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La causa Vialidad en la que fue condenada Cristina Fernández de Kirchner es un ejemplo de la omisión del debido proceso, la espectacularización y la ridiculización en medios de comunicación, y la instrumentalización del aparato judicial con fines políticos. Ésta es una de las definiciones rotundas que constan en el libro “Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina”, que se presentará este martes en el CCK como parte del apoyo que exmandatarios y juristas que integran el Grupo de Puebla le darán a la vicepresidenta mientras sus abogados trabajan en la apelación de la sentencia en su contra.
El acto, que tendrá lugar dentro de la tercera edición del Foro Mundial de Derechos Humanos, terminará con la intervención de CFK en la que se espera que hable sobre cómo el Poder Judicial tomó el lugar que antes ocupaban los fusiles militares a la hora de condicionar los procesos políticos del país.
Iba a ser en diciembre, después del veredicto del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, pero debió postergarse porque CFK se contagió de Covid; el abrazo del Grupo de Puebla finalmente será este martes, menos de dos semanas después de que se conocieran los fundamentos de esa sentencia que reforzó la denuncia de que, en realidad, el Poder Judicial busca proscribir a la vicepresidenta y dejarla fuera de la contienda política en un año electoral.
CFK se encontrará con expresidentes como Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia) y José Luis Rodríguez Zapatero (España), entre otros dirigentes políticos. Los acompañará Baltasar Garzón, el exjuez español que, durante los años de vigencia de las leyes de impunidad, fue quien empujó desde Madrid las investigaciones sobre los crímenes de la última dictadura y funcionó como un catalizador para el proceso de verdad y justicia en la Argentina.
Garzón coordinó el libro, al que tuvo acceso en exclusiva Página/12, y que da cuenta de las críticas de juristas progresistas de renombre sobre el proceso que enfrentó CFK entre 2019 y 2022. “La persecución judicial abunda contra sectores, líderes y funcionarias o exfuncionarios de gobiernos y sectores que promueven la intervención del Estado en la economía, el reclamo soberano y autónomo sobre los recursos, para lograr una mayor y mejor distribución en contextos de enorme desigualdad social y económica”, puede leerse en la introducción que escribió el jurista español junto con Gisele Ricobom y Silvina Romano.
En los ensayos se hace hincapié que detrás de las causas judiciales contra CFK o Luiz Inácio Lula da Silva hay intereses económicos vinculados a la geopolítica. Como ejemplo están citadas las maniobras de los fondos buitres contra CFK por la firma del Memorándum con Irán que dio pie a la denuncia de Alberto Nisman en enero de 2015. En el caso del fiscal del caso AMIA, Garzón pone de manifiesto su “importante vínculo” con la embajada de los Estados Unidos. Además, destaca que la presencia de Washington puede percibirse también a través de la formación que brinda a magistrados locales o en sus políticas anti-terrorismo o contra el lavado de dinero.
La conexión con Estados Unidos también está presente a través de la aprobación de leyes como las del arrepentido, que fue clave para la construcción de la causa de los “cuadernos”. El jurista español le dedica una mención al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, que “extorsionaba a los empresarios pidiendo declaraciones falsas en contra de CFK a cambio de dejarlo fuera de la causa”.
En ese marco, para los expertos, la causa Vialidad muestra cómo opera el lawfare para eliminar de la política al sector que representa lo nacional y popular, atacando de forma directa a su líder, CFK. En ese marco, recuerdan que la vicepresidenta sufrió más de 650 denuncias por parte de “denunciadores seriales” y que le abrieron más de doce causas. Varias —como la del Memorándum con Irán, Dólar Futuro o Hotesur-Los Sauces—, fueron sobreseídas, pero están en proceso de revisión en la Corte o en la Cámara Federal de Casación Penal. “En ninguna de las causas se han mostrado pruebas que den cuenta de los delitos de los que se la ha culpado”, reafirman días después de que el TOF 2 reconociera que no tenía prueba directa para incriminarla en un supuesto esquema para favorecer a Lázaro Báez con la obra pública en Santa Cruz.
En el caso de CFK, la noción de eliminar de la esfera de la política formal al enemigo no se queda en formalismos, destacan. A la vicepresidenta quisieron matarla el 1 de septiembre pasado. “A pesar de la gravedad, la causa abierta para realizar averiguaciones sobre el atentado no ha fluido con la rapidez que merece un intento de femi-magnicidio”, resaltan. “Lo que sí opera con más rapidez son las causas contra CFK, como la causa Vialidad”.
Gran parte de esta doble modalidad que adoptan los tribunales para con ella fue descrita por la vicepresidenta en la presentación que hizo ante la comisión de expertas de la Organización de Estados Americanos (OEA) que estuvieron en el país para monitorear distintos casos de violencia política contra las mujeres. En ese momento, CFK dijo que, cuando ella es imputada, no la dejan defenderse y que, cuando es víctima, los jueces no investigan a quienes la agreden.
Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema y exintegrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es otro de los juristas que escribe sobre la persecución judicial a CFK. Zaffaroni remarca que el veredicto del TOF 2 contra CFK es un episodio persecutorio, pero que no se trata de un hecho aislado como tampoco lo es el intento de homicidio. El hilo que los recorre es el odio antipopular, dice el penalista.
El libro recoge también textos de la exministra de Mujeres, Diversidad y Género Elizabeth Gómez Alcorta o del jurista peruano Diego García Sayán, el relator de Naciones Unidas que en 2019 denunció que el gobierno de Mauricio Macri llevaba adelante un plan sistemático de intimidación a los magistrados o magistradas que no comulgaban con el gobierno.
La intervención de CFK, de los exmandatarios y del propio Garzón se orientará bajo el eje: “Voluntad popular y democracia: Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”. En el libro también se preguntan por qué las derechas ya no recurren a la vieja alianza con las fuerzas armadas o de seguridad para hacerse con el Estado. “Porque los pueblos nos hemos apropiado de la democracia”, responden. Esa quizá sea una de las esperanzas que mañana sacarán a relucir los dirigentes políticos.
