En esta 27ª actualización, Correpi incorporó 529 casos al Archivo, totalizando 8.701 de diciembre de 1983 a diciembre de 2022, contra 8.172 registrados hace un año. Además, tomaron nota de 9 casos ocurridos después del 1º de enero de 2023, que corresponden a lo que será la actualización 2023. De esos 529 casos nuevos, 436 ocurrieron entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. De las 436 muertes correspondientes a 2022, 319 ocurrieron bajo custodia; 80 fueron fusilamientos de gatillo fácil; 20 responden a contextos de violencia intrafamiliar (19 femicidios --incluida una desaparición-- y un femicidio relacionado); 4 fueron consecuencia de otros delitos policiales (entre ellos, dos desaparecidos) y 13 a otras circunstancias (incluida una desaparición).
"Sabemos que será imposible avanzar con nuestras conquistas si la peor derecha vuelve al poder, con el gobierno de Cambiemos que fue el más letal desde el regreso de la democracia aprendimos que debemos estar en las calles con organización y lucha, por eso gritamos bien fuerte basta de gatillo facil, de detenciones arbitrarias, de tortura y muerte en cárceles y comisarías, de desapariciones en democracia, basta de femicidios, travestidicios y transhomicidios, libertad a las presas y los presos políticos". Sobre el escenario montado de espaldas a Avenida de Mayo, Verdú se turnó en la palabra con Facundo Merlán Rey, uno de los detenidos de la marcha contra la reforma previsional del 14 de diciembre de 2017 y ahora militante de Correpi.
La abogada puso especial énfasis al relatar que el oficial Brian Darío Montes, quien fusiló a Fabián Enrique y fue condenado por un jurado popular a 18 años de prisión por homicidio agravado, está prófugo. "Advertimos al Tribunal que estuviera presente en la audiencia, ni siquiera pusieron una consigna en su casa, no fue a la audiencia, y tampoco estaba en su casa, ahora tiene captura nacional e internacional", dijo casi en un grito. Recordó que ya tuvieron esa experiencia con la Masacre de Budge y el caso Durán. "Lo tenemos que encontrar nosotros y nosotras. Si lo ven no avisen a la policía, avisen a Correpi", pidió. En ese momento, el público, los familiares de las víctimas y la militancia coreó "como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar".
Según Correpi, "en estos últimos tres años quedaron claras las consecuencias de las decisiones tomadas por el gobierno del Frente de Todos, algunas medidas iniciales auspiciosas como la derogación de los Protocolos Bullrich o la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio para la Policía de Seguridad Aeroportuaria redujeron un poco los casos de gatillo fácil a manos de fuerzas federales. Pero no bajaron en las provincias ni en la Ciudad, en su mayoría producidas de civil".
Récord de los uniformados porteños
La Policía de la Ciudad en apenas poco años compite en letalidad con la bicentenaria Policía Bonaerense. De los 172 casos de gatillo fácil ocurridos desde el 10 de diciembre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2022 a manos de la Policía de la Ciudad y la Policía Bonaerense, 63 fueron cometidos por la primera, y 109 por la segunda. Pero la Policía de la Ciudad tiene poco más de 25.000 efectivos, mientras su par provincial supera holgadamente los 100.000. Es decir, la Policía Bonaerense supera cuatro veces la dotación de la Policía de la Ciudad, pero es responsable del 63,3% del total de fusilamientos del año, mientras la porteña, con la cuarta parte de efectivos, cometió el 36,7%. Además, Correpi destacó que en la Ciudad de Buenos Aires "hay política desaforada de encarcelamiento; en 2019 había 100 personas detenidas, mientras que a diciembre de 2022 esa cifra creció a 948, en las 19 alcaidías, el centro de contraventores y 31 comisarías no habilitadas".
En 2022 hubo 37 muertes en comisarías, en el más absoluto silencio mediático, en su mayoría sin acusación penal sino arrestadas por averiguación de antecedentes o contravenciones. Por ejemplo, un conocido abogado pasó 48 horas en una celda solo por haberse visto involucrado en un choque, del que encima no tuvo culpa.
Este año se cumplen 20 años de la sentencia contra Argentina en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, que ordenó al Estado terminar con las detenciones arbitrarias. "Esto ningún gobierno lo cumplió", afirma Correpi. Y la consecuencia son los casos de Florencia Magalí Morales en San Luis, Alejandro Martínez en San Clemente del Tuyú y Daiana Abregú en Laprida.
En 2022 hubo cuatro desapariciones, Agustina Nadal Herrera víctima de femicidio a manos de un marino, Josías Galeano, hostigado por la policía de Oberá, Lucas Escalante y Tomás Morello, desapariciones y homicidio vinculadas al tráfico de vales de nafta por parte de la policía. Y hubo una muerte en el marco de la protesta, Elías Garay, crimen facilitado por la policía provincial y la Gendarmería.
Morir en prisión
En la totalidad de casos por fuerza, ocupan el primer lugar las policías provinciales, le siguen los Servicios Penitenciario Federal y provinciales, y en tercer lugar la Policía Federal. Siguen sin registrarse fusilamientos a manos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a partir de la prohibición de portar el arma reglamentaria establecida en marzo de 2020. La edad de las víctimas sigue siendo muy joven, entre 15 y 25. Y la distribución por territorio mantiene su hegemonía la provincia de Buenos Aires, seguida por Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
En tanto, una de cada 5 mujeres asesinada en un contexto de violencia de género es víctima del arma reglamentaria, se potencian cuando se cruzan la violencia machista y patriarcal con la represiva estatal. Se contaron 11 travesticidios y transfemicidios cometidos por las fuerzas de seguridad.
Morir en prisión es la primera causa de muerte a manos del Estado, como consecuencia directa de la política pública del abuso de la prisión preventiva --salvo cuando son represores-- y la dilación de beneficios ganados como la libertad asistida o condicional, no sólo se multiplicó la población en cárceles y comisarías. Los fallecimientos por enfermedades evitables o que no hubieran causado la muerte extramuros, los homicidios, los “suicidios”: todas las muertes bajo custodia crecieron exponencialmente en el último período. La mitad de las personas presas no tiene condena, y sólo el 17 por ciento registra reincidencia.
"En 2023 se cumplen, por primera vez en nuestra
historia, 40 años ininterrumpidos de democracia, formal, y Correpi nace como organización en el contexto democrático y en ese marco lucha hace más de 30 años contra la represión estatal", explicó la organización antirrepresiva. El Archivo de Casos de Correpi aborda las diferentes modalidades represivas:
* gatillo fácil (fusilamientos falsamente presentados como “enfrentamientos”);
* muertes de personas detenidas (en buena medida por la aplicación de tormentos);
* fusilamientos en movilizaciones u otras protestas (asesinatos cometidos en el marco de la represión a la protesta y el conflicto social);
* muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que el autor utiliza, para “resolver” un conflicto interno o familiar, en palabras de Rodolfo Walsh, los recursos represivos que le provee el estado, lo que incluye los femicidios y femicidios relacionados de uniforme);
* muertes que son consecuencia de otras actividades criminales de las fuerzas (como los “pases de factura” en bandas delictivas mixtas) y otras circunstancias (casos que no encuadran en las categorías anteriores, como el arrollamiento deliberado con un móvil policial en una persecución).
* desapariciones forzadas, femicidios, femicidios relacionados y trans-travesticidios.
"Sabemos que estas prácticas no van a cesar en la medida que el capitalismo siga siendo el sistema imperante. Tenemos en claro que, como organización política, de anclaje popular, y que activa en el campo de los derechos humanos, debemos luchar día a día para denunciar su sistematicidad, pero también tenemos que hacer lo posible para que los nombres del listado sean cada vez menos", agregó en referencia a la Agenda Urgente Antirrepresiva, que se transcribe a continuación:
"• Eliminación de todas las facultades y prácticas de las FFSS para interceptar, requisar y detener personas arbitrariamente. ¡Cumplan la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio ya!
• Prohibición a todas las fuerzas de la portación y uso del arma reglamentaria fuera de servicio y de civil.
• Cese del uso indiscriminado de la prisión preventiva por delitos menores.
• Derogación de las reformas regresivas en la legislación represiva nacional entre 2004 y 2017, de las provincias y de la Ciudad, y de las incorporadas al Código Penal por las leyes antiterroristas entre 2004 y 2010.
• Prohibición de proveer defensa técnica institucional, con abogados de los Ministerios de Seguridad, a los miembros de las fuerzas enjuiciados por hechos represivos.
• Acceso gratuito al sistema judicial para víctimas y familiares de víctimas de la represión.
• Castigo real y efectivo a todos los responsables de hechos represivos.
• Anulación de la directiva que tiene la policía federal de portar el arma en condición de disparo inmediato (con bala en recámara y sin seguros).
• Revisión y rápido trámite de los expedientes de personas con condenas menores efectivas en condiciones de acceder a libertades domiciliarias o asistidas.
• Redireccionamiento de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar condiciones de alojamiento digno a la población carcelaria común.
• Garantía de la debida provisión de asistencia médica y psicológica, alimentos, medicación y recursos sanitarios en lugares de detención.
• No a la baja de edad de punibilidad de niñxs y adolescentes.
• Cese inmediato del permanente y sistemático hostigamiento a las personas obligadas a sobrevivir con tareas precarias en la vía pública, como la venta ambulante, el arte callejero o servicios como el cuidado de autos, limpieza de parabrisas, etc.
• Basta de criminalizar la protesta, de perseguir y espiar organizaciones y militantes populares.
• Eliminación de los protocolos de lógica bélica para la actuación de las fuerzas ante movilizaciones y manifestaciones.
• Eliminación de los “Comandos Unificados” para la intervención conjunta de fuerzas federales y provinciales en las provincias y la Ciudad.
• Eliminación del sistema actual de comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad, que dilata entre 8 y 10 horas confirmar una detención y ubicar a la persona arrestada para asistirla.
• Cese de la militarización de los barrios populares, con presencia masiva de fuerzas federales y locales, con su correlato de hostigamiento, detenciones arbitrarias y muertes por gatillo fácil.
• Basta de criminalizar personas trans y travestis. Derechos sociales y laborales integrales y cumplimiento e implementación efectiva de los derechos conquistados.
• Derogación de la Resolución nº 144/2020 del Ministerio de Seguridad que establece el protocolo de actuación para que las fuerzas de seguridad hagan “tareas de prevención” (ciberpatrullaje) sobre plataformas y fuentes digitales públicas.
• Derogación del Decreto 489/2019 que creó el RePet (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento)".
En 1996, el ex presidente Carlos Menem y Corach provocaron diciendo que algunos periodistas tenían la pluma fácil al hablar de los asesinatos policiales. Entonces Delia Garcilazo, mamá de Fito Ríos, torturado hasta morir en la cárcel de Caseros, propuso hacer listado de personas asesinadas por el Estado desde el fin de la dictadura. El archivo "nos sirve para combatir la naturalización y la invisibilización de las prácticas represivas", explicaron en la Correpi.
Los tres años del Frente de Todos fueron sintetizados como "expectativas desperdiciadas y el peligro de una derecha vigente". Correpi le puso contexto internacional a su cierre: “En el claroscuro surgen los monstruos”, decía Antonio Gramsci. Y en ese claroscuro estamos. Las derechas en todo el mundo, en sus distintas expresiones más o menos radicalizadas, están ocupando un lugar central en la política, logra conquistar la subjetividad de sectores populares que, más temprano que tarde, se verán perjudicados en su propia vida cotidiana".
Y el final del acto, como cada año pero ahora ya no en diciembre, estuvo a cargo de la artista Sara Hebe.
