Un sector disidente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) paralizó por 12 horas más de medio centenar de líneas de colectivos en la Ciudad y provincia de Buenos Aires (todas pertenecientes al grupo empresario DOTA) y que también se extendió a otras ciudades del interior del país, en demanda de mejoras salariales en medio de una feroz interna gremial con la actual conducción sindical, que desató acusaciones cruzadas entre los sectores en pugna y que involucró al propio Ministerio de Trabajo. Los choferes disidentes advirtieron que realizarán otro paro de 24 horas el 23 de marzo si no se resuelven sus reclamos.
Un paro de colectivos afectó el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y parte del interior del país desde las 0 hora hasta el mediodía de ayer, convocado por la rama disidente de la UTA nucleada en la "Lista Azul Juan Manuel Palacio", que a nivel nacional conducen Miguel Bustinduy y Osvaldo Agrafogo y que está enfrentada a la conducción nacional del gremio que encabeza Roberto Fernández.
La medida de fuerza que llevaron adelante los disidentes tiene dos ejes. Por un lado el salarial, donde reclaman una remuneración de 350 mil pesos mensuales, al tiempo que le apunta a Fernández “porque entre gallos y media noche la conducción de la UTA, sin consultas con la bases viene, desde hace ya años, firmando acuerdos salariales de miseria y ha logrado pulverizar nuestros salarios reduciendo su poder adquisitivo en cerca de un 50 por ciento”. Y acusa a la UTA de pactar aumentos “no remunerativos” que afectan el sueldo y las jubilaciones de sus afiliados, favoreciendo a las empresas en la disminución de los aportes patronales.
El otro es estrictamente sindical. La Lista Azul reclama a la UTA que entregue la conducción de cinco secciónales (Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Jujuy) que ganó en las elecciones donde Fernández retuvo la conducción nacional. “A pesar que la justicia lo viene ordenando desde hace dos meses, Roberto Fernández, no quiere ponernos en posesión de esa secciónales y se vale para ello de la pasividad de un ministerio que no funciona”, dice uno de los puntos de la proclama que el sector disidente.
En tanto, la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel ‘Kelly’ Kismer de Olmos, salió al cruce de las acusaciones. “Esto es terrible. Es un exceso, ya que no es un paro gremial sino un conflicto interno de un sector que perdió las elecciones en el sindicato de la UTA y quiere torcer el brazo teniendo de rehén a los usuarios con la complicidad de la empresa DOTA”, sostuvo la ministra en declaraciones formuladas a Radio 10. Para la funcionaria, “hay sectores empresarios que quieren digitar quién es el interlocutor gremial", algo con lo que -indicó- "se han cruzado todas las fronteras”.
La conducción de la UTA ya se había pronunciado con los mismos argumentos que expresó la ministra. “Ponemos en consideración que hemos asistido a un nuevo escenario generado por el empresario, quien pretende con sus complacientes laderos, generar un lockout patronal con el único objetivo de realizar descuentos salariales a los trabajadores”, arrancaba el comunicado bajo el título “la UTA no ha dispuesto paro, ni medida de acción gremial alguna”.
Allí, el consejo directivo que encabeza Fernández sostiene que "quienes perdieron las elecciones, y representan los intereses del empresario, no conocen ni por asomo la realidad del transporte de personas del país, ahora pretenden inventar situaciones inexistentes, generar malestar en la población, en los espacios de poder, justamente por haber resultado aplastados en el último proceso electoral”, insiste el texto firmado por la comisión directiva de la UTA que encabeza Fernández. Aunque allí ni el comunicado de ayer que tituló “las autoridades del ministerio de Trabajo se han expresado”, la UTA no hace mención alguna a las cinco seccionales que reclaman los disidentes.
De todas maneras, la agrupación opositora ya advirtió sobre la continuidad de las medidas de fuerza: “Asimismo, se informa a la sociedad toda que de no tener respuesta favorable a los temas planteados, se llevará a cabo una jornada de paro nacional de 24 horas, el día 23 de marzo de 2023”, cierra la proclama que firman Bustinduy y Agrafogo.