El fiscal federal Franco Picardi dictaminó que debe ser rechazado un recurso que busca declarar la nulidad total de la investigación por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, ante el planteo que había hecho uno de los exespías imputados. La cuestión ahora debe ser resuelta por el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi.
En un dictamen de 55 carillas, Picardi pidió al magistrado que "rechace" el planteo de nulidad formulado por la defensa del acusado Jorge Sáez, al que adhirieron otras defensas de los procesados.
"Ninguno de los actos procesales impugnados o criticados por la defensa, por vía del planteo de nulidad en tratamiento, presentan vicios ni irregularidades pasibles de la sanción que se pretende", concluyó la fiscalía.
La defensa del acusado sostuvo que hubo violación de garantías constitucionales, falencias en la cadena de custodia de prueba y se refirió a la "teoría del fruto del árbol envenenado", en alusión al origen de la investigación en el fuero federal de Lomas de Zamora. Pero para el fiscal, "las pretensiones ventiladas no han exhibido perjuicios ni incumplimientos formales sustanciales, de imposible subsanación".
Picardi evaluó que el planteo "hace referencia a la violación de garantías constitucionales destinadas a asegurar la imparcialidad del juez; sin embargo, del examen cuidadoso de los hechos procesales destacados, no se advierte tal afectación". Y concluyó que "corresponde añadir que de los planteos producidos por otras defensas, a favor de la nulidad articulada, tampoco surgen hechos ni argumentos que varíen mi opinión sobre el planteo".
En la causa por espionaje ilegal, la Cámara Federal porteña consideró que no hubo asociación ilícita, revocó los procesamientos dictados en ese sentido y sólo dejó acusados a un grupo de exespías por supuesta violación a la ley de inteligencia. Los beneficiados por aquella decisión fueron principalmente los jerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. La investigación se desarrolló inicialmente en la Justicia Federal de Lomas de Zamora pero luego, por orden de la Cámara Federal de Casación Penal, pasó a los tribunales federales de Retiro, donde el PRO juega de local.
