El Frente de Todos (FdT) porteño presentó un proyecto de ley que busca terminar con la indigencia en la Ciudad de Buenos Aires a través de un novedoso mecanismo: el Complemento de Ingresos Porteño Universal (CIPU), que garantizaría un piso mínimo de ingresos para quienes se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad. “Es indispensable la creación de un programa que garantice que ningún porteño o porteña caiga por debajo de la línea de indigencia”, afirmó a Página|12 el legislador y autor del proyecto Matías Barroetaveña.

En la Ciudad de Buenos Aires, durante el tercer trimestre de 2022, los números de la indigencia señalaron que 254 mil personas se encuentran en situación de vulnerabilidad en materia alimentaria, lo que significa un 8,3 por ciento de la población porteña. El CIPU sería destinado a aquellos hogares que entre sus ingresos percibidos --tanto laboralmente como por la asistencia social, nacional o de la Ciudad-- no alcancen la Canasta Básica Alimentaria, que tuvo un aumento del 115 por ciento en el último año.

A partir de una transferencia variable mensual, no retributiva, intransferible e inembargable, se saldaría esa brecha para que todas las familias porteñas puedan no solo obtener alimentos sino también acceso a la educación y protección de la salud, haciendo hincapié en la necesidad de contribuir a la búsqueda de empleo y reinserción en el mercado de trabajo de los adultos.

"Recursos suficientes"

En el Salón Juan Domingo Perón de la Legislatura porteña, Barroetaveña fue acompañado por el senador Mariano Recalde y el diputado Itai Hagman, que presentaron proyectos similares tanto en la Cámara de Diputados como en la de senadores. En este sentido, Hagman sostuvo que “en la Ciudad de Buenos Aires es mucho más factible llevar adelante esta ley inmediatamente porque tiene recursos fiscales suficientes para hacerlo”. Y agregó que "si la Ciudad se hiciera cargo de la política social, permitiría que el estado nacional se dedique a los lugares que más lo necesitan. Es una injusticia desde el punto de vista federal".

“El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tuvo un superávit de aproximadamente 130 mil millones de pesos en 2022, más que suficiente para la cobertura del programa”, afirmó Barroetavaña. Y agregó que la implementación del CIPU representa el 2,8 por ciento del presupuesto de la Ciudad para 2023.

En el lugar también estuvieron los legisladores porteños Claudia Neira, Javier Andrade, Laura Velasco, Ofelia Fernández, Juan Modarelli y Juan O'Dezaille.

“La Legislatura funciona en la medida en que las políticas están asociadas a las problemáticas de los barrios”, afirmó Barrotevaña, en el salón repleto por militantes barriales e integrantes de organizaciones sociales que apoyan la iniciativa. "Los que menos tenemos somos los que más damos y lamentablemente, con el sueldo que cobramos, no nos alcanza", aseguró María Zubieta, responsable de un comedor en la villa 21-24.

“En las cooperativas estamos de sol a sol y de frío a frío y cobramos 40.000 pesos”, remarcó otro de los referentes sociales. Y añadió que "el costo de vida en la Ciudad es muy alto, por eso me gustaría que lleven este proyecto a las villas para que los compañeros escuchen que hay legisladores que piensan en nosotros".

En la presentación se informó que las mujeres representan el 57 por ciento de las personas en situación de indigencia y los niños entre 0 y 14 años aproximadamente el 35 por ciento, mientras que la región más perjudicada de la ciudad es la zona sur, donde hay un promedio de casi el 13 por ciento, muy por encima del resto de la ciudad.

“Esperamos que en la Legislatura haya diputados de otros sectores políticos que tengan la sensibilidad de plantear que en la Ciudad más rica del país no puede haber hambre y que están los recursos para resolverlo”, concluyó Barroetaveña.

Informe: Mercedes Chamli.