En la tercera sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta, las y los ediles solicitaron claridad al Tribunal Administrativo de Faltas, pidiendo saber si serán validas las fotomultas que no cuenten con la presencia de un agente de tránsito. Los legisladores afirmaron que de ser legal esta metodología, no hace cesar la infracción y tampoco identifica al conductor, yendo en contra de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

El concejal Pablo López, integrante del bloque PRO, afirmó que el pedido de resolución que realizó junto a sus pares "busca tener certezas sobre una normativa que puede prestarse a diferentes interpretaciones". Por ello, solicitaron al Tribunal Administrativo de Faltas que realice una interpretación para declarar si tiene validez, legalidad o legitimidad tomar la infracción sin la presencia de un agente que haga cesar la infracción. 

En ese sentido, retomó la ley nacional 24.449 que en su artículo 70 establece una metolodología en materia de comprobación por infracciones en alta velocidad con cinemómetros, en el que se indica que son veraces si está presente un agente que pare la infracción y también identifique a la persona que conduce el vehículo. 

El legislador también recordó que el Concejo Deliberante salteño adhirió a la legislación nacional, a través de la ordenanza 14.395, donde incluso incorporaron que el agente de tránsito debe paralizar el accionar e identificar al infractor. "Ya tenemos una ordenanza que estipula cómo proceder ante una infracción vial", insistió. 

Por eso dijo que si esta norma no se contempla en el sistema de fotomultas, "solo vamos a tener una cámara fija que toma la foto del infractor y nadie lo podrá detener, luego volverá a pasar por el mismo lugar cometiendo la misma infracción y será multado nuevamente, sin detener su comportamiento o sin enterarse que realmente trasgredió las reglas”. López expresó que tener una mera captación de imágenes "no puede ser considerado como método de prevención para la seguridad vial, sino simplemente recaudatorio”.  

Si bien, el concejal José Gauffín (PRO) no estuvo en la votación, afirmó que "una cámara fija no salva vidas por sí misma, un auto pasa a alta velocidad, le sacan la foto, le labran el acta y a unos metros más adelante puede producir un accidente fatal".

Las fotomultas aún no se han puesto en funcionamiento en la ciudad de Salta. Esto se debe a que en agosto del año pasado las y los ediles aprobaron por unanimidad, aunque con quórum estricto, una resolución por la que solicita al Ejecutivo Municipal que suspenda la ejecución total del convenio suscripto con la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), absteniéndose de poner en funcionamiento el sistema de fotomultas, por incumplimiento de los procesos administrativos previstos en la ordenanza ordenanza 5552/89, que regula el funcionamiento del Tribunal de Cuentas Municipal.

No obstante, el cuerpo de concejales dejó en claro que este sistema se pondrá en marcha en la capital por lo que "es importante que el Tribunal (Administrativo de Faltas) nos traiga certezas porque estamos pronto a tenerlo", expresó López. 

Durante la sesión, también se aprobó la iniciativa de la edila Paula Benavides (Salta Independiente) por la que se dispone la creación de Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Públicas que llevan adelante diferentes actividades en la ciudad. Con ello, se pretende recabar información y datos de fundaciones, asociaciones civiles simples, asociaciones, iglesias, comunidades o entidades religiosas. Se suman las cooperativas, colegios profesionales, cámaras empresariales, sindicales, consulados, comunidades originarias y de cualquier otra de interés. 

Además, se indica que dicho registro estará a cargo de la secretaría administrativa del Concejo Deliberante de Salta y podrá ser consultado por cualquier otra área.

¿Quién se preocupa por los inquilinos?

En la etapa de manifestaciones, el concejal José García (UPS) recordó que ayer se celebró el Día de la Defensa del Consumidor, por lo que veía conveniente destacar que el año pasado el Concejo Deliberante aprobó modificaciones a la ordenanza 14.501, de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta, en la que se dispuso la creación del Programa de Atención al Inquilino. 

El recuerdo también vino a cuenta de que la intendenta Bettina Romero comunicó que la Municipalidad creó una Defensoría "para cuidar" a inquilinos, consorcistas y propietarios. A través de este servicio se brindarán asesorías jurídicas y conciliaciones gratuitas y los vecinos contarán con un registro de consorcios. “Esta acción muestra un gobierno activo y cercano que apoya a los vecinos con soluciones concretas y con los servicios que nos demandan para defender sus intereses”, dijo la intendenta.

Tanto el programa aprobado por los ediles como la nueva defensoría en el ejido municipal, mantienen similares funciones. En esa línea, García destacó que desde noviembre del año pasado el programa aprobado por el Cuerpo recibió más de 100 consultas, de las cuales el 10% requirió la confección de un expediente ante organismos públicos y privados. Además, el 50% de las consultas estaban referidas a la forma de aplicación de las actualizaciones anuales previstas en los contratos, según la ley nacional de alquileres. 

"Se detectó también que el 80% de las consultas resultó que poseen contratos informales", resaltó, dando a conocer que se llevaron a cabo conciliaciones, encuentros, asesoramientos, algunos terminaron "en buen término". "Celebro que se siga tratajando en la materia y que se creó esta defensoría, pero no se debe dejar de lado el trabajo que se realizó desde el Concejo Deliberante", expresó García.