En noviembre del 2011 el asesinato en los montes santiagueños de un campesino de apenas 23 años, Cristian Ferreyra, sacudió a las organizaciones populares y, antes de un año, el 10 de octubre del 2012, en la triple frontera de Salta, Chaco y Santiago del Estero, otro poblador rural, Miguel Galván, caía degollado en otra disputa por las tierras.
Si el caso Cristian Ferreyra se convirtió en emblema porque simboliza, entonces y ahora, la violencia despiadada contra los pobladores que se niegan a abandonar territorios de ocupación ancestral, el encarcelamiento por tres años del empresario pretendiente de los campos y los 10 años aplicados al verdugo empleado mostró que es posible buscar y conseguir un poco de justicia.
El próximo 23 de marzo, a las 11 horas, en el Salón de los Pañuelos de la ExESMA, en un Conversatorio coordinado por Ana Cacopardo participarán dos mujeres referentes de la lucha en sus territorios, Deolinda Carrizo (Santiago del Estero) y Gloria Mamani (Jujuy), ambas de la Vía Campesina -organización global que busca la soberanía alimentaria de los pueblos-, el experimentado abogado del CELS, Diego Morales, y la autora del libro “En Riesgo. La lucha de campesinos y campesinas por la tierra en Santiago del Estero”, que enfoca el juicio por el asesinato de Ferreyra, se verá cuán vigente es este enfrentamiento.
Esta pelea que no figura en la agenda de ningún candidato a presidente responde a la discusión de fondo que es la posesión de los tierras y los derechos de los pobladores -indígenas o criollos-; está en el orden, estiman varios consultados, de una disputa de unas 20 millones de hectáreas en todo el país.
Lo que hay que decir es que en la Argentina no existen más que estimados, recolección y suma de datos, porque “el país no cuenta con un mecanismo unificado oficial, serio, sobre levantamiento de datos de conflictos, cada organización u instituciones de la sociedad civil va haciendo un estimado del número de hectáreas en conflicto”, dijo a Salta/12 la abogada María José Castillo ex directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF).
¿De dónde salen las 20 millones de hectáreas? “Tenemos que ir al Censo Nacional Agropecuario, a las organizaciones y sus estadísticas, gremios que no lo hacen de manera unificada entonces queda una subestimación de conflictos y de hectáreas”, agregó la letrada.
“Lo que hay oficial son los datos del 2010/ 2011 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca publicado en el 2013 que arroja diez millones de hectáreas en conflicto según ese relevamiento. Y a eso hay que sumar 10 millones más que resultan del relevamiento de la ley 26160 (contra los desalojos de comunidades indígenas votada en el 2006 y con sucesivas prórrogas). Ví que no son las mismas y por eso hablamos de 20 millones de has en conflicto”, detalló Castillo.
Para Deolinda Carrizo el asesinato de Cristian Ferreyra en el monte a 60 kilómetros de Monte Quemado en el norte provincial “significó un golpe político a los pueblos de la tierra. Pudimos hacer visible la impunidad con que se manejan empresarios con sus sicarios. Vemos la lentitud de la justicia para atender y evitar estas violencias, con desmontes ilegales de por medio para desplazar y privar a las comunidades de sus espacios territoriales. Significó saber que la organización y la solidaridad fueron necesarias para hacer oír lo que pasó. La necesidad de frenar los desalojos con ley Cristian Ferreyra y posteriormente terminó con la propuesta y aprobación de la 27118, es decir que fue un importante eslabón que permitió avanzar y terminó en la ley de reparación histórica para la agricultura familiar campesina e indigena”.
La lista de asesinatos en los montes no está cerrada
Javier Chocobar, comunero diaguita de Chuschagasta (Tucumán), fue asesinado el 12 de octubre del 2009; Sandra Ely Juárez, 33 años, murió de un paro cardíaco frente a una topadora el 13 de marzo del 2010 en el paraje San Nicolás (Santiago del Estero); Roberto López, qom, de la Comunidad Potae Napocna Navogoh (Formosa), asesinado durante la represión policial del 23 de noviembre del 2010; Mario López, pilagá de Colonia Alberdi (Formosa), atropellado por un oficial de policía el 24 de noviembre del 2010; Mártires López, qom, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), murió en un dudoso accidente el 14 de junio del 2011 en Pampa del Indio (Chaco).
A esa lista se sumó Cristian Ferreyra el 16 de noviembre del 2011 y Miguel Galván el 10 de octubre del 2012. También el 12 octubre pero del 2018 Héctor Reyes Corvalán se autolesionó “a lo bonzo” y murió el 22 de ese mes tras intentar frenar el desalojo de su campo en Suncho Pampa en el norte santiagueño.
