El congreso de El Salvador aprobó la duodécima ampliación del régimen de excepción promovido por el presidente Nayib Bukele como parte de su “guerra contra las maras”.
Con esta decisión el país centroamericano cumplirá en pocos días un año bajo un régimen que suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
Más de 60 mil personas fueron detenidas desde marzo de 2022 cuando se aprobó esta medida criticada por organismos de derechos humanos y familiares que denuncian detenciones arbitrarias.
Un año de régimen de excepción
La Asamblea Legislativa salvadoreña donde el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) tiene una amplia mayoría aprobó la ampliación del régimen de excepción. La medida fue presentada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro y fue aprobada con 67 votos de los 84 asambleistas.
La nueva extensión del régimen fue aprobado sin estudio o debate legislativo en el órgano unicameral de El Salvador. La medida fue aprobada por primera vez a finales de marzo de 2022 luego de una escalada de asesinatos en la que murieron más de 80 personas. El gobierno de Bukele atribuyó los crímenes a las maras (pandillas) salvadoreñas y ordenó la suspensión de las garantías constitucionales.
Las garantías constitucionales suspendidas son el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el plazo máximo de detención provisional de 72 horas.
Detenciones arbitrarias y atropellos
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 7.900 denuncias de atropellos, la mayoría por detenciones arbitrarias.
Según cifras oficiales, ya fueron detenidas cerca de 66.000 personas a las que el gobierno acusa de ser pandilleros. Mientras que unas 3.000 fueron puestas en libertad, aunque organizaciones humanitarias denuncian que las personas quedan bajo libertad condicional.
El Movimiento de Víctimas del Régimen denuncia la detención de personas inocentes. "Muchos inocentes están saliendo pero en cajas, han muerto bajo la responsabilidad del régimen de Bukele", denunciaron en redes sociales. Además, convocaron a una gran marcha el próximo 28 de marzo frente a la Asamblea Legislativa para pedir justicia por las miles de personas detenidas de forma arbitraria.
El Comité Familiares Víctimas del Régimen Bajo Lempa denunció la detención de 66 personas en el Bajo Lempa, en el oriente salvadoreño. La semana pasada elevaron su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Esperamos que nos puede ayudar a recuperar la libertad de nuestros seres queridos, detenidos sin ningún proceso legal justo", escribieron en su cuenta de Twitter.
La Mega-cárcel de Bukele
Esta semana el mandatario salvadoreño anunció el traslado de 2.000 presuntos pandilleros a la nueva prisión de máxima seguridad y ya son 4.000 los detenidos en la cárcel “más grande de toda América”, como la llama Bukele.
"Este día, en un nuevo operativo, trasladamos al segundo grupo de 2.000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)", publicó el mandatario en Twitter.
La creación del Cecot fue anunciada hace unas semanas por el gobierno de El Salvador que publicó una serie de imágenes ampliamente cuestionadas: presuntos pandilleros rapados y con los torsos desnudos, caminando en cuclillas con las manos en la espalda.
Según el gobierno de Bukele, el régimen de excepción y el Plan Control Territorial permitieron la caída de los homicidios. Los datos de las autoridades salvadoreñas indican que en 2022 hubo un 57% menos de homicidios en comparación a los registros de 2021.
La mitad de la población salvadoreña considera que el régimen de excepción "no resolverá el problema" de las pandillas en El Salvador, aunque el 75,9 % de los ciudadanos aprueba la medida, según un sondeo del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana (UCA) divulgado en octubre de 2022.
