rafael Correa había abandonado la residencia el fin de semana sin dar aviso ni ser detectada por la custodia de la Policía Nacional de Ecuador. Duarte Pesantes reapareció el martes, pero esta vez en la sede diplomática argentina en Caracas, Venezuela. Allí explicó que tomó la decisión de “salir bajo su riesgo” luego de la negativa del gobierno de Lasso de otorgarle “el salvoconducto que me correspondía como asilada política” y que había sido pedido por la Argentina. Luego vino el retiro de los embajadores.
El canciller Holguín declaró entonces que esta crisis política “de ninguna manera debería afectar las relaciones en el mediano y largo plazo entre Ecuador y la Argentina, que son relaciones bajo una base sólida de principios, con una coherencia bilateral muy fuerte”. “Un rompimiento diplomático no solo no cabía en este momento, sino que sería una medida contraproducente por una gran cantidad de ecuatorianos que tenemos nosotros en Argentina, por relaciones comerciales que existen con la Argentina”, planteó.
El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina, Santiago Cafiero, recordó que Duarte estaba en la residencia desde agosto de 2020 y que “pese a todos los intentos de ambas partes por encontrar una solución compartida, el prolongado paso del tiempo fue generando una situación que atentaba contra sus derechos fundamentales”. “No sólo los derechos de la Sra. Duarte sino también los de su hijo, menor de edad y de nacionalidad argentina, que la acompañaba en la Residencia. Tanto fue así que lo elevé para su intervención a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, destacó.
En ese sentido, el titular de la Cancillería reivindicó la decisión de otorgar el asilo y pedir el salvoconducto porque “su situación de vida y la de su hijo eran precarias”. Ante el rechazo ecuatoriano la Argentina manifestó, según dijo el canciller, "disposición para enmarcar la acción en el derecho internacional, que ofrece mecanismos de solución para estas controversias”.
Duarte Pesantes se instaló en la residencia argentina en Quito el 20 de agosto de 2020. A principios de diciembre último, la Argentina dispuso concederle el asilo diplomático, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero el gobierno de Ecuador se negó a otorgarle el salvoconducto que prevén las normas del Derecho Internacional y que le hubiera permitido viajar a la Argentina. Los “esfuerzos en la búsqueda de un entendimiento común” fueron “infructuosos”, informó entonces la cartera que conduce Cafiero.
El lunes, luego de que personal de la embajada en Quito comprobara la ausencia de Duarte Pesantes en la residencia, el canciller le informó la novedad a su par ecuatoriano Juan Carlos Holguín. Esa misma tarde el embajador Fuks fue citado por el vicecanciller Luis Vayas a una reunión de la que participaron también el secretario general de presidencia Juan Pablo Ortiz, el jefe de Policía y –por videoconferencia– el propio canciller Holguín. Fue un encuentro en duros términos, según reconocieron los propios ecuatorianos, en la que Ortiz en particular enarboló un discurso netamente “anti-argentino”.
El martes por la mañana el embajador concurrió por segunda vez a brindar información. Horas después, Ecuador calificó las explicaciones de Fuks de “insuficientes” y cuestionó la decisión de no entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la residencia, que ninguna sede diplomática tiene obligación de entregar, pese a lo cual la Cancillería barajó la posibilidad de hacerlo vía mandato judicial.
Para la Cancillería argentina "no existe norma internacional alguna que obligara a las autoridades diplomáticas argentinas a ejercer custodia sobre Duarte Pesantes” y aseguró que fue “la inoperancia de las autoridades ecuatorianas” (la Policía Nacional custodia las embajadas) lo que permitió que la exministra “haya podido circular por Ecuador y partir de ese país hacia el extranjero eludiendo los sistemas de control dispuestos alrededor de la residencia de la embajada argentina en Quito”.
