Desde el Frente de Todos (FdT) analizan la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para antes que finalice marzo, en busca de destrabar el bloqueo impuesto por Juntos por el Cambio (JpC) que decidió no dar quórum para sesionar mientras se sustancie en el Congreso el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La idea que maneja el oficialismo es llevar al recinto el 28 de marzo el proyecto de fortalecimiento de sistema de justicia federal y provincial en Santa Fe para combatir el narcotráfico, una iniciativa respaldada por el grueso del arco político y que pone a prueba la estrategia del interbloque macrista que paralizó la actividad legislativa. Aunque, desde JpC sostienen que no se opondrán al tratamiento de la reforma judicial santafesina y le apuntan al oficialismo por la “demora”. Si el FdT consigue el tratamiento del proyecto, también convocaría para el día siguiente, el 29, a otra sesión para que el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, rinda el informe de gestión de Gobierno ante la Cámara baja.

Con el periodo de sesiones ordinarias abiertos pero con un Congreso paralizado por el bloque del principal interbloque opositor, el oficialismo trabaja en una convocatoria para volver al recinto de Diputados para sesionar. En el FdT están dispuestos a avanzar con la reforma de la justicia federal y provincial en Santa Fe para robustecer el sistema de justicia en la lucha contra el narcotráfico, y en especial en la ciudad de Rosario.

En medio de negociaciones y charlas informales con otros espacios parlamentarios, el oficialismo espera algunas resoluciones administrativas para acelerar los pasos. Entre ellos, el informe que elabora sobre el proyecto la Oficina de Presupuesto del Congreso, para luego convocar a la comisión de Presupuesto de Diputados –donde el FdT tiene mayoría propia— y emitir el dictamen para llevar el texto al pleno de la Cámara. Un trámite que legislativo que podría estar concluido la semana próxima. Lo que daría tiempo al oficialismo de concretar las negociaciones que le permitan llevar al recinto el proyecto, estimado en principio para el 28 de marzo.

El proyecto de reforma del organigrama judicial propone crear 27 fiscalías federales, 15 en Rosario y 7 en Santa Fe, las ciudades de la provincia más castigadas por el narcotráfico. El texto de la iniciativa que fue consensuada en 2022 por 18 de los 19 diputados nacionales por Santa Fe (con la excepción María Lehmann de la CC), también incorpora a la justicia santafesina 9 cargos de defensor público, 9 jueces penales de garantías y otros 6 de revisión; dos jueces con funciones de juicio y ejecución con asiento en esas mismas dos ciudades.

La urgencia que requiere el proyecto frente a la crítica situación del narcotráfico en la provincia –sumado a los refuerzos de fuerzas de seguridad nacionales en acuerdo entre Nación, provincia y el municipio rosarino--, pone a prueba la estrategia opositora de continuar con el bloqueo legislativo continúe el juicio político a los cortesanos y en cuya defensa se abroqueló el JpC. Sin embargo, desde el interbloque opositor afirmaron a PáginaI12 que “están dispuestos a sesionar” para avanzar con el proyecto, al tiempo que le apuntan al oficialismo “por la demora” sobre la iniciativa.

La presencia del jefe de Gabinete ante la Cámara baja –un reclamo recurrente de JpC— también podría abrir la negociación para incorporar a la primera sesión otros proyectos “no conflictivos” al temario. No pocos en el oficialismo consideran que iniciativas como la modificación de los artículos sobre donantes y bancos de sangre en la ley de Sangre Humana y la creación del Parque y Reserva Nacional Laguna del Palmar en la provincia de Chaco deberían ser de la partida, así como la creación del Monotributo Tecnológico, donde las diferencias con la oposición “no son insalvables”. Habrá que ver si las negociaciones prosperan.