La intervención de Edesur por parte del Gobierno Nacional es una muy buena noticia. Es una intervención administrativa por 180 días y es una muy buena oportunidad para preguntarnos lo que nos preguntamos siempre: ¿qué está aportando el sector privado a la distribución de energía eléctrica en el AMBA?

Casi todos los años el verano nos encuentra discutiendo sobre lo mismo. Este año no fue la excepción, o sí lo fue, pero por lo intenso de los episodios de corte de luz. Las inéditas olas de calor que se prolongaron hasta marzo llegaron a dejar este mes más de 110 mil usuarios sin luz en un mismo día, concentrándose los apagones en los usuarios de Edesur de los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Ezeiza, Berazategui y Florencio Varela.

¿Por qué se producen estos cortes? Por varios motivos. Ciertamente los máximos históricos de demanda de potencia al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con 29.089 MW a las tres de la tarde, o más de 20 mil MW apenas a las 7 de la mañana, no ayudan. En otras palabras, es difícil que con una temperatura que no disminuye de los 30 grados en ningún momento del día, por más de diez días, no haya cortes. Pero hay algo, no ya en la generación de energía o en la distribución mayorista, sino en la concesión de la distribución minorista de luz que es necesario discutir.

La pregunta es simple: ¿qué es lo que tiene el Área Metropolitana de Buenos Aires que amerita que tenga un esquema de distribución de energía que es raro, no ya en relación a las experiencias mayoritarias en el mundo, sino al resto de la propia Argentina? Vayamos por partes.

Es sumamente llamativo que, lejos de ser el patrimonio de un grupo de países comunistas díscolos en el sistema económico mundial, las empresas públicas de distribución de energía sean mayoritarias en el planeta. Es más, según un informe del Banco Mundial, no es posible encontrar ninguna región del mundo, cuando se las agrupa por ingresos o por cercanía geográfica, donde las empresas privadas de distribución superen a las públicas en número. Tampoco sobresalen las empresas controladas por capitales privados cuando vemos sólo a las más grandes: dos de las más grandes del mundo están radicadas en Francia e Italia y tienen una participación mayoritaria del Estado entre sus accionistas, y hay grandes empresas distribuidoras totalmente estatales en Alemania, Austria o Suecia.

Por si lo anterior fuera poco, cuesta encontrar en Argentina algo parecido a lo que sucede en el AMBA: en Córdoba la distribución es estatal, en Santa Fe también y en Corrientes; y en el grueso del interior de la propia provincia de Buenos Aires encontramos una enorme variedad de cooperativas que no tienen absolutamente nada que ver con las concesiones del AMBA.

Seguro que lo que amerita el mantenimiento de las concesiones no tiene que ver con la calidad del servicio y las inversiones. En otras oportunidades ya señalamos que, entre 2016 y 2017, antes de que estallara la “estrategia” macroeconómica del Gobierno de Cambiemos, las tarifas de las distribuidoras eléctricas habían crecido al menos más de 5 veces en dólares en el AMBA y, curiosamente (o no), Edenor había invertido menos en 2017 que en 2015 (descontada la inflación), y Edesur incluso menos que en 2014.

Tampoco hay una cuestión de ahorro por parte del Estado. Sobre esto último es muy interesante ver cuánto le costaba al Estado la administración de los servicios públicos cuando eran estatales y compararlos con cuánto cuestan hoy los subsidios a esos mismos servicios públicos. Muy sintéticamente, en los últimos tres años los subsidios a la energía eléctrica han ido desde los 1,7 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) en 2020, a más del 2,3 el año pasado. Curiosamente, cuando observamos cuánto le costaba a la Administración Pública Nacional la administración de la Empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, que incluían tanto a las empresas que hoy están encargadas del servicio de distribución (Edenor, Edesur y Edelap) y también a la empresa que hoy se encarga del denominado Mercado Eléctrico Mayorista, Cammesa, vemos que, entre 1970 y 1988, no llegó a superar los 0,3 puntos porcentuales del PBI. El dato incluye tanto las contribuciones de la Administración Pública Nacional y de Cuentas Especiales, y no incluye, lógicamente, los ingresos corrientes de la empresa. Nótese cómo en la actualidad sale muchísimo más caro para el Estado transferir en concepto de subsidios que lo que salía en plena crisis económica de los años ´80 la administración directa de todo el servicio. Y es difícil argumentar que los aumentos tienen que ver con el aumento del consumo. El consumo de energía per cápita claro que subió, pero no lo hizo más que el PBI per cápita, y estamos midiendo este costo en términos justamente del PBI. El consumo en Kwh per cápita se multiplicó 2,3 veces entre 1986 y 2014 (de 1330 a 3074 en 2014), mientras el PBI en dólares per cápita se multiplicó 3,3 veces (paso de U$S 3.600 a U$S 12.000, o a 9 mil dólares per cápita en 2019).

¿Qué está aportando el sector privado a la distribución de energía eléctrica en el AMBA? Muy poco o nada. Esta intervención es una muy buena noticia. Es necesario seguir pensando en cómo el Estado puede recuperar el control de servicios públicos que nunca debió haber abandonado.

Germán Pinazo es vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigador del Conicet.