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En política, se suele explicar, dos más dos casi nunca (o nunca) es igual a cuatro. El sabio proverbio retoma vigencia tras conocerse el índice de precios al consumidor de febrero. El 6,6 por ciento es más que el seis como seis por ciento en el Palacio, en el Ágora, en el mundillo político. Para la curtida gente común el porcentaje está por debajo de la inflación real, a la que sufren día tras día. La miden con el ojímetro y la experiencia. En una de esas aciertan más que los consultores económicos y que varios funcionarios. Las subas que padecen las personas de a pie refieren en particular a sus consumos ineludibles, empezando por los alimentos y artículos del hogar que superan a la media. “¿Qué culpa tiene el tomate?” cantaban los republicanos españoles. Ninguna, concluyen los dones y doñas nadies, Juan y Juana Pueblo: responsabilizan a las autoridades o a grandes empresas. Las autoridades, en primer lugar.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) recobró credibilidad y prestigio, enhorabuena. Sus informes son creíbles. Para acrecentar su prestigio el ente comandado por Marco Lavagna difunde los índices de precios en un día prefijado, a las cuatro de la tarde, la hora señalada. El martes pasado hasta los gurúes de derecha más chantas y valorados predecían unas décimas menos. El equipo del ministro de Economía Sergio Massa vaticinaba también entre 5,8 por ciento y 6,2 por ciento guarismos abrumadores de por sí. El INDEC no filtró data, por lo visto. El índice sacudió al oficialismo que no insinuó respuesta novedosa hasta el cierre de esta nota.
En la misma semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) metió pressing al Gobierno mientras aliviaba una de las metas del acuerdo: el nivel de reservas. Quedó incumplible como tantas otras. Ante un pésimo trance nacional y local el Fondo cuestionó a la moratoria previsional, la rotuló como inesperada. Mocionó que se atenúe el respectivo impacto fiscal. Voces oficiales en off (el esperanto de la etapa) divulgaron que un posible rebusque sería limitar la cantidad de beneficiarios escudriñando niveles de pudiencia o algo así. Cuánto gastan en tarjetas, si compraron divisas, si son dueños de su hogar, etcéteras. Y reducir el número de beneficiarios potenciales. Sería muy complicado poner en práctica la reforma, interpreta este cronista. Y lo que es más grave, se desnaturalizaría el espíritu de la moratoria. El Gobierno no debe ceder a las presiones, serruchando el piso de protección para los jubilados. Podrá ser peliagudo plantarse, vaya uno a saber... pero el suicidio sería peor.
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Las plagas: La pandemia, la guerra en Ucrania, la sequía… se añade una crisis financiera incubada en el centro del mundo. Es incipiente lo que hace imposible pronosticar la dimensión. Algo es seguro, cualquier garúa sobre el sistema financiero internacional se vuelve tormenta en los países emergentes. La Argentina atravesó muchas, en todas sufrió daños. Un coletazo certero, enseñan los expertos de derechas, es el “vuelo a la calidad” (“fly to quality”); los dineros migran hacia las comarcas que generaron la crisis. No hay contrasentido sino atracción gravitatoria. En nuestros pagos (acaso en otros también) se añaden las maniobras especulativas de grandes jugadores que pescan en río revuelto. Cualquier cimbronazo vale como coartada para acrecentar ganancias, sacar ventaja, evadir, fugar. El bien común no marida con “los mercados”.
El escenario empeoró en este verano con la sequía como principal ariete. Es imprescindible, ante eventualidades nefastas e imprevisibles, alguna forma de renegociación. La inminencia de las elecciones señala que revisar la moratoria, reducir la inversión social perjudicarían a la clase trabajadora.
Una tormenta perfecta, agravar el malestar colectivo en el verano ardiente, contribuiría a las nada desdeñables posibilidades de victoria de Juntos por el Cambio (JpC), enemigo declarado de la moratoria, de las políticas sociales en general, de los derechos laborales.
La moratoria continúa con lineamientos trazados entre 2003 y 2015. Cubrir a los damnificados por la evasión patronal que los dejaron sin aportes aunque hubieran laburado en relación de dependencia. O a quienes no pudieron aportar porque sobrevivieron entre tantas crisis. La derecha los desampara con argumentos “meritocráticos”: no se pusieron porque fueron vagos, que carguen con su culpa.
El piso de protección social que construyó el kirchnerismo pudo ser depreciado después de 2015 pero no destruido sobre todo cuando tiene consagración legal. Entre las deudas del Gobierno descolló la de no haber creado ni una institución perdurable de derechos sociales o laborales, una constante de los mandatos de Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. La marca de la presidencia de Alberto Fernández son medidas coyunturales, aumentos posteriores a rebotes inflacionarios, aciertos por tiempo limitado como los IFE (Ingreso familiar de emergencia) o los ATP (Anticipos para la Producción y el Trabajo) en 2020. Todo corto plazo, nunca ampliaciones de derechos amplias y arduas para derogar.
Esta columna no califica para proyectar costos de la movida. Intuye que serán decrecientes según corran los años. Las jubilaciones mínimas se volcarán al mercado interno, dinamizarán el consumo. Son un derecho conculcado.
Conjugando las variables enumeradas, el gobierno dispone de una jugada única. Cumplir con lo prometido y legislado. Asombra que haya sorprendido a las autoridades del FMI porque estaba macerando en Diputados tras haber sido aprobada en el Senado. Quizá algún negociador deslenguado les prometió lo imposible o quizá aprietan por método.
La intransigencia de “este” Fondo es un dilema. Un fallecido economista radical sabio y con olfato político (rara avis) Adolfo Canitrot decía que el Fondo te tira un salvavidas cuando te ahogás, te lleva a la costa, te hace respiración boca y te vuelve a arrojar al agua cuando mejorás un poco. Tal su vivencia, treinta años atrás. La traducción en el siglo XXI está por verse. Dependerá del organismo, del Departamento de Estado y del Tesoro. Son reductos en los que Massa sabe ser bien acogido, más que el peronismo en general.
Nueva intuición de este cronista: el establishment económico argentino será determinante en el curso de los acontecimientos. Con sigilo, visiblemente o sinmigo, el Fondo escuchará sus dictámenes o leerá sus comportamientos. ¿Le conviene a la crema del empresariado la crisis acelerada que incita el macrismo, con desparpajo y mala fe? ¿O le conviene que la economía y el sistema democrático atraviesen el desierto, bien que mal? ¿Le conviene, simplificando apenas, que se jaquee la gobernabilidad justo antes de las elecciones? Mejor ahorrar presagios, la clase dominante argentina es atávicamente simplista, brutal, a menudo gorila, aunque pierda guita en el camino. Las honras a Carlos Blaquier posteriores a su fallecimiento ostentan el rostro de la clase que no se avergüenza tan siquiera de su participación protagónica en el terrorismo de Estado. Personajes paradójicos que aplauden a la película “Argentina, 1985” y a muchos villanos que pasaron por el banquillo o lo gambetean con complicidad del Poder Judicial.
En el Frente de Todos (FdT), a su vez se reprochó a AF no haber promulgado la moratoria, que el Ejecutivo acompañó y que se logró con la unidad del bloque oficialista. Una exageración, por ahí. Las leyes aprobadas en el Congreso pueden entrar en vigencia por promulgación expresa o por haber transcurrido diez días “útiles” (hábiles en jerga actual) desde la comunicación del Parlamento al Ejecutivo sin que medie acción alguna de éste. En criollo y si no falla el ábaco del cronista; la ley habría entrado en vigencia solita el viernes pasado. Vetarla o “devolverla” no estaba en la caja de herramientas, la vocación por las diatribas internas es una constante común del kirchnerismo y del albertismo.
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En defensa propia: El 6,6 por ciento hizo entrar en el pasado a las estimaciones de Sergio Massa. El índice de marzo, parece, superará dicha marca record. El de abril no comenzará con cuatro. El 60 por ciento incluido en el Presupuesto es imposible y complicado llegar al 80 por ciento que se susurraba como soportable, en “off”. La potencial candidatura del ministro retrocede varios casilleros, en paralelo con las chances del FdT.
El Ministerio de Trabajo convoca al Consejo del Salario (CSMVM) para reducir daños. En especial para los beneficiarios de programas o planes sociales. Un parche tan necesario como transitorio.
Los sindicatos repiten las diferencias clásicas en estos años. Los más combativos insisten con el reclamo de aumento general de suma fija para los trabajadores registrados. El Gobierno la desestimó a fines de 2022 cuando había mejor plafón y hubiera sido más funcional.
La totalidad de los dirigentes gremiales reivindica a las convenciones colectivas como la mejor herramienta para sus representados. Se reabren o actualizan con frecuencia creciente.
Los resultados, cabe imaginar, diferirán según la combatividad de los sindicatos. Siempre fue desaconsejable interpretar el resultado de una paritaria fundándose solamente en el aumento promedio “que sale en los medios”. Los convenios colectivos son frondosos, pródigos en beneficios o concesiones captables por lectores avezados. El acuerdo firmado por la Bancaria da un ejemplo flamante. Los aumentos se robustecen con beneficios extra salariales, con la participación en las ganancias, constitucional e infrecuente por añadir solo un par de referencias rotundas.
Entre el fin del verano y el comienzo del invierno se sucederán paritarias relevantes. En junio se cierra la anotación de listas para las Primarias Abiertas (PASO) nacionales.
Una diferencia con relación a las elecciones de 2015, notable y algo olvidada. La dirigencia sindical peronista era más hosca respecto de la entonces presidenta Cristina que hoy con relación a Alberto Fernández. No es amor nunca, ni alineamiento casi nunca. Apenas haber sido escarmentados por Macri y su equipazo. Hoy los gremialistas saben que un regreso de la derecha viene por ellos y por los derechos de los trabajadores. La premisa de hacer lo mismo pero más rápido atañe tanto a las empresas públicas (y sus empleados) como a la Ley de contrato de trabajo, a las indemnizaciones por despido solo para empezar.
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Confesión y cierre: Una confesión antes de recapitular y cerrar. El cronista ignora qué pasará si el gobierno desoye los cantos de sirena del Fondo e insiste con un programa coherente hasta diciembre. Si habrá renegociación con cierta transigencia en función de las debacles combinadas. O si se decretará un default. O si conseguirá surfear con un programa mínimo.
Sí sabe que la jubilación para quienes laburaron toda la vida es un derecho humano y social. Que no hay margen para borrar o desfigurar con el codo una política pública digna y flamante.
El ABC de la política también existe. Terminar retrocediendo, adoptando (algunos dirán acentuando) el programa del adversario político es un viaje de ida al fracaso electoral y una injusticia con los representados.
El verano se insinuó promisorio con el sabor del Mundial en las mentes y los brindis, las vacaciones, los pronósticos voluntaristas, Hoy en día cuesta imaginar que terminará marzo… pero terminará.
En la próxima semana volverá a jugar la Selección en su patria. Y se conmemorará el aniversario del golpe de estado de 1976. Ojalá que el sentido común colectivo y la destreza de los dirigentes construyan una fiesta popular inolvidable el jueves. Y que el viernes, en Plaza de Mayo y en muchas otras de todo el país se reiteren la masividad, los homenajes a las Madres y las Abuelas, el respeto a la memoria de los compañeros detenidos-desaparecidos.
La celebración popular, las banderas de siempre, la unidad en las calles y en la acción pueden soplar una brisa fresca en tiempos difíciles. Pueden, podrán, podrían... Ojalá.
