La oposición francesa presentó este viernes dos mociones de censura contra el Gobierno del presidente Emmanuel Macron, un día después de que su impopular reforma jubilatoria fuera aprobada por decreto, en medio de multitudinarias protestas y pese a que es rechazada por el 66% de la población.
El grupo de diputados independientes LIOT y el bloque de ultraderecha liderado por Marine Le Pen anunciaron la presentación de sendas mociones de censura, cuya aprobación se anuncia complicada, dado los equilibrios políticos en la Cámara baja.
Crisis política
"El voto de esta moción nos permitirá salir airosos de una profunda crisis política", dijo el presidente del grupo parlamentario LIOT, Bertrand Pancher, al anunciar su iniciativa, consignó la agencia de noticias AFP.
El anuncio se produjo un día después de que Macron decidiera recurrir al artículo 49.3 de la Constitución, una herramienta -legal, pero polémica- que le permite adoptar la iniciativa prescindiendo del voto legislativo, y que eligió ante el temor de no reunir el apoyo necesario en la Cámara baja, donde no tiene mayoría absoluta.
En consecuencia, el debate legislativo quedó suspendido y el texto se considera aprobado, salvo que los diputados aprueben una moción de censura contra el gobierno, que sería debatida el lunes próximo por la tarde.
Si alguna de las dos mociones presentadas fuese adoptada, caería el Gobierno de la primera ministra Élisabeth Borne, pero no Macron, quien llegó a amenazar con disolver la Asamblea elegida en junio en caso de un revés para su reforma.
Rutas bloqueadas
Tras le decisión de Macron, Francia amaneció este viernes con varias rutas bloqueadas, escuelas cerradas, refinerías paralizadas y toneladas de basura en las calles de París y otras ciudades, mientras la imagen del Ejecutivo se debilita.
Ayer, luego de que Borne informara la decisión de recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para actuar por decreto, decenas de miles de manifestantes salieron espontáneamente a las calles de París para insistir en su rechazo a la reforma, con protestas que dejaron un saldo de 310 personas detenidas.
"Estamos indignados", dijo Soumaya Gentet, sindicalista del supermercado Monoprix y una de las 200 personas que bloquearon durante media hora el Bulevar Periférico de París, la avenida-circunvalación de 34 kilómetros que rodea la capital francesa.
Frente a la furia ciudadana, la policía debió intervenir anoche y desplegó una represión que incluyó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes congregados en la plaza de la Concordia, cerca de la Asamblea.
En las calles parisinas, donde una huelga de recolectores de basura dejó toneladas de escombros, algunos manifestantes aprovecharon para encender fogatas. Imágenes profusamente publicadas en redes sociales muestran hogueras y barricadas ardiendo, que traen a la memoria las protestas de los chalecos amarillos de 2018, además de contrastar con el espíritu mayoritariamente pacífico de las manifestaciones sindicales realizadas en estos meses. También se registraron incidentes en Rennes, Nantes y Lyon.
"La oposición es legítima, las manifestaciones son legítimas, el desorden no", aseguró en la radio RTL el ministro del Interior, Gerald Darmanin, advirtiendo que el Gobierno no permitirá la aparición de "manifestaciones espontáneas".
Movilizaciones esponáneas
El líder de izquierda radical Jean-Luc Mélenchon alentó, por su parte, las "movilizaciones espontáneas" en todo al país, a la espera de la nueva jornada de protestas masivas convocadas por los sindicatos para el próximo jueves.
"Los empleados elevarán el tono", dijo Eric Sellini, sindicalista de la Confederación General del Trabajo (CGT) en el grupo TotalEnergies, al anunciar la suspensión de la actividad en la refinería de Normandia el fin de semana.
Con su decisión de imponer su reforma de las pensiones en Francia Macron se mantiene fiel a su imagen de autoritario y a su voluntad de reformar un país considerado refractario, pero se arriesga a socavar su segundo mandato.
La decisión de usar el famoso artículo 49.3 de la Constitución, que permite adoptar un proyecto de ley sin someterlo al voto del Parlamento, reavivó las protestas que empezaban a desinflarse tras dos meses de intensa movilización.
Y profundizó una crisis en un ambiente político ya tóxico. Su adopción a la fuerza, aunque legal, se ha interpretado como una "negación de la democracia" y una muestra más de que el gobierno no escucha el malestar de los franceses.
Dos de cada tres se oponen a la medida clave de la reforma: retrasar la edad de jubilación de 64 a 64 años, y una gran mayoría rechaza además el uso del 49.3, según los sondeos.
"Existe la sensación de que el gobierno no escucha lo que quieren los franceses y, además, teniendo una actitud brutal en la Asamblea [cámara baja]", resume Antoine Bristielle, analista de la Fundación Jean Jaurès.
"¡Estoy harta! No soy una revolucionaria, simplemente no puedo más", gritó una cuidadora a domicilio al micro de France Inter, durante una manifestación improvisada en Saint-Étienne (este) tras conocerse la decisión.
