El martes se inició en Córdoba y el miércoles concluyó en Mendoza el enjuiciamiento a los magistrados comprometidos con el terrorismo de Estado, en demostración de la vitalidad del proceso de Memoria, Verdad y Justicia pese a los intentos por paralizarlo o impedir su continuación. Luego del masivo repudio social al fallo de la Corte Suprema de Justicia por la aplicación del 2x1, hasta el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano relajó sus movidas por la impunidad y anunció que mudará su despacho a la EXMA, que hasta ahora estuvo sometida a un constante desfinanciamiento y desconsideración.

El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba hizo todo lo posible por invisibilizar el juicio. Le asignó una sala minúscula donde el público que cupo fue una docena personas. Los demás familiares de las víctimas fueron confinados en un garaje con un televisor en miniatura y una transmisión en circuito cerrado que nunca enfocó a los jueces procesados (todos en libertad). Los imputados ya anunciaron que no harán uso de la palabra en la sesión de mañana como estaba previsto. Tampoco presentaron ningún incidente procesal que pudiera demorar un juicio que todos quieren rápido y sigiloso.

Y el presidente del tribunal, Julian Falcucci, le hizo saber al ministro de Justicia Luis Angulo, citado como testigo, que su presencia no era necesaria y que le mandaría el cuestionario para que lo respondiera por escrito. Pero Angulo, quien fue defensor particular de varios detenidos de entonces se negó, le dijo que en homenaje a las víctimas no usaría de esa prerrogativa y se encargó de hacérmelo saber. De Schiaretti se pueden decir muchas cosas, pero en estos temas es inobjetable. El gobernador asistió a muchas audiencias, se emocionó con los testimonios y celebró los fallos. Falcucci adelantó posición sobre el caso de Otero Álvarez al absolver a un secretario en una causa de Santiago del Estero, aduciendo que era sólo un fedatario y que el único responsable es el juez. Este razonamiento banal, a lo sumo podría aplicarse en caso de actos del secretario, pero no de omisiones, como en este caso (90 veces). Tanto el secretario como el juez escucharon los relatos de las víctimas y ninguno denunció los delitos que padecieron. Ambos son responsables de sus omisiones.

La secretaria leyó la acusación desde las 10 a las 17. Pese a su buena voluntad, fue un bisbiseo monótono, en contraste con el contenido terrible de las torturas, violaciones y asesinatos que narraba para establecer lo que los jueces, fiscales y defensores no investigaron o denunciaron.  Había dos grupos humanos bien diferenciados, casi parecían dos etnias. Procesados y jueces por un lado, sólo diferentes en la edad. Familiares y abogados de las víctimas por otro. En el cuarto intermedio reverencias del personal a los imputados, doctor de aquí, doctor de allá. Se sentían en casa. Obstruían el paso charloteando muy tranquilos. A un detenido encapuchado le hicieron tocar algo y le dijeron que eran los dedos de su hijo. Me intrigó la reacción que produciría la lectura de esta atrocidad en el secretario del tribunal de entonces, luego camarista del tribunal que condenó a Menéndez, y hoy procesado, Carlos Otero Álvarez. Advirtió mi mirada e intentó sostenerla. Aguantó dos minutos y no volvió a intentarlo. Si quería mostrar insensibilidad ante la descripción de su conducta aberrante, no era necesario. Si intentaba aparentar indiferencia ante el juicio le salió al revés. Más allá del veredicto, someterse a esa ceremonia que siempre oficiaron desde el otro lado del mostrador ya es un castigo intolerable para Otero Álvarez, Ricardo Haro, Antonio Cornejo y Miguel Puga. En el primer cuarto intermedio el defensor de Ricardo Haro (ex abogado de Primatesta, defensor, camarista, conjuez de la Corte Suprema de Justicia, constitucionalista citado ad nauseam) pidió que lo dejaran retirarse en atención a su edad (84) y sus problemas de salud, porque ya se habían leído los cargos en su contra. Imposible obviar el contraste con  la hermosa Sonia Torres, presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, que a sus 88 y luego de una semana en cama con gripe, se bancó la audiencia sin chistar. 

Durante la instrucción todos los jueces de Córdoba se excusaron por amistad con alguno de los imputados. Todos, pero todos. Cuando finalmente se elevó a juicio dejaron de excusarse porque ya no les servía y cuando uno de ellos fue recusado lo rechazó y preside el tribunal. Falcucci ocupó el lugar que dejó vacante Otero Álvarez, cuando renunció para impedir su destitución en juicio político y si se atiende a lo que cuentan en el propio tribunal, fue propuesto por el predecesor. Tuvieron que traer a un juez de Entre Ríos (el vocal del tribunal oral de Concepción del Uruguay, Jorge Sebastián Gallino) y a otro del Tribunal Oral Federal de La Rioja (José Camilo Quiroga Uriburu). 

A Quiroga Uriburu no lo recusaron porque nadie sabía lo que se contará ahora. El 5 de junio de 1978, el interventor de la dictadura en La Rioja, comodoro Francisco Federico Llerena, lo designó asesor letrado en la Secretaría de Estado de Gobernación, a cargo del vicecomodoro Daniel Eduardo Pasqualis, según consta en el decreto 1193/78. En 1972 y 1973 Pasqualis estuvo a cargo de la base misilística de El Chamical, denunciada por el obispo Enrique Angelelli por el envío de personal de inteligencia para forzar el desalojo de campesinos instalados en 56.000 hectáreas de La Chimenea, de modo de comprar su ganado a precio vil y apoderarse de las tierras. Pasqualis era el informante personal del presidente de la Iglesia argentina y vicario general castrense, Adolfo Servando Tortolo. En junio de 1973, luego de que un grupo de terratenientes, entre ellos Amado Menem, apedreara al obispo Angelelli en Anillaco, Pasqualis le escribió a su corresponsal eclesiástico que esos hechos habían mellado la legitimidad de Angelelli, lo cual facilitaría su remoción. No fue así y después del golpe el obispo fue asesinado en un falso accidente carretero. En julio de 2014 fueron condenados a prisión perpetua como autores mediatos de ese crimen Luciano Menéndez y el vicecomodoro Luis Estrella. Uno de los jueces que firmaron esa sentencia fue Quiroga Uriburu.

En Mendoza, fueron condenados a prisión perpetua el ex fiscal Otilio Romano y los ex jueces Luis Francisco Miret, Rolando Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren, como partícipes en las privaciones ilegales de la libertad, los homicidios, las desapariciones forzadas, las torturas, los robos y los ataques contra la integridad sexual de 200 personas. Luego de la condena, Romano dijo que la culpa de su condena era mía. “Horacio Verbitsky vino a hablar mal de mí y de Miret a la Universidad Nacional de Cuyo y uno de los jueces que tenía que juzgarnos fue a presenciar su charla. Pedimos que lo recusaran y no nos dieron bola”, dijo. No fui a hablar mal de nadie, sino a exponer sobre la responsabilidad criminal de quienes seguían siendo amos del fuero federal cuyano y ya eso motivó un escándalo. Asistir a una conferencia de alguien que no es parte en los procesos no es motivo de recusación. Salvo que lo que se intente sea reabrir la discusión sobre la legitimidad o la moralidad de los crímenes del Estado Terrorista. Agradezco la lisonja de Romano, pero no la convalido.