El máximo tribunal de justicia de Brasil confirmó que cerca de 300 personas implicadas en el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero seguirán en prisión. Otros 129 imputados fueron excarcelados esta semana, aunque seguirán con medidas cautelares como el uso de tobilleras electrónicas.
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil concluyó el estudio de los pedidos de libertad provisional solicitados para cientos de personas que participaron en los ataques a las sedes del poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo en la capital brasileña.
Por eso, 294 personas implicadas en el intento de golpe deberán guardar prisión preventiva. El poder judicial resolvió otorgar libertad con medidas cautelares a 129 imputados porque “no representan riesgo para las investigaciones ni para la sociedad”.
El magistrado Alexandre de Moraes informó que de las 1.406 personas acusadas formalmente de participar en los ataques permanecerán en prisión 208 hombres y 86 mujeres.
El ataque protagonizado por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro ocurrió apenas una semana después de la toma de posesión de Lula da Silva. Miles de seguidores de Bolsonaro seguían sin reconocer el triunfo de Lula y colmaron las sedes del Supremo Tribunal Federal, el congreso y de la presidencia brasileña.
Sólo en la Cámara de Diputados calcularon daños por más de 575 mil dólares por la daños a vehículos, vidrios, muebles, entre otros artículos, aunque no incluyó las obras de arte y regalos ceremoniales.
Las autoridades detuvieron a 2.151 personas señaladas por su participación en el asalto. Más de 700 fueron puestos en libertad porque eran mayores de 70 años y sufrían algún tipo de enfermedad o porque eran mujeres con hijos menores de 12 años. Esta decisión también fue aprobada por la Fiscalía, según confirmó el máximo tribunal de justicia.
El mes pasado el Supremo Tribunal Federal confirmó que podrá juzgar a los militares implicados en el intento de golpe de Estado investigados por la Operación Lesa Patria.
