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Un enviado de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presionaron para meter a alguien preso. El siguiente paso fue la manipulación de un perro, Bruno, para que señalara a una especie de hippie de la zona. Y así fue que detuvieron —y lo tuvieron preso durante casi cinco años— a Marcos Bazán, a quien imputaron por la resonante violación y el asesinato de Anahí Benítez, en Lomas de Zamora. El verdadero violador y asesino, lo que se demostró hasta por ADN, Marcelo Villalba, fue detenido meses más tarde, pero la justicia de Lomas de Zamora no quiso dar marcha atrás a la historia armada desde La Plata y desde la AFI. Todo esto está saliendo a la luz en el segundo juicio por el caso Anahí.
Los jueces Santiago Ariel Márquez, Daniel Julio Mazzini y Gustavo César Ramilo, del Tribunal Oral Criminal 7 de Lomas llevan adelante este segundo juicio, con Marisa Monti como fiscal. La defensa de Bazán tiene el protagonismo de Innocence Project (IP) y su titular Manuel Garrido está al frente. IP es una organización centrada en asistir a personas presas por un delito que no cometieron, en especial a raíz de causas armadas.
La orden de Vidal para callar a los medios
La semana pasada declaró uno de los policías que realizó el allanamiento original en la casa de Bazán, previo a su detención. El efectivo contó que “desde la gobernación llegó la orden de detener a alguien, porque había mucho ruido en los medios”. Anahí desapareció el 31 de julio de 2017. El impacto fue inmenso y los medios siguieron la búsqueda minuto a minuto.
En la urgencia por detener a alguien, arrancaron por un profesor de la adolescencia, pero no había evidencia de ningún tipo para sostener la acusación. Aún así, fueron varios días que lo demonizaron. La presión era muy fuerte y Vidal quería demostrar que ella no era como sus antecesores, sobre todo, por la tenebrosa historia del asesinato de Candela Rodríguez.
Según le contó el uniformado a los jueces, la supuesta orden de "detener a alguien" fue transmitida por el fiscal Sebastián Scalera, el operador en Lomas de Zamora, del procurador bonaerense, Julio Conte Grand. Ambos, Scalera y Conte Grand, ya aparecieron señalados en las maniobras macristas que apuntaron a meter presos a Hugo y Pablo Moyano.
El truco del perro Bruno y la detención de Bazán
En la audiencia del lunes 13 de marzo estuvo como testigo el adiestrador de perros, Diego Tula. Es que el perro Bruno fue decisivo en la detención de Bazán. Se mostraron imágenes de aquel rastrillaje y la declaración de Tula fue una grosera prueba de cómo se concretó la manipulación. El adiestrador dijo que Bruno ladraba tanto cuando el rastro era positivo como cuando resultaba negativo y que sólo él se daba cuenta de lo que el perro quería significar.
Al día siguiente declaró Mario Rosillo, un reconocido adiestrador al que Tula mencionó como su maestro. Rosillo demolió el rastrillaje de Tula. Le exhibieron el video y él mismo fue deteniendo la grabación, mostrando cómo se indujo a Bruno.
La AFI mete la cola
Finalmente, también Innocence Project le pidió a los jueces la reproducción de tres audios de familiares de Anahí. Lo que se escuchó fue de alto impacto. Un agente de la AFI se conectó con ellos para trabajar en la investigación y luego ese mismo agente apareció dentro de la fiscalía dando órdenes y hasta tomando declaraciones.
Según consigna la página diarioconurbano.com.ar el agente era Fernando “Chino” Cornes, un habitué de los tribunales de Lomas de Zamora. Otras fuentes sostienen que el funcionario era parte del Ministerio de Seguridad que comandaba Patricia Bullrich.
Por qué se anuló el primer juicio
El año pasado, la Cámara de Casación bonaerense, en base a un detalladísimo fallo del juez Daniel Carral, arrasó con lo resuelto en el primer juicio por la violación y asesinato de Anahí. Fundamentalmente Carral desmontó lo hecho para condenar a prisión perpetua a Bazán. Por ejemplo, analizó que los magistrados sostuvieron que el cuerpo de Anahí fue ingresado a la reserva Santa Catalina de Lomas por una zona en la que había una cámara, que de ninguna manera registró ese movimiento.
Muy diferente fue la evaluación de la condena de Villalba, quien tuvo en su poder el celular de Anahí, tenía antecedentes de violencia y abuso y la prueba de ADN dejó en claro que fue el violador y por lo tanto el homicida. Aun así, la justicia de Lomas de Zamora —se ve que con la influencia de la gobernación y la AFI— no quisieron dar el brazo a torcer, no admitieron sus maniobras y tuvieron a Bazán casi cinco años preso. Hoy en día, al joven lo defienden hasta las organizaciones feministas y de derechos humanos.
