El ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano aseguró que la única tarea que le cabe como gobierno nacional, ante la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al caso de Milagro Sala, "es el de transmitir esta recomendación y las autoridades judiciales evaluarán qué decisión toman". La frase del ministro está en línea con lo que había afirmado el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, poco después de conocerse la novedad.
"Somos respetuosos de las recomendaciones de la CIDH pero también de las decisiones de los jueces de la provincia de Jujuy", afirmó Garavano, quien agregó que la decisión de la Comisión se debe entender como "una recomendación con una tónica humanitaria por las condiciones en las que los mismos comisionados que estuvieron en Jujuy encontraron a la propia Milagro Sala".
Sala está encarcelada desde el 16 de enero de 2016 en el penal de Alto Comedero, acusada de varios delitos y se le ha negado la libertad condicional, en un caso que despertó reclamos internacionales, como el del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU que ya recomendó su inmediata liberación.
En diálogo con radio La Red, Garavano dijo que hay 1500 personas en la Argentina que cumplen arresto domiciliario con control electrónico, una de las posibilidades para el caso de Sala. Sin ahondar en lo que respecta a al dirigente encarcelada, consideró que el gobierno, "alienta ese dispositivo como herramienta valiosa para descomprimir cárceles y generar mejores condiciones para los que están privados de libertad".
También estimó que las autoridades judiciales de la provincia de Jujuy deberán analizar la solicitud de la CIDH y que en quince días hábiles habrá “una devolución en base a las medidas que tomen los magistrados" por parte del estado nacional. Y remarcó que el pedido a la CIDH llegó “a través de organismos de derechos humanos ligados al kirchnerismo”.
