La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires promovió ante la Justicia porteña una demanda colectiva en representación de los vecinos contra la empresa de distribución Edesur “por la falta de trato digno y carencia de información ante la interrupción del servicio eléctrico que padecen miles de usuarios en plena ola de calor" y pidió que se le aplique multas de entre 73.000 y 308.000 pesos.
La demanda presentada por la defensora María Rosa Muiños exige a Edesur y otras empresas relacionadas que informen "de manera veraz las características de la falla eléctrica, la hora y el día del restablecimiento del servicio, la posibilidad de nuevos cortes y las particularidades de los trabajos realizados”.
En diálogo con AM750, Muiños afirmó que "se llegó a un límite" con la situación relacionada con los cortes. "Estuvimos estas semanas de calor extremo en la Ciudad de Buenos Aires con un numero aproximado de 400 mil usuarios sin luz, lo que significan por lo menos 1 millon y medio de personas, o sea la mitad de la Ciudad. Esta situación no da para más", aseguró.
Asimismo, señaló que a Edesur "se le cayó el relato", ya que "tuvieron tarifa plena durante cuatro años y no hicieron las inversiones y no hay nada que indique que vayan a hacer alguna".
"Por eso los rumores de que se quieren ir. Tienen ganancias netas importantes con un servicio absolutamente deficiente", remarcó.
¿Regulación o estatización?
En tanto, el Gobierno nacional aclaró que la definición de estatizar o reprivatizar la empresa Edesur aún no está cerrada. Explicó que esa decisión dependerá de cómo avance la denuncia penal que presentará contra los directivos de la compañía y del informe que el ENRE entregará en menos de 90 días, sobre la situación del servicio eléctrico.
En este contexto, el ENRE presentó hoy una denuncia penal contra las autoridades de la empresa Edesur por los presuntos delitos de "defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados, abandono de personas y entorpecimiento de los servicios públicos".
Más allá de lo dicho, para la defensora del pueblo porteña lo que hay que revisar son los pliegos de las concesiones.
"Lo que vemos es que hoy se le aplican multas a estas empresas. Las multas son irrisorias y no terminan redundando en beneficio del usuario, porque lo que quiere es su servicio. Eso lo contienen los pliegos y eso es lo que hay que revisarse, continúe esta empresa, sea otra o el servicio lo tome el Estado", subrayó.
La Defensoría del Pueblo porteña informó en su denuncia que también la Ley de Defensa del Consumidor, cuando se viola el trato digno, "faculta al juez para aplicar una multa civil a favor del consumidor final –por daño punitivo-, que se estipula entre la mitad y dos mil cien canastas básicas que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC)”.
“En ese orden, se requirió que se les aplique multas de entre $73.000 y $308.000 aproximadamente para resarcir directamente a los damnificados consumidores y usuarios finales”, añadió el organismo.
