El Gobierno nacional aclaró que la definición de estatizar o reprivatizar la empresa Edesur aún no está cerrada. Explicó que esa decisión dependerá de cómo avance la denuncia penal que presentará contra los directivos de la compañía y del informe que el ENRE entregará en menos de 90 días, sobre la situación del servicio eléctrico.

“No es una cuestión de Estado sí o Estado no. Es una cuestión de que el usuario tenga lo que tiene que tener”, puntualizó la Casa Rosada tras conocerse el mandato que la Secretaría de Energía le dio al ENRE para formalizar una denuncia penal contra el directorio de esa compañía por “malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona”.

"Con el debido cuidado"

La denuncia será presentada en las próximas horas mientras el organismo controlador puso el pie en el acelerador sobre las conclusiones de la auditoría realizada a la empresa de capitales italianos. 

Una vez que el Gobierno tenga esas conclusiones en la mano, la primera decisión que tomará el Estado, “a través de los organismos correspondientes o del Congreso”, es resolver si hay causales para que se quite la concesión a la distribuidora. Una vez resuelto esto, analizará si estatiza o hace un nuevo llamado para la concesión privada.

“Hay que hacerlo con el debido cuidado por la forma en que se hicieron las privatizaciones en los años ’90, que le dieron la concesión a Edesur por 100 años”, y esto “implica contemplar si puede haber un perjuicio para el Estado”, explicó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.

En este sentido, la vocera agregó que las alertas están puestas en el modo en que “puedan intervenir los organismos internacionales” como el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). Entonces, para que no haya perjuicio contra el Estado, habrá que esperar el informe del ENRE.

“La empresa no puede alegar nada”

Lo cierto, agregó Cerruti, es que “a esta altura del partido, la empresa no puede alegar nada” a su favor, porque “después de haber tenido las tarifas dolarizadas” y de haber sido favorecida “con un aumento de tarifas del 3 mil por ciento durante el gobierno de Mauricio Macri, nunca realizó la inversiones que tenía que realizar”.

Y esto que quedó a la vista con el promedio de 75 mil usuarios sin servicio que tuvo en su área de cobertura. “Las empresas generan ganancias, no tienen problemas para invertir”, lo que ocurre es que “toman decisiones de no invertir” para resolver las contingencias del servicio, sostuvo al ser consultada sobre el tema.

En este punto comparó a Edesur con el servicio que presta Edenor, en cuyas manos está la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A pesar de las contingencias y la ola de calor que llevó la demanda de electricidad a niveles altísimos, “Edenor tuvo muchos menos cortes” que la firma ahora sentada en el banquillo.

“Edesur está en un proceso de venta y eso también tiene que ver” en la eventual decisión que tome el Gobierno. Por eso, recalcó, “hay que ser muy cuidadosos para que ningún punto pueda ser usado contra el Estado”.