La denuncia que el Estado nacional presentó ayer contra Edesur por “defraudación, abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos” recayó en el juzgado de Julián Ercolini, el juez federal cuestionado por haber sido parte de la comitiva de magistrados, empresarios y funcionarios que se reunieron en la mansión que Joe Lewis, el amigo íntimo de Mauricio Macri, tiene en Lago Escondido.
La designación de Ercolini al frente de una causa que puede derivar en la recisión de la concesión de la empresa de capitales italianos fue por sorteo realizado esta mañana en la oficina de la Cámara Federal Porteña.
Según el sistema, el afortunado fue el número que refería al Juzgado Federal 11, que desde el fallecimiento de Claudio Bonadio subroga Ercolini.
Las causas de Ercolini
Ercolini es un juez por cuyas manos pasaron causa de trascendencia política y en las que la balanza se inclinó siempre para el mismo lado. En la actualidad está imputado por su viaje a Lago Escondido, pero también fue cuestionado por su intervención en varios procesos. Fue él quien ordenó la detención de los dueños de C5N, Cristóbal López y Fabián de Souza; en la causa Papel Prensa se negó a indagar a los directivos de La Nación y Clarín; y además tiene bajo su órbita la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Entre otra causas también estuvo al frente de un tramo de la investigación por el atentado contra la AMIA, el negociado de los peajes donde el gobierno de Macri favoreció a una empresa del Grupo Macri, y también llevó la causa por el espionaje ilegal a jueces, dirigentes políticos y sociales, y periodistas durante la administración macrista.
La denuncia contra Edesur
La denuncia contra Edesur que ahora tendrá que tramitar Ercolini fue presentada ayer por el titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, contra los directivos de Edesur: Francesco Tutoli, responsable de la empresa Enel Argentina; y el presidente, Juan Carlos Blanco.
También contra quienes figuran como miembros de su directorio: Víctor Díaz Bobillo, María Alejandra Martínez, Mónica Diskin, Jaime Barba y Alejandro Martínez, entre otros.
El escrito pone de manifiesto distintos episodios en los que el ente controlador emplazó a la empresa para que se tomen los recaudos necesarios para evitar la interrupción del servicio.
También refleja reclamos de personas electrodependientes que no obtuvieron respuestas a tiempo ante los cortes, y se adjuntan pruebas de solicitudes de servicio por parte de los usuarios que ni siquiera fueron leídas por Edesur, entre otras irregularidades.
La denuncia fue formulada por el ENRE tras un pedido de la Secretaría de Energía, que también le exigió que eleve el informe del estado de la concesión a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Concesiones de los Servicios Públicos, a fin de que aconseje si corresponde darla por terminada.
