Esta semana pasará a la historia para el colectivo LGTBIQ de Santa Cruz y es que se reglamentó la ley 3.724 que busca reparar y reconocer los derechos de las personas trans de la provincia, desde garantizar la educación, el trabajo y la vivienda hasta las identidades.
En el escenario del Salón Auditorio “Luis Villarreal”, la gobernadora Alicia Kirchner, dijo: “cuando pensamos en el Ministerio de la Igualdad e Integración, pensaba en esto, en el derecho de las personas. Ese es el imán que como Estado debemos entender y estar presente. Nos sentimos con el corazón rebosante de que Santa Cruz sea la primera en tener esta ley y también sabemos cuánto nos falta, por eso debemos seguir con coraje y persistencia”.
“Fue un camino largo que empezó en plena pandemia con reuniones de zoom con las organizaciones de la diversidad para trabajar cuál era el diagnóstico del colectivo trans en la provincia y desde ahí pensar cómo construir un sistema integral que pueda reconocer y reparar históricamente las vulneraciones de sus derechos. Se presentó a la Cámara de Diputados de la mano de la diputada Rocío García y el 10 de diciembre, el Día Nacional de los Derechos Humanos que se sancionó, la provincia empezó a trabajar en la reglamentación y se convirtió en una agenda prioritaria del Ministerio de Igualdad e integración que se creó el 28 de junio de 2022”, contó Agostina Mora, ministra de Igualdad e Integración de Santa Cruz.
La ley fue trabajada transversalmente con el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Salud y Ambiente, el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda y con la Cartera de Trabajo. “La erradicación de los espacios de violencia para el colectivo trans tiene que ser un ejercicio que no sea de una cartera en soledad, sino que permita trabajar cuáles son los las brechas de género más importantes y ahí está la posibilidad del acompañamiento a las infancias trans, la terminalidad educativa también hacia los adultos trans, cómo hacemos para reincorporar a ese sistema de educación entendiendo que la educación es un derecho. También están los espacios laborales libres de violencias y para eso trabajamos con una fuerte campaña de sensibilización y de concientización”, explicó Mora.
La ministra dijo además que “cuando existen instancias de organización y de participación y cuando hay un Estado que escucha las transformaciones sociales se pueden garantizar los derechos de la población”.
La ley se trabajó escuchando las demandas históricas de los colectivos LGTBIQ agrupados en la Mesa Provincial Permanente por los Derechos LGTBIQ y las universidades también tuvieron un rol activo: “participaron trazando un recorrido histórico del colectivo y pensando en las variables de acceso a derechos. Desde el Estado fuimos generando instancias de escucha y de participación activa de la comunidad. Tenemos el compromiso, la sensibilidad y la organización como para poder garantizar esta ley que nos invita a soñar para que pueda ser una herramienta de conquista del colectivo. Buscamos una transformación profunda de la sociedad”, concluyó Mora.
