Osvaldo Bassano es oriundo de Lomas de Zamora, abogado especialista en derecho de consumidores y usuarios. Desde hace más de veinte años dirige la Asociación de Usuarios y Consumidores (ADDUC), con la que litiga contra corporaciones, asesora a usuarios y forma profesionales a través de talleres de capacitación. A propósito de la crisis desatada por el mal funcionamiento de EDESUR, Bassano sostiene que las leyes de privatización de los años noventa “vinieron mal paridas” y que es necesario crear un fuero específico para estas cuestiones, que se distinga por su velocidad.

--Hoy todos hablan de EDESUR. ¿Hay algo nuevo ahí o es una especie de "crónica de una muerte anunciada"?

--El sistema de energía viene mal parido. La ley de 1990 se hizo para garantizar la ganancia de las empresas y socializar las pérdidas, porque el que termina haciendo las obras es el Estado. Por eso la película termina con EDESUR totalmente desmantelada, con cables de más de 40 años, y otros más viejos todavía. Por eso, cuando sube la temperatura las conexiones vuelan, faltan operativos de contingencia y la gente pasa semanas sin energía o con baja tensión. A partir de 2016, a esta realidad hay que sumarle la concentración en un grupo monopólico que integran Nicolás Caputo, Joe Lewis, Marcelo Mindlin y José Luis Manzano, que tienen participación cruzada en las empresas. Lo único que llega con regularidad son las facturas, a veces infladas. Pero el servicio no, porque las concesiones fueron hechas para ganar plata, no para brindar servicios. Son dos objetivos distintos. Eso es lo que hay que revisar y solucionar.

--¿Hay casos de servicios esenciales en manos privadas que estén bien regulados?

--Antes se consideraban esenciales la luz y el agua, pero a partir de la pandemia se asume que la conectividad, internet y telefonía celular también lo son. Yo diría vitales. La Corte Suprema, al cercenar el decreto 620, permite por tercera vez la continuidad de la cautelar y libera los aumentos. El problema con los esenciales, como dije antes, es que la ley vigente no los obliga a invertir, entonces la responsabilidad recae finalmente sobre el Estado. Por eso, esas empresas deben ser estatales. Hay que destruir el monopolio privado, porque de lo contrario vamos camino a quedarnos sin energía. Sin energía eléctrica no hay agua, no hay conectividad, no hay semáforos, y aumentan los accidentes. No se puede estar sin energía, y no podemos dejar que nos sigan corriendo con el cuco del CIADI.

--¿Qué implicaría estatizar?

--Hay que hacer enormes inversiones que ningún privado va a hacer. No lo hace ahora la italiana ENEL, como no lo hizo la española ENDESA en su momento, no ponen un peso. Está por escrito en las actas de 2015, cuando compraron el paquete, que su voluntad era no poner un mango. Atrás de él estaba Caputo, era un negocio financiero. Por eso, si no lo resuelve el Estado, vamos a terminar con velas.

--¿Cómo surge la disputa por los derechos de los consumidores?

--El derecho del consumidor en Argentina nace en 1993, en principio por un tema de conveniencia política. Fue una iniciatica de los radicales que Menem ejecuta, porque estaba privatizando y desguazando al Estado, y le servía que hubiera alguna figura de este tipo. Cuando ese año, finalmente se sanciona la ley 2.4240, se sanciona no nata, fallida, porque habían retirado del proyecto original una serie de elementos que sí hubieran favorecido a los consumidores: el daño directo, y la responsabilidad objetiva. A nivel internacional, nace por un discurso del presidente de los Estados Unidos John Kennedy, un 15 de marzo, cuando enviaba una ley en defensa de los consumidores de un medicamento denominado talidomida, que era un invento de origen nazi y que se desubrió que causaba malformaciones y discapacidades en bebes y pérdidas de embarazos. Hacía estragos. Es decir que la base de los derechos del consumidor son los derechos humanos. Luego lo tomó Naciones Unidas, y lo amplió. Hoy se extiende para cubrir aspectos novedosos como el consumo digital y la virtualidad. El problema no es de falta de normas adecuadas sino de incumplimiento. La responsabilidad mayor, obviamente es del Estado. Luego viene la avaricia de las corporaciones.

--¿Cuán importante es la definición de un alcance territorial para el ejercicio y defensa de esos derechos? ¿Qué pasa por ejemplo en el conurbano?

--Hay diversas situaciones a lo largo y ancho del país. Te doy un ejemplo bonaerense. La ley provincial es la 13.133, que en su articulado crea las Oficinas Municipales de Información al Consumidor, las OMIC, que a veces funcionan y otras no, dependiendo de la voluntad del intendente, la situación política, entre otros factores. Pero, aun cuando eso funciona, sigue habiendo una carencia importante: faltan jueces especializados. Las cuestiones de derecho del consumidor recaen sobre jueces civiles y comerciales que no tienen nada que ver, porque no están especializados. Nosotros apuntamos a que se cree un fuero específico, con un procedimiento rápido, oral, eficaz, para que un juicio no dure cinco años y haya sanción real. En la ciudad de Buenos Aires recae en el contencioso administrativo, que entiende menos todavía.

--¿Qué modificaciones jurídicas son necesarias en la provincia de Buenos Aires para consagrar con mayor entidad los derechos de usuarios?

--La ley 13.133 está bien, pero la diferencia la harían juzgados específicos, con procedimientos específicos. Muchos jueces actúan bien, pero no están para esto, están para otras cosas. Muchas salas de las cámaras de apelaciones no entendieron de qué se trata, al punto que le hacen pagar a los consumidores tasas de Justicia o les cargan costas. Esto es lo urgente, sólo así las empresas van a dejar de vulnerar los derechos del consumidor, que es una manera de vulnerar la vida de los consumidores, porque adquieren bienes y servicios para su existencia vital. 

--¿Hay cambios en la actitud frente a los reclamos en comparación con la gestión anterior?

--En el último tiempo, la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia intervino en forma directa en varios temas muy interesantes y aplicó sanciones, cosa que nos enorgullece. Las asociaciones de consumidores de la provincia de Buenos Aires tenemos la responsabilidad de impulsar y militar estas medidas y su alcance, que difiere según el alineamiento político. En Lanús, por ejemplo, la Oficina Municipal de Información al Consumidor no funciona. Me parece que el camino que ha tomado la Provincia es el adecuado, esperamos que no lo abandone y siga construyendo. En el gobierno anterior nadie nos atendía, no teníamos con quién hablar, porque no les interesaba. El derecho al consumidor molesta porque nadie quiere malquistarse con las grandes corporaciones.