Desde Santa Fe

La Ley de Fortalecimiento de la Justicia Federal en Santa Fe que crea 50 cargos de magistrados: 27 fiscales (15 de ellos en Rosario y siete en Santa Fe), 9 defensores públicos y 14 jueces con funciones de garantías, revisión y ejecución penal demandará una inversión del Estado de 1.106 millones de pesos por año, según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional que se publicó el viernes. La base del cálculo es la “retribución” –como la llama- de los futuros fiscales, defensores y jueces de Cámara que se estimó en 1.104.338 pesos mensuales y un poco menos la de jueces de garantías: 866.947 pesos por mes. En realidad, los 50 cargos (36 en el Ministerio Público y 14 en el Poder Judicial) significarán una “erogación en personal” de 1.564 millones de pesos anuales, pero esa cifra –según el informe- sería “parcialmente compensada” por los aportes de los funcionarios al “sistema de seguridad social” y el supuesto pago del “impuesto a las ganancias”, que es exigible a los designados a partir de 2017. La “compensación” sería entonces de 458 millones, por lo tanto, el “impacto fiscal del proyecto” se redujo a 1.106 millones de pesos anuales. El costo no incluye “gastos operativos”, “equipos informáticos y de comunicaciones”, ni la infraestructura de un área clave que crea el artículo 20 de la ley: una oficina para investigar el narcotráfico y lavado de activos con especialistas “en ciencias económicas, sistemas informáticos y otras ciencias para atender los delitos complejos”.

El objetivo de la ley es “fortalecer la justicia federal en Santa Fe” ante la crisis de inseguridad y violencia en Rosario, pero también aplicar en la provincia el sistema acusatorio que cambia el proceso penal y asigna a los fiscales la tarea de investigar, que hoy está a cargo de los jueces que –en muchos casos- han demorado el proceso.

El proyecto ya tiene despacho de dos comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación: Justicia y de Legislación Penal. La comisión de Presupuesto y Hacienda –que preside Carlos Heller- está citada para el miércoles que viene, a las 10, para firmar el dictamen, que así quedaría en condiciones de ser tratado en el recinto en un plenario que el Frente de Todos buscará realizar el próximo martes 28. “La idea es darle le media sanción”, dijo una fuente segura consultada por este diario.

El autor de la reforma es el diputado peronista Roberto Mirabella, quien integra el círculo político del gobernador Omar Perotti y sumó el apoyo y la firma de los otros 18 diputados nacionales por Santa Fe del oficialismo y la oposición. Rosario/12 ya informó que los cargos a crear en la justicia federal de Santa Fe son 50:

*27 fiscales federales (15 en Rosario, siete en Santa Fe, uno en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto y uno en San Nicolás).

*9 defensores públicos (tres en Rosario, dos en Santa Fe, uno en Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto).

* 6 jueces de garantías (en Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto). Los jueces 3 y 4 de San Nicolás pasarán a ejercer esa función en simultáneo con las que tienen actualmente.

*6 jueces de revisión (tres en Rosario y tres en Santa Fe). A los de Santa Fe, la ley les amplía la competencia territorial a todo el centro norte de la provincia, incluida Reconquista, donde hoy el tribunal de alzada es la Cámara Federal de Resistencia.

*2 jueces de ejecución penal (uno en Rosario y otro en Santa Fe).

El viernes, la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el “impacto fiscal” de la ley en 1.106 millones de pesos anuales. Su informe es el paso previo para que la comisión del ramo pueda dictaminar el miércoles próximo. El cálculo se limita al costo de los 50 cargos, pero “sin prever el detalle de las estructuras que los contienen”. “No se contemplan –dice el documento- los gastos vinculados a los organismos” que se organizarán a partir de la ley, “la dotación de personal que eventualmente acompañe a los cargos que se crean, los gastos operativos (insumos, servicios públicos, limpieza) y la inversión (en oficinas, mobiliario, equipos informáticos, comunicaciones) que pudiera generarse”. Y revela que el financiamiento de “las nuevas estructuras” quedarán a cargo del Ministerio Público y del Poder Judicial, en “el ámbito de sus competencias”.

El informe estimó el "impacto fiscal" de los 50 cargos en 1.564 millones de pesos por año a partir de las "retribuciones” que se pagan en el fuero federal “a valores de marzo de 2023”. Llegó a esa cifra al sumar lo que costarán los 27 fiscales (867 millones de pesos por año), 9 defensores públicos (289 millones), 6 jueces de garantías (151 millones), 6 jueces de revisión (193 millones) y 2 jueces de ejecución (64 millones).

Pero ese gasto “se vería compensado parcialmente” –agrega el informe- por los aportes de los funcionarios designados al sistema de “seguridad social” y el supuesto pago del “impuesto a las ganancias”, que es exigible a los ingresantes. “A partir de 2017, los nuevos integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación tributan el Impuesto a las Ganancias. Se ha considerado que las personas que ocuparían los cargos que se crean, no provienen de otros designados en dichos ámbitos con anterioridad a 2017, por lo tanto estarían alcanzados por el impuesto”, apuntó.

“En resumen, el gasto en personal estimado en 1.564 millones de pesos por año se vería reducido por los aportes y contribuciones a la previsión social (432 millones) y el pago del Impuesto a las Ganancias que ingresaría al Tesoro Nacional (25 millones)”. Por lo tanto, “el impacto fiscal aproximado” de la ley sería de 1.106 millones, concluyó el informe. 

Para el cálculo, se utilizó la “retribución” que percibirán los fiscales federales, defensores públicos y jueces de revisión y ejecución penal, que estimó en 1.104.338 pesos por mes y un poco menos la de los jueces de garantías: 866.947 mensuales.