La Cámara Federal de Casación Penal tendrá que resolver si la investigación por el viaje de jueces, espías, empresarios de medios y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido sigue tramitando en la Justicia de Bariloche o debe ser enviada a los tribunales porteños de Comodoro Py.
El camarista porteño Eduardo Farah tomó esa resolución ante la negativa de un juez de Bariloche a inhibirse y remitir la causa a un Juzgado federal de CABA. Ante ello, dio por "trabada" la cuestión de competencia y envió el legajo al superior común de ambas instancias, la Cámara Federal de Casación.
El 1 de febrero pasado, Farah resolvió que la investigación debe pasar a los tribunales federales de Retiro porque los imputados ejercen funciones en esta jurisdicción. Pero el juzgado de Bariloche rechazó enviar la causa y Farah decidió "mantener el criterio expuesto" en esa resolución por lo cual, ante el desacuerdo, intervendrá el máximo tribunal penal federal del país, que justamente tiene a uno de sus miembros, Carlos Mahiques, entre los denunciados.
Farah, integrante de la sala II de la Cámara Federal porteña, sostuvo que en el caso tiene que intervenir el juez federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, Sebastián Ramos, al hacer lugar a un planteo de inhibitoria que presentó otro de los jueces imputados, el penal económico de CABA Pablo Yaradola.
Farah ratificó que a su juicio la investigación debe seguirse en Comodoro Py porque los implicados son "funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían". Se investiga además si "aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen". Para el camarista, los hechos denunciados sucedieron en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
El juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva rechazó la inhibitoria y estimó que corresponde que la causa siga tramitando en su jurisdicción, donde se impulsó la investigación, se fijó la plataforma fáctica y se dispusieron numerosas medidas de prueba, algo que no se hizo en los tribunales porteños.
El expediente tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de CABA, Juan Bautista Mahiques; al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D'Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 9. También están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante de la SIDE; Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo. Todos participaron en octubre pasado de un viaje a la estancia de Lewis en Lago Escondido y luego, ante la difusión del hecho, intentaron ocultarlo y fraguaron facturas y documentos para intentar demostrar que habían pagado ellos y no habían sido invitados, según se desprede de los chats filtrados.