El presidente Alberto Fernández respondió este martes a las críticas que le dirigió su par de Ecuador, Guillermo Lasso, por la huida de la exministra ecuatoriana María de los Ángeles Duarte, quien se encontraba refugiada en la embajada de Argentina en Quito, hecho que en los últimos días desató una crisis diplomática entre ambos países que terminó con la expulsión de los respectivos embajadores.
El cruce entre los mandatarios comenzó en la madrugada del martes, cuando Lasso publicó en su cuenta de Twitter: "Me apena mucho que Alberto Fernández, presidente de Argentina, haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con Rafael Correa por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador".
En el tuit, Lasso arrobó al expresidente Mauricio Macri; la exministra de Seguridad Patricia Bullrich; los mandatarios Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, Gabriel Boric; el titular de la OEA Luis Almagro; el presidente de la Fundación Federalismo y Libertad Gerardo Bongiovanni y Julián Obiglio, exdiputado del PRO y directivo de la Fundación Pensar.
“Lasso: Lo del presidente Fernández se llama integridad. El único que puso por delante su canallada, corrupción y mala fe eres tú, y así destrozaste la relación con un país hermano. Nadie te cree, y cada vez estás más solo a nivel nacional e internacional”, le contestó en un tuit Rafael Correa, expresidente de Ecuador, quien asistió este lunes al encuentro que Alberto Fernández realizó en el Salón de Pueblos Originarios de Casa Rosada con integrantes del Grupo de Puebla.
La respuesta de Alberto
La respuesta de Fernández llegó al mediodía, a través de una carta que también difundió por Twitter. "Con más pesar que placer he leído sus comentarios originados en la salida de Ecuador de María de los Ángeles Duarte quien se encontraba refugiada en la embajada argentina en Quito y a la cual Argentina había concedido asilo político por razones humanitarias", escribió el mandatario.
"Necesito poner de relieve que en nuestra embajada se encontraba refugiada una persona que gozaba de plena libertad. No tenía la Argentina ni el deber de custodia sobre ella ni ninguna capacidad de acotar sus movimientos", aclaró Fernández, al remarcar que "la salida de la señora Duarte de la sede de la embajada escapa absolutamente a la voluntad y a la capacidad de decidir de las autoridades diplomáticas".
En ese marco, apuntó contra la "reacción desmesurada del señor Presidente de expulsar al embajador argentino (Gabriel Fuks)", que "es lo que verdaderamente lastima el buen vinculo que argentinos y ecuatorianos mantendremos a pesar suyo".
"La gravedad y la injusticia de esa decisión demuestra que es su exceso lo que verdaderamente lastima la relación de nuestros pueblos", subrayó en ese sentido.
Sin embargo, advirtió el mandatario, "esta situación es fácil de remediar", ya que "solo con que reflexione sobre lo que ha hecho y corrija el error bastará".
"Además, si es que me lo permite, debería buscar a los responsables de su administración que no tuvieron la debida diligencia para impedir la circulación libre de una persona cuya captura recamaban. Allí están los responsables. No en Argentina", añadió sobre la dirección que debería tomar la investigación.
Por último, y luego de aclarar que lo respeta y que quiere que institucionalidad ecuatoriana se preserve, le manifestó sus deseos de que "sepa también que a todos debe lastimarnos que en su Patria, como en la mía, como en Brasil o como en Chile la Justicia se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores".
"Reciba estas palabras con el sincero afecto de siempre. Haga el esfuerzo de no mezclar este incidente producto de la impericia de oficiales del Estado ecuatoriano con el amor que a nuestros pueblos vincula", concluyó Fernández.
Expulsión de embajadores
Argentina solicitó el martes martes pasado el retiro del embajador ecuatoriano en Buenos Aires tras lamentar la "incomprensible decisión del Gobierno" de Quito de solicitar el retiro de Gabriel Fuks, el embajador argentino en ese país.
La decisión del gobierno ecuatoriano tuvo lugar luego de que María de los Ángeles Duarte, exministra durante el gobierno de Rafael Correa, decidiera terminar su estadía de dos años como asilada en la sede diplomática nacional en ese país y trasladarse a la de Caracas, Venezuela.
"Se ha decidido adoptar, por nuestra parte, la misma situación con respecto al embajador ecuatoriano en Argentina. El Gobierno argentino ha tomado con sorpresa y profunda tristeza la decisión de Ecuador de escalar el desacuerdo existente respecto a la situación de la señora María de los Ángeles Duarte Pesantes y llevarlo a nivel de perjuicio en la relación bilateral", indicó entonces la Cancillería en un comunicado.
En el escrito, aclaró que “no existe norma internacional alguna que obligara a las autoridades diplomáticas argentinas a ejercer custodia sobre la Sra. Duarte Pesantes” y señaló que “el profundo aprecio al pueblo del Ecuador no habrá de variar con esta situación coyuntural”.
También explicó que el predio, de 2400 metros cuadrados (es una de las delegaciones argentinas más grandes en el mundo) dificulta el contacto directo con el ala en la que vivía Duarte. “Ella estaba acá como asilada política, no tenía restricción de ningún tipo ni dio explicaciones sobre lo que se iba a hacer”, aseguró el comunicado.
Además, la residencia está cuidada por la policía ecuatoriana, por lo que Cancillería deslindó las responsabilidades de “custodia” de la ministra condenada, que luego de salir de la sede diplomática recorrió media capital ecuatoriana, pasó por los controles de migraciones en el aeropuerto y llegó, sin problemas, al país que preside Nicolás Maduro.
La situación de Duarte
María de los Ángeles Duarte fue condenada a ocho años de cárcel por el delito de cohecho, que es imprescriptible en Ecuador.
La justicia determinó que la exfuncionaria, junto al expresidente Correa -asilado en Bélgica- y otros exfuncionarios del gobierno, integraban una estructura delictiva que pidió sobornos por casi 7,6 millones de dólares a empresas a cambio de contratos con el Estado.
Correa y excolaboradores rechazaron los fallos de la justicia y denunciaron que se trató de una persecución política del actual gobierno de derecha.
