La temperatura bajó y los cortes de luz se redujeron a una cifra mínima en comparación a lo ocurrido durante las últimas semanas. Este lunes a las 19:20 horas había solo 6120 usuarios sin luz en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires, de los cuales 3963 eran de Edesur. Sin embargo, la presión oficial sobre distribuidora controlada por la italiana Enel continúa. El gobierno dejó trascender en las últimas horas que está evaluando algún tipo de intervención sobre la empresa que vaya más allá de los veedores designados a fines de febrero para tener un mayor control sobre lo que ocurre y ayudar a mejorar la capacidad de respuesta de la compañía.
Algunos sectores dentro de la coalición oficial quieren ir más allá y hablan de quitarle la concesión a la empresa y que el Estado se haga cargo de la gestión de este servicio público. En Economía, en cambio, exploran otras alternativas porque saben que, si le quitan la concesión, Edesur recurrirá al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y terminará demandando al país por una cifra millonaria.
El interventor del Enre Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Walter Martello, reconoció la semana pasada que “Enel ha contratado a un estudio internacional de abogados para litigar ante el Ciadi en caso de la rescisión”. “No le vamos a dar a Edesur la posibilidad de que litigue con fundamento, vamos a tomar todas las precauciones para que el Congreso, la política en su conjunto, defina qué hacer", agregó el funcionario, pero el riesgo está latente.
Además, algunos funcionarios reconocen que es un riesgo innecesario porque Enel anunció en noviembre que se va del país y puso en venta todos sus activos. De hecho, ya vendió Central Costanera y Central Dock Sud.
Descartada en principio la opción de la expropiación, lo que se busca es incrementar la presión sobre la empresa para tratar de que el servicio mejore durante esta transición y no se convierta en un barco absolutamente a la deriva. Como parte de esa estrategia, la semana pasada se decidió denunciar penalmente al directorio de la compañía defraudación, abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos.
Lo que más preocupa al gobierno no es la cantidad de cortes que se produjeron sino la falta de reacción de la empresa para solucionarlos. Martello informó la semana pasada que durante los días de calor agobiante los cortes en el área de Edesur no bajaron de 70 mil por día, pero en varios casos la interrupción del servicio llevaba días. En la Ciudad de Buenos Aires hubo edificios que estuvieron hasta 8 días consecutivos sin luz.
La municipalidad de Esteban Echeverría también denunció penalmente a la empresa porque los cortes afectaron el funcionamiento del Hospital Municipal Sofía Terrero de Santamarina y no hubo respuesta por parte de la distribuidora. "Durante 48 horas, la empresa Edesur no proveyó el servicio de energía eléctrica al hospital y tampoco brindó asistencia en la emergencia, a pesar de haberse comprometido a proporcionar un generador como soporte ante la urgencia que ameritaba el caso", aseguraron a través de un comunicado. Ese generador, indicaron, "fue entregado 24 horas después de la interrupción del suministro eléctrico y no funcionó por desperfectos en su batería".
Ratificación de denuncia
El fiscal federal Ramiro González convocó al interventor del ENRE, Walter Martello, para ratificar la denuncia presentada contra el directorio de Edesur a raíz de los reiterados cortes de luz, y aportar documentación que estime pertinente. Asimismo, el fiscal dispuso "certificar" la existencia de denuncias previas con similar objeto de investigación.
González tomó esas decisiones en la denuncia que el ENRE presentó la semana pasada contra Edesur y que resultó sorteada en el juzgado federal 11, que subroga el juez Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales. Por su parte, el magistrado delegó la pesquisa en la fiscalía de González.
Los denunciados son Francesco Tutoli, responsable de la empresa Enel Argentina; el presidente de Edesur, Juan Carlos Blanco; y quienes figuran como miembros de su directorio: Víctor Díaz Bobillo, María Alejandra Martínez, Mónica Diskin, Jaime Barba y Alejandro Martínez, entre otros.
El escrito presentado ante la Justicia pone de manifiesto distintos episodios en los que el Ente emplazó a la empresa para que se tomen los recaudos necesarios para evitar la interrupción del servicio.
También refleja diferentes reclamos de personas electrodependientes que no obtuvieron respuestas a tiempo ante los cortes y se adjuntan pruebas de solicitudes de servicio por parte de los usuarios que ni siquiera fueron leídas por Edesur, entre otras irregularidades, según la denuncia.
