Decenas de miles de hogares sin luz hace días, denuncias que florecen con furia en municipios y organismos públicos, escuelas que tienen que evacuar a las apuradas porque se incendian transformadores: la crisis social desatada por la deficiencia del servicio de Edesur obliga al gobierno nacional a enfrentarse, por estas horas, a la disyuntiva de si quitarle o no la concesión del suministro eléctrico. Ya hubo una denuncia penal oficial y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) avanza en un informe que de cuenta de cómo la empresa no está cumpliendo con los servicios básicos. Pero para un importante sector del Frente de Todos aquello no es suficiente: hay que ir por la estatización de Edesur. Son cada vez más las voces oficialistas que presionan dentro del gobierno nacional para que avance en esa línea e, incluso, Máximo Kirchner y algunas espadas kirchneristas ya comenzaron a diseñar un borrador de un proyecto de ley en esa línea. De un lado a otro de la grita (interna) la conclusión, sin embargo, es la misma: la situación así no da para más.
Hace más de dos semanas que la ola de calor infernal que golpea el Área Metropolitana de Buenos Aires tiene sumida en la bronca y la incertidumbre a una media de 100 mil usuarios por día que, ocasional o ininterrumpidamente, se encuentran sin energía. La lluvia trajo algo de alivio, pero el jueves todavía había unos 62.600 usuarios de Edesur que estaban sin luz. La excusa todoterreno de la distribuidora es que las inversiones están atadas a las tarifas y que, por lo tanto, hay que subirlas si se quiere que haya mejoras en la infraestructura. Sin embargo, un informe del ENRE demostró que durante el gobierno de Mauricio Macri (2016-2019), cuando las tarifas aumentaron entre un 1600 y 2100 por ciento, las inversiones eléctricas disminuyeron con respecto a 2015. Es más, según un informe de CEPA, las inversiones en relación con la facturación se redujeron a la mitad durante el gobierno de Cambiemos.
El caso de Esteban Echeverría, municipio que ayer denunció penalmente a las autoridades de Edesur, funciona como claro ejemplo de lo que viene sucediendo en el conurbano sur desde que en los 90' la italiana Enel se hizo cargo de la concesión. "Siempre se quejan de que las tarifas no les alcanzan. Cuando comenzó el gobierno de Macri firmamos un convenio en el que Edesur se comprometía, en un plazo de cinco años, a invertir en una subestación en Luis Guillón. En ese tiempo hubo un alza tarifaria a niveles internacionales, pero Edesur nunca hizo las obras", se quejó el intendente Fernando Gray, que se jacta de haberle ganado ya varias denuncias judiciales a la distribuidora en los últimos 15 años. "El Estado tiene que rescindirles la concesión. Con todos los incumplimientos que tiene esa empresa no puede seguir brindado un servicio", remató.
No es el único que lo piensa. En las últimas 24 horas no pararon de brotar dirigentes que insisten en que la situación no da para más y que llegó el momento de quitarle la concesión a Edesur. "EDESUR factura millones y no invierte. Lxs vecinxs se organizan y no hay respuesta. Si no cumple con su obligación el camino es quitarle la concesión", advirtió la diputada de La Cámpora, Paula Penacca. "Hay quitarle ya la concesión a Edesur, no podemos seguir esperando", sumó la senadora bonaerense Teresa García. Algunes, incluso, buscaron subir la apuesta y empezaron a hablar ya de estatización.
Los reclamos resuenan en Casa Rosada, cuya primera reacción fue avanzar en una denuncia penal contra el directorio de Edesur por "malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona". El gobierno nacional también instruyó al ENRE a que realizara una auditoría del desempeño de la prestación de distribución de electricidad por Edesur, la cual deberá ser elevada al Congreso de la Nación. "Se está avanzado con un informe que pone de manifiesto todos los puntos que sean causales para que se le quite la concesión a Edesur y que se está haciendo con el debido cuidado con los organismos correspondiente para proteger los intereses del Estado argentino", detalló la propia portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en una conferencia de prensa. ¿Por qué tanto cuidado? El gobierno no quiere dejar ningún flanco abierto ante una eventual demanda judicial de la empresa ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones). El contrato con Enel es por unos 60 años más y la empresa - que ya anunció que a fin de año se quiere ir del país - ya contrató a un estudio de abogados para litigar ante el CIADI en el caso de una rescisión, de modo de poder pedir un suculento resarcimiento.
"Hay que rescindir la concesión porque los incumplimientos y la desidia de la empresa así lo ameritan. Pero lo último que queremos es que la empresa, luego de haber afectado a millones de usuarios, tenga la posibilidad de cobrar dinero", señaló el defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, quien también presentó una denuncia penal contra Edesur.
Un proyecto para la estatización
"No es una cuestión de 'Estado sí o Estado no', sino de que el usuario tenga el servicio que deba tener", señaló Cerruti en la conferencia de prensa. Sin embargo, para un sector del Frente de Todos el debate cada vez tiene más que ver con "Estado sí". Un grupo de diputades kirchneristas, incluso, está comenzando a diseñar un proyecto de ley que plantee la estatización o la compra de algunas acciones de Edesur por parte del Estado. "La situación así no da para más. Lo que está haciendo la empresa es una estafa, y tenemos que encontrar una solución integral entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo", explicó Santiago Igón, presidente de la comisión de Energía y uno de los diputados de La Cámpora que está trabajando, junto a Máximo Kirchner y otres legisladores, en la iniciativa.
Ya hay experiencias previas. El Frente de Izquierda y los Trabajadores presentó en marzo un proyecto que propone la expropiación y estatización de todas las empresas de energía eléctrica. El bloque provincial Juntos Somos Río Negro, por otro lado, presentó el año pasado un proyecto para transferirle Edenor y Edesur al gobierno bonaerense y porteño. En este último caso el objetivo era que Nación dejara de subsidiar las tarifas del AMBA, sin embargo no son pocos los intendentes bonaerenses que hace tiempo vienen reclamando algo similar. "Los municipios tenemos que ser parte de la solución. Hay que armar un consorcio donde haya participación de los municipios y el gobierno provincial, en materia accionaria y también para ser parte de la mesa de planificación de la inversión", explicó el intendente de San Vicente (municipio también muy golpeado por los cortes de luz), Nicolás Mantegazza.
El proyecto del kirchnerismo, mientras tanto, es aún incipiente. Y, si bien se está trabajando en un texto de ley, representa más que nada un mensaje interno al presidente Alberto Fernández para que tome cartas en el asunto. "No alcanza con una denuncia penal, es un chiste eso", cuestionó una diputada kirchnerista. La realidad es que la paridad de fuerzas en la Cámara de Diputados vuelve prácticamente imposible la aprobación de un proyecto de este tipo - dado que Juntos por el Cambio no está de acuerdo -, por lo que la iniciativa es más bien una advertencia al gobierno nacional. Y un mensaje, a su vez, para el propio FMI: "Si hay algo que tiene que tiene que quedar en claro es que nosotros no podemos no darle una respuesta a millones a nuestros vecinos y vecinas porque el Fondo nos tiene atados de manos. Eso es inaceptable", afirmó un dirigente de La Cámpora.
