Un presidente campesino, líder de los docentes peruanos (el “Profe”), apoyado por las rondas campesinas, que estuvieron cuarenta y cinco días en Lima exigiendo que sus votos fueran respetados (la “Keiko” Fujimori quería anularlos), fue destituido sin ser escuchado y sin respetar el propio reglamento del Congreso. Su vacancia es ilegítima procesalmente, y el régimen asesinó a más de sesenta personas que pedían restitución del primer presidente rural de la historia del país. Esta doble criminalidad no puede negar la impronta racista que reitera que el lugar de campesinos pobres es la Sierra y no Lima: “Puno no es el Perú” advirtió la señora Boluarte.
No es posible disimular más que se trata de un nuevo y perverso capítulo de la persecución contra líderes populares (Correa, Lula, Evo, Cristina, Petro, Dilma, Zelaya, Lugo). En el caso peruano el motor son las concesiones-leyes de la época de Fujimori que vencen este año, aunque sus “leyes antiterroristas”, contrarias a cualquier convención de DDHH y después de más de tres décadas del cese de la violencia en el país, se aplican ahora a quienes protestan. Pedro Castillo en verdad está preso porque manifestó que no los renovaría. Ese fue su principal pecado.
Quienes creemos que la democracia no es del todo buena, pero no conocemos algo mejor, nos alarmamos por su destino en nuestra América. Oligopolios de medios crean realidades únicas, igual que el “Völkisches Beobachter” o el “Pravda”; un demagogo inaugura un campo de concentración; un demente expulsa ciudadanos; jueces criminalizan a líderes populares y garantizan impunidad a los criminales financieros que hipotecan países y regalan riquezas naturales; se destituyen presidentes en golpes de estado blandos y no tan blandos. Ya no se trata de métodos sutiles, sino de un brutal regreso a los de tiempos que creíamos superados.
Los medios emboban con el escándalo del momento; si no existe lo inventan. Al mismo tiempo, hechos gravísimos se omiten en sus realidades virtuales; como no se los informa, creemos que no pasa nada, aunque todo siga pasando.
Perú dejó de ser noticia en los medios hegemónicos, una señora que asumió la presidencia traicionando a su compañero de fórmula, sin partido ni bloque parlamentario, legitimó más de sesenta muertes y dice que los muertos son “terroristas”, explotando el amargo recuerdo que su pueblo guarda de esa palabra. ¿Ahora hay niños y mujeres terroristas? ¿Hay terroristas sin armas? ¿Los estudiantes hacen terrorismo sin salir de la Universidad? ¿Cree que ejerce poder, con su banda y su atuendo pulcro, rodeada de militares y policías? ¿No se da cuenta que es un juguete del poder? ¿Ignora que vencen las concesiones de Fujimori? ¿Nadie le advirtió que Roma no paga traidores?
Ante la ilícita prisión de Castillo, víctima del ancestral racismo, hay jueces que afirman que eso es irrelevante porque, de todos modos, no tenía argumento de defensa. Está preso acusado de rebelión armada, cuando sabía que no contaba con el apoyo de un solo militar ni de un solo policía. Y los jueces afirman que igualmente incurrió en rebelión armada porque “en otras circunstancias eso hubiese sido muy peligroso”. No hay conducta que en otras circunstancias no sea peligrosa. Ni siquiera se esmeraron en inventar argucias jurídicas igualmente inválidas, pero por lo menos un poco más sofisticadas.
¿Y nos piden que respondamos jurídicamente? ¿Pero cómo se puede argumentar jurídicamente frente a quien dice “lo hago porque se me da la gana”? En Perú lo confiesan los jueces que mantienen preso a Castillo; en Ecuador el canciller ofendido después de negar por dos años el salvoconducto de salida a un ciudadano argentino menor de edad y a una exministra condenada por jueces interinos puestos por el traidor que hoy está en arresto por coimero; en nuestro país un tribunal emite dos kilogramos de sentencia condenatoria sin pruebas y dispone el pedido de sanciones a los defensores por sus alegatos. ¿Qué argumentos jurídicos cabe frente a estas bravuconadas?
Nos han sacado del derecho, estamos en el espacio de lo ”a-jurídico”, del caos sin derecho. Aunque el derecho también es política, hay tareas que son de “política pura”. Y salir de lo “a-jurídico” para volver a lo jurídico no es tarea jurídica, sino política pura. Debemos impulsarla, pero la harán los pueblos, a medida que tomen conciencia de que son estafados. Resistirán y lucharán por la democracia y por el derecho y no caerán en la trampa que le tienden los agentes coloniales incitándolos a la violencia, pues ya saben quiénes aportan los muertos.
Los más de sesenta muertos en Perú son del sur, de Puno, Ayacucho, Cusco, parece que sus vidas valieran menos que si fuesen de Miraflores o San Isidro –nuestra Recoleta-, y los ministros de Boluarte balbucean “conspiraciones”, cuando los “conspiradores” son ellos, que están ejerciendo un poder usurpado sin respetar el reglamento del Congreso.
¡Paradojas del destino! Antes, el discurso de orden era de los reaccionarios, pero ahora debemos esgrimirlo nosotros para ayudar en el difícil trance de superar el caos creado por los personeros de los intereses financieros tardocoloniales. La difícil empresa que tenemos por delante es la reconstrucción de las instituciones, de la democracia, de la juridicidad. Se decía que donde el caballo de Atila ponía sus herraduras, ni el pasto volvía a crecer. ¡Pero donde estos ponen sus finos calzados, lo que desaparece es el verdor de los dólares!
