En la madrugada del pasado sábado 4 de marzo, el intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, anunció con un hilo de Twitter la baja del convenio que unía a sus trabajadores municipales con IOMA, la obra social provincial. Desde entonces, la polémica fue in crescendo, a partir de cruces a los que se sumaron las principales figuras nacionales y provinciales del PRO, con Mauricio Macri a la cabeza. 

Homero Giles,  titular de IOMA, explicó la dramática situación financiera en que habían recibido la institución de manos de Vidal y cómo fueron recomponiendo los honorarios de los profesionales, un problema común a todas las prepagas y obras sociales, que actualmente llega al valor actual de $3.000 por consulta. 

La decisión, compleja por sus múltiples aristas y consecuencias, estaba inspirada en un antecedente que había tenido lugar Capitán Sarmiento. En la pequeña localidad de 13 mil habitantes que integra la segunda sección electoral, limítrofe con Salto, Baradero, San Pedro, San Antonio de Areco y Carmen de Areco, el intendente Pro, Javier Iguacel, es ministro de Energía de la Nación durante la gestión macrista, había tomado una medida similar en 2021.

Iguacel denunció el convenio en agosto, a través de la ordenanza Nro 2.682/21. Durante ese año, aproximadamente la mitad de los 600 trabajadores municipales de Capitán Sarmiento aceptó voluntariamente el traspaso. Según advierten los trabajadores, luego comenzaron las presiones hasta hacer compulsivo los pases, al cumplirse el primer año de la ordenanza.

De acuerdo a la ley vigente, deben permanecer obligatoriamente un año en la obra social conveniada, en este caso la Obra Social Mutual de Obreros Católicos Federico Grote y la de Maquinistas de Teatro y Televisión, dos obras sociales pequeñas que suelen usarse para derivar aportes a prepagas porque carecen de estructura propia.  Una maniobra absolutamente legal, pero de dudoso beneficio cuando los aportes son muy bajos, como en este caso. 

Frente a ese contexto, la primera reacción de IOMA fue una carta explicativa. Con fecha 26 de agosto, firmada por el director de la región Pergamino, Leandro Mendoza, se informaba que quienes quisieran hacerlo podrían seguir afiliados como voluntarios, pero con un aporte de bolsillo, entonces de 15 mil pesos para un matrimonio o de 22 mil para una familia tipo. El salario promedio de los municipales era de 50 mil.

La preocupación de los trabajadores, al anoticiarse de su situación, llegó rápidamente al Concejo Deliberante. La respuesta del bloque oficialista fue, en septiembre del 2022, un pedido de informes a IOMA, bajo amenaza de que “su intempestiva actitud” era pasible de denuncia por “abandono de persona”.

La respuesta de la obra social provincial llegó el 13 de octubre de 2022. "Las medidas impopulares e inconsultas que se le imponen a los trabajadores de ese municipio traen consecuencias que producen efectos no sólo jurídicos sino también en la salud y el bienestar de la población”, señalaba. 

El núcleo de la respuesta de la obra social provincial a los ediles PRO aadviertía: “Resulta al menos inadecuada la afirmación de que este instituto incurriría en abandono de persona, pues desligado en forma arbitraria y unilateral por decisión de ese municipio de la posibilidad de seguir suministrando prestaciones médicas a sus empleados, mal puede incurrir en la conducta denunciada, máxime cuando la obligación ha sido puesta por las autoridades locales en cabeza de otro responsable, dentro del sistema de la ley 23660”.

El igual que sucedió en San Nicolás, fuentes de IOMA afirman que en Capitán Sarmiento no hubo ningún reclamo previo. No hubo pedido de reunión, ni planteo de necesidades, por lo que consideran a ambas decisiones igualmente sorpresivas. 

Vanina Rodríguez, secretaria adjunta de ATE Porvincia sostiene que "de los 600 trabajadores que tiene el municipio, más de 200 nos expresamos en un petitorio rechazando el traspaso". "Desde entonces, ya pasamos por tres prepagas distintas, las empresas dan de baja el convenio porque el negocio no cierra. Además, acá en Sarmiento no tienen nada de estructura: guardia, laboratorio, todo es en Pergamino. Y cuando llamás para pedir turno, te dicen que no vayas, que el convenio no existe". La cartilla, pudo comprobar Buenos Ares/12, tiene apenas 5 páginas.

Casi un semestre más tarde, lo que terminó ocurriendo en Capitán Sarmiento es lo que los expertos llaman “descreme”. Los socios jóvenes y sanos derivan aportes a través de una obra social a la prepaga MEP Life, como hasta hace poco lo hacían con Salus, una empresa de medicina prepaga presente en las regiones de Cuyo y el NOA, perteneciente al Grupo Boreal, de origen tucumano, encabezado por Mario Koltan. 

Los 60 grupos familiares que padecían enfermedades preexistentes o crónicas, que fueron rechazados por la prepaga que reemplazó a IOMA, porque la ley le otorga el derecho de salvaguardar su ecuación financiera, volvieron a IOMA pero, afirman fuentes locales, con la cuota a cargo del ejecutivo local, a través de un reintegro, para evitar una andanada de demandas judiciales en su contra. El intendente Iguacel fue consultado al respecto por Buenos Aires/12, pero no respondió. 

La ruptura con IOMA, que Iguacel alienta como “acto de libertad”, que Macri saluda porque “deben caer todas las vacas sagradas”, que Passaglia imita y otros intendentes como Javier Martínez de Pergamino, Gustavo Pose de San Isidro y Pablo Petragliade Junín analizan pero no deciden, implicó un negocio rentable para una empresa privada, que se quedaron con los socios de bajo consumo y alta rentabiilidad y un nuevo costo para las arcas municipales. 

En el caso de Capitán Sarmiento, un costo relativamente afrontable por tratarse de “sólo” 60 grupos familiares: los que sufren cardiopatías, diabetes, algún tipo de discapacidad o reciben tratamiento oncológico que no puede interrumpirse sin riesgo de vida.

Consultado al respecto, un experto del mundo de la salud y las obras sociales afirmó que "como golpe de efecto, es un poco caro, y obviamente inviable en cualquier escala más grande. Si quisieron desfinanciar IOMA, terminaron desfinanciando al municipio". 

Javier Iguacel, es, como Cristian Ritondo y Joaquín De la Torre, uno de los que aspira a ser ungido como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por Patricia Bulrich, que tiene en la baja del gasto público una de sus principales banderas de campaña. En el caso de IOMA, Iguacel no la honró. 

Gustavo Posse, el intendente de San Isidro y también aspirante al sillón de Dardo Rocha, fue mucho más prudente. en el avance y anunció la creación de una comisión municipal para auditar el funcionamiento de IOMA en su distrito.

Mientras tanto, Passaglia, que según fuentes locales trabaja para posicionarse como candidato a vicegobernador de Santilli, anunció recientemente que los pliegos para la licitación pueden adquirirse en la oficina de Compras y Contrataciones de la municipalidad, a un valor de $21.700, que los sobres se abrirán el 14 de abril, y que sólo se recibirán ofertas que contemplen a los 750 grupos familiares.

Hasta ahora, el saldo de la batalla del Pro contra IOMA es: una experiencia fallida (Iguacel), posiblemente otra similar (Passaglia) y humo, mucho humo.