- Hace 15 días no tengo luz en mi casa. Cortamos la calle todas las noches. Llamamos al ENRE e hicimos el reclamo, pero no pasa nada – dice Amalia, vecina de Parque Avellaneda y usuaria de Edesur.

- Hace tres meses sufro cortes intermitentes. No tengo heladera, baño ni agua. Son cínicos, me responden que no pueden hacer nada – suma Sergio, harto de vivir a oscuras.

Con decenas de miles de usuarios afectados por los cortes de luz registrados en las últimas semanas en el área metropolitana de Buenos Aires, finalmente el Gobierno anunció que avanzará en una denuncia penal contra el directorio de Edesur por malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona. En paralelo, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) lleva a cabo un informe para determinar si se avanza en la quita de la concesión, vigente hasta 2087, de acuerdo con la ley que permitió las privatizaciones hace más de 30 años, en pleno gobierno de Carlos Menem.

Quién está detrás de Edesur

A corto plazo, el plan del gobierno es impulsar la denuncia contra las autoridades de Edesur, que tiene a su cargo la distribución de energía en la mitad del AMBA y posee alrededor de 2,5 millones de usuarios en todo el país. La presentación judicial es por los sucesivos cortes de luz, pero también por la falta de respuestas a los usuarios.

Edesur es propiedad del Grupo ENEL, que en Italia presta el servicio de energía eléctrica a nivel nacional y es administrada por el Estado, pero que a nivel mundial opera en decenas de países de todo el mundo, desde Francia, hasta Rusia, México y Canadá, donde poseen negocios vinculados a la producción y generación de energía. 

¿Es posible estatizar Edesur?

A mediano plazo, sin embargo, aparece en el radar la posibilidad de avanzar en la quita de la concesión o la estatización de la empresa, que desde hace años opera con falencias y, a pesar de los aumentos del 3.000 por ciento durante el Gobierno de Mauricio Macri, no llevaron a cabo las inversiones necesarias para que se deje de cortar la luz. 

Para eso, el ENRE trabaja en una auditoría de la firma que enviará al Congreso en menos de tres meses con el objetivo de discutir si se avanza en la quita de la concesión o si, como reclaman organizaciones de consumidores y expertos, se puede lograr que vuelva a manos del Estado.

Para el vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigador del Conicet, Germán Pinazo, el modelo de concesión de la distribución de energía está agotado. En cambio, plantea la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión estatal que permitiría reducir los subsidios millonarios que reciben las empresas distribuidoras, pero también avanzar en una mejora del servicio. “En el mundo las principales distribuidoras de energía son públicas. En el resto del país no hay ninguna provincia donde la energía sea distribuida por empresas privatizadas. Son públicas o cooperativas”, explica a Página/12.

Pinazo ejemplifica que países como Francia, los Estados Unidos e Italia tienen empresas de distribución y generación de energía estatales. “De las cinco firmas más grandes del mundo, la mayoría tienen control accionista mayoritario del Estado, y no son países comunistas, los raros somos nosotros”, ironiza el investigador, que considera que se pueden construir las condiciones para discutir la estatización. “Los subsidios – precisa – son diez veces más altos que lo que costaba Segba. Hoy ya no se pueden sostener, porque el servicio es malísimo y no hay forma de controlar que se traduzca en mejoras para los usuarios”.

Edesur bajo la lupa: cómo sería la estatización

Osvaldo Bassano, director de la Asociación Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), dice a Página/12 que no hay forma de que una empresa privatizada lleve adelante la inversión necesaria para evitar los apagones. “Se tiene que estatizar”, insiste con vehemencia. Por eso, aclara que el Estado debe intervenir la empresa, estudiar las zonas más conflictivas y luego comenzar con un proceso de inversiones.

“En las zonas que tienen menos cortes, como Puerto Madero, no hay que meterse. Donde faltan subestaciones, como pasa en el sur, hay que hacer reparaciones de forma inmediata. Además del ENRE, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata pueden relevar qué obras hay que hacer para mejorar el sistema”, enfatiza Bassano. Cableados viejos, parches en subestaciones y transformadores obsoletos son algunas de las razones que explican el colapso que produce los cortes de luz.

La discusión respecto al futuro de Edesur tampoco está saldada en el Gobierno. Hay sectores que creen que se debe revocar la concesión y buscar a una nueva concesionaria del servicio, mientras que otra ala se inclina por la estatización. Sin ir más lejos, un nutrido grupo de intendentes del sur del Conurbano bonaerense insiste desde hace tiempo en que debe volver a manos del Estado.

“No sé si el modelo es volver a lo que fue Segba”, advierte Pinazo, en alusión a la empresa estatal de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Las privatizaciones que entraron en vigencia en julio de 1992 reestructuraron el servicio por completo y lo dividieron en tres: generación, transmisión y distribución. Edesur es el último eslabón, aunque los vínculos e inversiones de las distribuidoras están vinculados con los otros integrantes de la cadena. 

“La idea original era que las empresas no estén relacionadas, pero los grupos empresarios tuvieron vínculos y tienen injerencia en la distribución y transporte, y también con la generación eléctrica”, concluye Bassano. Para Pinazo, es clave que el Estado recupere un rol protagónico en la prestación del servicio. “Cada vez que se redujo la participación estatal aumentó la deficiencia”, señala.