Desde Santa Fe
La Asociación Argentina de Fiscales denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el ataque del senador Armando Traferri al fiscal Luis Schiappa Pietra, a quien “increpó con modales violentos e impropios de un legislador de la provincia” y hasta “incitó a pelear en la calle” porque lo investiga en una causa por corrupción que está frenada por los “fueros absolutos” del imputado, desde diciembre de 2020. El hecho ocurrió el miércoles en cercanías de los Tribunales de Rosario, en un contexto: “La profunda crisis que atraviesa Santa Fe frente al crimen organizado. No existen dudas que ese estado de cosas sólo es posible cuando la corrupción es estructural”, advirtió la entidad que representa a los fiscales de todo el país.
La agresión de Traferri a Schiappa Pietra generó un fuerte repudio en el Poder Judicial. “Es de una gravedad institucional inusitada”, dijo el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que la consideró “un intento más del legislador de amedrentar y condicionar la tarea investigativa” del fiscal y de su colega Matías Edery y una embestida “contra la independencia y la objetividad del MPA”.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA lo calificó como un “episodio lamentable que pone a prueba una vez más nuestra capacidad de asombro” y “se suma a la larga lista de estrategias” que utiliza Traferri para “procurar su impunidad”. Mientras que el Colegio de Magistrados y Funcionarios Zona Sur alertó que las “actitudes” de Traferri “son claramente incompatibles con la convivencia democrática y el respeto a las instituciones republicanas” y menoscaban "la independencia de los fiscales”.
Schiappa Pietra ya dijo que si lo que hizo Traferri lo hace cualquier otro imputado sin fueros no vuelve a la casa, lo meten preso. “Si esto mismo llega a suceder en otra causa con otra persona que está en libertad y avanza sobre el fiscal que lo investiga, termina presa por peligrosidad procesal, por intento de obstaculizar una investigación penal. Yo pido que se tome dimensión de lo que pasó, que es muy grave”, planteó el jefe de la Agencia de Criminalidad Organizada de Rosario.
La Asociación Argentina de Fiscales interpretó la agresión de Traferri a Schiappa Pietra en el contexto de una “corrupción estructural” en la provincia. “El MPA ha podido comprobar esa corrupción. Ha procesado, juzgado y condenado a policías y hasta fiscales”, lo que demuestra que es "refractario a esas prácticas”. Pero cuando intentó investigar al “poder político”, se topó con un legislador que “se ampara en una ley inconstitucional que prohíbe investigar a legisladores sin su previo consentimiento. Una suerte de mecanismo perverso, refractario del derecho de igualdad de todos los habitantes, que impide una de las misiones más importantes del fiscal y de la ley, que es proteger al ciudadano frente a un Estado injusto y poderoso”, dijo.
Y anunció que “denunciará el hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”. “Los fiscales no resolvemos los conflictos ‘en la calle’, sino en los ámbitos de discusión, razonamiento y donde cada uno puede hacer valer sus pretensiones y defensa. Pero evidentemente algunos deben sentir que ese lugar no es para seres privilegiados”, ironizó.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA coincidió que la embestida de Traferri a Schiappa Pietra –a quien “increpó con modales violentos e impropios de un legislador” y hasta “incitó a pelear en la calle”- se suma a una “larga lista de estrategias” para “procurar su impunidad”.
“La primera, fue lograr el cambio abrupto del régimen disciplinario de los fiscales” con una “ley extorsiva” que aún está vigente. Siguió “el blindaje de los senadores” del PJ y la UCR para “hacer valer privilegios incompatibles con un estado de derecho”.
Después, “consiguió formar parte del Tribunal de Disciplina del MPA, en una verdadera parodia institucional”, donde Traferri “no puede ser imputado ni sancionado, pero sí sancionar y dar un mensaje claro de que al poder no se lo puede juzgar”. Y por último “consiguió trastocar el sistema de elección” de las autoridades superiores del MPA con “un proceso opaco, deslegitimado y entregado a disputas de palacio. En definitiva, la finalidad de los concursos no consiste en fortalecer al MPA, sino protegerse él”.
“Lo más preocupante es que Traferri no actúa solo”, señaló. “Hace lo que hace porque puede hacerlo. Porque se lo permiten. Porque lo protegen, mientras la provincia de Santa Fe se desangra”.
En la misma línea, el Colegio de Magistrados y Funcionarios Zona Sur expresó su “más enérgico repudio a toda forma de violencia”, más aún cuando “es protagonizada por un senador (Traferri) contra quien conduce una investigación en su contra (Schiappa Pietra). Se trata de “actitudes que son claramente incompatibles con la convivencia democrática y el respeto a las instituciones republicanas” y que menoscaban “la independencia los fiscales” y el “estado de derecho”.
Ya el jueves, el Ministerio Público de la Acusación repudió la “violenta conducta” de Traferri en “un intento más para amedrentar y condicionar la tarea investigativa” de Schiappa Pietra y el fiscal Edery. Un hecho “de una gravedad institucional inusitada que “atenta contra la independencia y la objetividad del MPA”.
“Además de los riesgos” que ya corren los fiscales por sus funciones, la “conducta” de Traferri aumentó “esos peligros” y revelan “su desprecio por las instituciones republicanas. Por lo tanto, repudiar hechos de esta naturaleza es un imperativo ético de todos los poderes del Estado que deben velar por una cordial relación interinstitucional”.
El MPA le pidió también al gobernador Omar Perotti que “arbitre las medidas de seguridad apropiadas” para garantizar el trabajo de Schiappa Pietra.